(La Tercera-Pulso) Una dura pelea está dando GNL Talcahuano para darle viabilidad a su proyecto de regasificación de Gas Natural Licuado que quiere impulsar en la Bahía de Concepción. El proyecto, que considera una inversión de US$ 160 millones para almacenar 100.000 metros cúbicos y regasificar el equivalente de 8,5 millones de metros cúbicos de gas natural licuado por día, está presentando una batería de recursos judiciales para evitar que Gasoducto del Pacífico, firma ligada al grupo CGE, construya una barrera de entrada que impida su ejecución.
Pero hoy, según GNL Talcahuano –ligada a los grupos internacionales EOS Investment y AG&P-, eso es lo que está ocurriendo. El conflicto nace por un certificado de conexión que los antiguos dueños de terminal de regasificación, Inversiones Puerto Los Reyes, obtuvieron el año 2011 de parte de Gasoducto del Pacífico, documento que la firma dueña del ducto que conecta la zona trasandina de Neuquén con la región del Biobío, hoy desconocen.
Ante la negativa, en junio la firma dueña del proyecto, representada por el abogado Mario Rojas, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, con “el objeto que Gasoducto del Pacífico otorgue una certeza técnica de las condiciones legales y reglamentarias de la factibilidad de conexión”, que aseguran fue otorgada hace ocho años, dice el documento que fue acogido por el tribunal.
La respuesta de la firma ligada a CGE fue declarar inadmisible el recurso, lo que no ocurrió, pero también indicó, en un escrito, que resulta insólito que se “pretende que esta corte ordene que se le otorgue un certificado de factibilidad a la recurrente que le dé certeza absoluta de que podrá distribuir gas natural a través de los ductos e instalaciones que Gasoducto del Pacífico posee en la VIII Región”, lo que iría contra la normativa vigente que impide dar esas garantías. Junto con eso, la firma los invita a participar de un proceso de licitación abierta –Open Season- que la compañía inició el pasado 16 de septiembre y cuya manifestación de interés para contratar servicio de transporte de gas natural a firme culmina el 4 de noviembre.
Y es este proceso el que ahora GNL Talcahuano quiere invalidar, de la mano de un nuevo recurso de protección presentado en la Corte de Concepción para evitar que se realice el Open Season, recurso que va de la mano de una orden de no innovar. La compañía alega que las condiciones estipuladas en las bases para participar de la subasta hacen que la firma quede fuera del proceso. Esto, porque para manifestar interés deben contar los volúmenes a firme que requieren contratar, proceso que no pueden realizar pues no cuentan con el certificado que acredite a sus potenciales clientes que tienen la factibilidad de conectarse al ducto.
“En tales condiciones, mi representada no tiene posibilidad real de negociar con clientes potenciales que, lo primero que exigen, es la factibilidad de conexión. Sin esto, mal puede mi parte formular oferta alguna en las licitaciones impugnadas. Y sin esas acreditaciones quedaría además directamente fuera de bases”, se lee en el recurso.
Cartel del gas
Pero la firma dueña del proyecto va más allá y acusa que en la zona el grupo CGE, de la hispana Naturgy, está actuando como un cartel, impidiendo que un nuevo actor ingrese al mercado, genere competencia y reduzca en un 30% el valor del gas natural en la VIII Región, que es la apuesta que hacen debido a que su terminal de regasificación se conectaría directamente al gasoducto, rebajando la tarifa del GNL al cliente final.
El calificativo de cartel, explica el abogado Mario Rojas, se da por la vinculación de la gerente general de Gasoducto del Pacífico, Patricia Palacios, con todas las empresas que el holding opera en la VIII Región y que están encargadas de la comercialización (Innergy Holdings S.A.) y el transporte de gas en la zona, donde ella también tiene el cargo de gerenta general.
El abogado suma además, que Palacios es también la cabeza visible de Andes Mining Energy, empresa vinculada con el proyecto GNL Penco-Lirquén, proyecto que recientemente obtuvo su aprobación ambiental después de un largo proceso y que asegura, en su página web, se conectará al gasoducto.
“Acá lo que pasa es que estamos frente a un cartel y en este cartel no se cumplen en absoluto las recomendaciones que hizo, en su tiempo, la Comisión Preventiva Central, donde indicaba que si bien no estaba prohibida la integración vertical entre las empresas, había que desarrollar el negocio de manera separada para evitar conflictos de interés.
Pero acá está la misma persona encargada de los gasoductos, de la capacidad de comercialización de ese gasoducto y además, del nuevo proyecto de GNL que se quiere impulsar en Penco. Entonces, para evitar el ingreso, llama a un Open season y con eso lo que están haciendo es asesinar el proyecto de GNL Talcahuano y la posibilidad que el precio del GNL en Concepción disminuya en un 30%”, explica el abogado.
En Linkedin, Palacios se presenta como gerente de Combustibles no convencionales de Andes Mining Energy desde junio de este año. También como gerente general de Innergy Holdings desde marzo de 2009 hasta la fecha, y gerente de Gasoducto del Pacífico a contar de marzo de 2015 hasta ahora.
Además, se describe como fiscal del Gasoducto del Pacífico Chile-Argentina desde el año 2009 hasta la fecha. Todas estas firmas son parte del grupo CGE. Rojas agrega que ante este escenario, el próximo paso legal será presentar el caso ante los organismos de libre competencia para que se pronuncien por la relación de las empresas vinculadas con el gas en Concepción.
En Gasoducto del Pacífico, en tanto, oficialmente aclaran que a partir de este año, Patricia Palacios no es funcionaria de Gasoducto del Pacífico, “ni de ninguna empresa relacionada a dicha compañía”.
Indican además que como existe un proceso judicial en marcha, “no tenemos comentarios adicionales”, pues “estimamos que las alegaciones en este caso corresponde hacerlas ante los tribunales de justicia, en los cuales confiamos diriman este asunto de acuerdo a derecho”.