(El Mercurio) Una serie de medidas judiciales está evaluando la empresa Intergas -que comenzó a operar en Temuco en 2011, y planea inversiones entre Chillán y Puerto Montt- en caso de prosperar el actual proyecto de ley que busca regular a la industria de gas por red. Entre ellas está la posibilidad de demandar al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Lo anterior, por el «cambio en las reglas del juego en el negocio», comentó el gerente general, Rodrigo Larrondo. El gobierno, por medio del Ministerio de Energía, busca tarificar el servicio de gas de red para abaratarlo y hacerlo masivo, ya que considera a esta industria un monopolio natural, tesis con la que discrepan en el sector, dado que existen sustitutos como el gas licuado de petróleo (GLP) y la leña, entre otros. Este último es usado ampliamente en las zonas de concesión de Intergas.
El proyecto busca rebajar el límite de rentabilidad de las empresas. Larrondo considera un error que la iniciativa busque eliminar el actual rol de mediador del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC); no regule de manera simétrica al resto de los sustitutos, y no pretenda solucionar la integración vertical; es decir, que los dueños de firmas de gas por red y GLP en la mayoría de los casos son los mismos.
Monopolio
La compañía descarta que el negocio sea un monopolio natural, dado que existen sustitutos.
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