(Emol) Hasta la comisión de Energía del Senado llegó la ministra de la cartera, Susana Jiménez, para explicar la implementación de la ley que obliga a los usuarios a cambiar el actual medidor de la luz por uno inteligente y que ha causado el rechazo ciudadano, debido a que el costo del aparato debe ser asumido por los clientes y no por las compañías eléctricas.
Antes de ingresar a la instancia, la secretaria de Estado aseguró que el cambio del medidor traerá otros ahorros asociados a los consumidores y mejorará la calidad del servicio modernizándolo.
«La norma técnica apunta a elevar la calidad del servicio del suministro eléctrico, a través de varias medidas que incluyen la incorporación del medidor inteligente. Pero también, y eso es muy importante destacarlo porque es un conjunto de medidas, el poder reducir los períodos de interrupciones que sufren las personas y, por lo tanto, hacer exigible un suministro más seguro y más continuo», señaló.
La ministra agregó que «el cambio de medidores apunta a una modernización del segmento de distribución y a entregar una mayor calidad del servicio a las personas, porque tiene una serie de beneficios asociados el que estos se implementen».
Asimismo, explicó que «lo que se establece en la norma técnica es la obligación de las compañías de cambiar estos medidores por medidores inteligentes en un plazo de siete años en forma progresiva, es así que cuando se realiza el proceso tarifario se reconoce proporcionalmente lo que significaron estas inversiones (…), pero también se reconoce la reducción de gastos que esto significa».
La titular de Energía insistió en que el cambio de medidores y de propiedad (los dueños de los equipos pasarán a ser las empresas) «va a significar que ya no va a haber cobro por arriendo de medidor, no va a haber cobros asociados a temáticas que ahora se ahorran, como el costo de corte y reposición (se hará de forma remota), como las cuadrillas».
Mayor fiscalización
Jiménez aseguró que van a ser «rigurosos en fiscalizar los ahorros en costo que esto va a significar para las compañías y que inciden en las tarifas».
«Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ver en este cambio un beneficio concretado en las cuentas eléctricas de las personas», planteó.