(El Mercurio de Valparaíso) El alcalde de Limache, Daniel Morales, y la alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, valoraron el fallo del Tribunal Ambiental de Santiago que acogió la reclamación presentada por la Comunidad Agrícola La Dormida en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y ordenó al organismo tramitar la solicitud de invalidación de la resolución que aprobó el proyecto de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico.
Para ambos jefes comunales, lo mandatado por el tribunal es un buen precedente, puesto que cuestiona en cierto modo, según precisaron, cómo fue aprobada la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el 10 de diciembre de 2015, que permitió a Interchile comenzar la obra. Morales y Santelices coinciden que pese a estar las comunas dentro del territorio de la línea de transmisión, no se tomó en consideración la participación ciudadana de la comunidad, tal como lo demandó la Comunidad Agrícola La Dormida en su requerimiento al tribunal.
La alcaldesa de Olmué aseveró que «nos parece espectacular la determinación del Tribunal Ambiental, porque el municipio ha dado la pelea durante muchos años por el tema de la termoeléctrica en Limache, donde ni siquiera se consideró a Olmué en la evaluación ambiental siendo que todo el material particulado viene a dar a nuestro valle y al Parque Nacional La Campana».
En el proyecto Cardones-Polpaico, dijo Santelices, «dimos una ardua pelea en el año 2013 junto a todos los alcaldes de la región. El gobierno ni siquiera nos escuchó (…). El proyecto se llevó a cabo y pasa por nuestra comuna, siendo que es el proyecto más grande de Chile, sin siquiera habernos consultado. Esto es, sin duda, un gran hito porque muestra que no se nos puede pasar a llevar nunca más en Chile».
La resolución del Tribunal Ambiental, recalcó, va a permitir que «de una vez por todas se sepa con certeza si las torres afectan la biodiversidad de nuestra comuna y si hay alguna posibilidad de que sean corridas algunos metros tal como ocurrió en la Quebrada Alvarado, donde sí se movilizaron algunas torres que afectaban directamente al sector Los Cóndores».
Por ello, la jefa comunal aclaró que espera que el proyecto respete la zona. «Espero que esto se ejecute, porque le hace bien a Chile, pero de la manera que corresponde, respetando los conductos regulares y, obviamente, a mis vecinos de Olmué».
Mientras, el alcalde de Limache fue claro y precisó que tras el fallo del Tribunal Ambiental «esperamos que el SEA nos informe con claridad si la aprobación de la RCA se ajusta a derecho o no. Esto, porque faltaron instancias de participación ciudadana adecuadas con la comunidad de Limache en un proyecto tan sensible y que no cuenta con el respaldo ni de los limachinos ni de las autoridades comunales. Por lo tanto, vemos que podría generarse una oportunidad para frenar este controvertido proyecto».
A raíz de la resolución del tribunal, Morales criticó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que, a su parecer, muestra falencias en los procesos de tramitación ambiental de proyectos, por lo cual -dijo- es de vital importancia mejorar los procesos.
«Esta es una buena noticia y un buen aliciente para seguir en la lucha permanente contra este proyecto. Sí deja en evidencia la debilidad que tiene la institucionalidad que no defiende los derechos de las personas», recalcó Morales.
Subrayó que «este proyecto y estos recursos han dejado en evidencia que se tiene que hacer un estudio y un análisis muy profundo de la institucionalidad ambiental, ver lo que corresponde y lo que significan las participaciones ciudadanas, cuál es el rol de los municipios en este proceso, donde se les atribuye responsabilidad a los municipios que hoy día no tenemos».
La orden que dio el Tribunal Ambiental al SEA para tramitar la solicitud de invalidación de la resolución que aprobó el proyecto Cardones-Polpaico se realizó tras ser acogida la reclamación de la Comunidad Agrícola La Dormida, que cuestionó al director ejecutivo del SEA, quien en su momento declaró inadmisible la solicitud de invalidación que había interpuesto la comunidad en contra de la resolución que aprobó el proyecto de transmisión eléctrica.
El director de la Comunidad Agrícola La Dormida, Manuel Aravena, precisó que la misión principal de la organización es que el proyecto no se concrete porque, a su parecer, no se respetó el proceso de evaluación ambiental. «Nuestra principal misión es que este proyecto no se concrete debido a las carencias que presentó la evaluación ambiental en el proceso completo. Esperamos que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que el Poder Ejecutivo hagan bien el trabajo en esta oportunidad, nos evalúe y se dé cuenta que no es posible concretar este proyecto en una reserva natural de la biósfera».
Aravena explicó que en el año 2017 la organización inició el proceso para la invalidación de la RCA, la que no fue acogida por el SEA. «El SEA dijo que había habitantes del lugar, de acá de la comunidad, que habían participado de la Participación Ciudadana (PAC) y como se había generado esto no se acogió la reclamación porque había pasado mucho tiempo. Nosotros llevamos esto al Tribunal Ambiental y ellos nos respaldaron y mandataron al SEA a acoger nuestro reclamo y darnos una respuesta».
Aravena precisó que «lo que nosotros estamos diciendo es que este proyecto va a pasar por la reserva mundial de la biósfera La Campana-Peñuelas y ellos no lo evaluaron como debía ser y por eso no sería válido el proceso porque no se consideró».
Consignó que «lo que debe pasar es que se evalúe la situación por parte del SEA y se vea qué van a resolver. Acá el SEA debería suspender la RCA a esta empresa y ellos ver si pueden cumplir con mitigar, compensar y reparar el daño. De no ser así, no debería seguir».
«Los fallos no se discuten, se acatan»
El intendente Jorge Martínez, que también oficia como presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental, instancia que aprueba o rechaza los permisos medioambientales de un proyecto, precisó en relación a Cardones-Polpaico que «los fallos de los tribunales no se discuten, se acatan (…). Nosotros tenemos que garantizar que mientras estén vigentes permisos (…) tenemos que dar el apoyo. En el caso de que los tribunales nos requieran apoyo de fuerza pública, lo tenemos que dar. Es una situación que está en evaluación, que tiene varias complejidades, pero vamos a actuar como debemos actuar, que es conforme a la ley».