(AméricaEconomía) La propuesta de dictamen de la Reforma Energética, dada a conocer el sábado pasado en el Senado de México, permite al Estado firmar contratos de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para realizar, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo.
Sin embargo, mantiene a nivel constitucional la prohibición de concesiones a las empresas petroleras internacionales.
Los integrantes de las comisiones unidas senatoriales conocieron la propuesta trabajada por panistas, priistas y el gobierno federal, que consiste en cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como un régimen transitorio en 21 artículos del proyecto del dictamen que se somete a partir de hoy a debate en el Senado.
Se autorizará a las empresas nacionales y extranjeras “reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación”.
México sólo podrá pagar a los particulares “en efectivo para los contratos de servicios; con porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida y con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos”.