(Pulso) Casi un año lleva descansando, al interior de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el anteproyecto que busca modernizar el organismo, y que contiene una serie de atribuciones tendientes a mejorar el flujo de información entre el organismo y las empresas, e instaurar planes para el mejoramiento de la calidad del servicio.
El documento, que fue elaborado en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, es uno de los once proyectos de ley que el ex Ministro Máximo Pacheco esperaba enviar antes del término de gobierno; sin embargo, a la fecha la cartera que hoy encabeza el ex Direcon, Andrés Rebolledo, no ha definido una fecha para ingresarla al Congreso.
“Hay que tomar en cuenta que sólo queda un año desde el punto de vista de la gestión de este gobierno por lo que es importante que los proyectos que ingresemos tengan una discusión previa para que uno tenga la posibilidad de avanzar rápido. No hemos tomado una decisión en específico de cuáles serán los proyectos que ingresaremos el próximo año, podría ingresarse o no”, dijo Rebolledo al ser consultado por el status de esta iniciativa.
Dicho proyecto de ley, según explica el titular de la SEC,Luis Ávila, apunta a dos objetivos: entregar más atribuciones a la institución, de modo de mejorar la trasparencia del mercado y elevar la calidad del servicio.
“El proyecto de ley aumenta de 10 mil a 20 mil UTA (las sanciones). Estamos potenciando el área de tecnología y de monitoreo de mercado de la Superintendencia y apuntamos además a mejorar la capacidad de entregar respuestas tempranas a la ciudadanía frente a sus requerimiento, y eso es acortar los tiempos y facilitar las repuesta”, señala Ávila.
En materia de monitoreo, la iniciativa incluye facultades para que la SEC acceda a mayor información por parte de la empresa como, por ejemplo los libros de reclamos. En definitiva, afirmó el superintendente, se busca hacer un símil de “tener un sillón en el directorio” en aquellos negocios regulados como es el caso de la distribución eléctrica, mercado en que opera Chilectra, CGE y Chilquinta, entre otros.
Ávila agregó que se incluirán mecanismos similares a los que utilizan otros organismos públicos como la Superintendencia de Medio Ambiente, formalizando los planes de cumplimiento cuando se detecta una sanción.
“(También buscamos) potenciar las autodenuncias, y darle reconocimiento legal a los planes de cumplimiento, es decir, cuando fruto de este proceso de monitoreo encontramos áreas que deberían ser mejoradas, formalizar planes de acción de las compañías, cronogramas de trabajo que corrijan y adecuen los procedimientos para apurar la velocidad en que se llega a una calidad de servicio que es la que esperamos”.
También el proyecto incluiría soluciones “colectivas”, lo que se refiere a la acumulación de causas en contra de una empresa.