(El Mercurio) El proyecto de ley para modificar la legislación que rige a la industria de distribución de gas por redes desde 1931 estaría ad portas de ser enviado al Congreso. Y los cambios establecerían la forma de tarificar a las empresas concesionarias cuando sobrepasen los límites de rentabilidad, lo que significa un cambio completo a la actual ley que no indica cómo regular en estos casos.
[GasValpo critica chequeo de rentabilidad de CNE y pide a TDLC fijar normas claras]
Según comentan fuentes ligadas al proceso, si bien la fórmula no es exactamente la misma a la aplicada en áreas como la sanitaria, eléctrica o de telecomunicaciones, hay semejanzas en diversos aspectos. Si bien se desconocen las diferencias propiamente tal, una de las similitudes es la fijación del proceso tarifario cada cuatro años. Actualmente las compañías que distribuyen luz a las casas, como Chilectra en la Región Metropolitana, cobran cuentas que se establecen en un período de cuatro años, mientras las firmas de agua potable y alcantarillado -como Aguas Andinas, Esval o Essbío- tienen precios que se fijan cada cinco años. Estas firmas obtienen ganancias pese a contar con tarifa regulada.
Los otros cambios
Como ya anunció el Ministerio de Energía, liderado por Máximo Pacheco, las modificaciones consideran la reducción de la tasa de rentabilidad de las empresas del 11% al 9% anual, donde la Tasa de Costo Capital (TCC) seguirá en un mínimo de 6%, mientras el retorno se bajará a 3%.
También busca establecer que cualquier empresa que exceda el tope va a ser inmediatamente tarificada con una norma definida por ley, y se procederá a congelar las tarifas, además de ordenar la devolución de cualquier dinero que se haya cobrado en exceso en ese período. También apunta a crear un panel de expertos para resolver controversias surgidas en los procesos de chequeo de rentabilidad, los que se realizarán en tres años móviles y no en uno, para no correr el riesgo de que quede determinado por alguna coyuntura especial.
La Comisión Nacional de Energía calculará las tarifas mediante un proceso reglado y participativo, mientras el ministerio las fijará, y por otro lado se buscará fomentar al ingreso de más competidores por medio de la apertura de redes.