(El Mercurio) Nos parece oportuno poner en antecedentes al gobierno italiano sobre los permanentes conflictos y la tensión que genera en nuestro país el accionar de una compañía de origen estatal». Esos son los motivos que sustentan el actuar de Juan Benavides y Luis Nario, presidente y vicepresidente de AFP Habitat, quienes enviaron ayer una carta al Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi -de visita en Chile-, en la que exponen una «profunda molestia por el temerario comportamiento que la italiana Enel ha tenido frente a los accionistas minoritarios chilenos».
Dan como ejemplo su actuación en el aumento de capital para financiar su plan de crecimiento y expansión regional (2012) y el reciente anuncio de reestructuración societaria y de activos (2015).
Explican que Habitat ha invertido parte de los ahorros de los chilenos en Endesa (US$ 430 millones) y en Enersis (US$ 445 millones), «básicamente porque son compañías que históricamente impulsaron planes de desarrollo y crecimiento concretos». Pero esta confianza «fue puesta en juego en 2012, y nuevamente este año como consecuencia de polémicas operaciones».
Recalcan que durante el aumento de capital, las empresas que aportaría el controlador se valorizaron a precio de mercado solo gracias al actuar del regulador y de los minoritarios, lo que bajó el valor de estos activos en US$ 1.400 millones.
«Dicha reorganización fue aceptada con el compromiso hecho por Enel de invertir estos recursos frescos a través de Enersis como su único vehículo de inversión. Han pasado tres años de esta operación, y todavía no se cumplen las promesas de inversión, a pesar de exhibírsenos un listado de posibles inversiones por casi 10 veces los recursos obtenidos», afirman.
En esta línea, manifiestan que «desconociendo los acuerdos, los propios planes de inversión comprometidos y la fe pública del mercado, es de público conocimiento que Enel tiene la intención de modificar la estructura societaria de su filial Enersis».
Por eso advierten que esta nueva reestructuración implica «arriesgar gran parte del valor de la compañía, además de presentar conflictos de interés evidentes, ya que por una parte Enel define las condiciones en las cuales se realiza la operación y, por otra, controla el voto de las compañías involucradas, con la agravante de tener intereses económicos muy diferentes en cada una de ellas».
Revelan que «Enel no ha podido (o querido) explicar con claridad los objetivos y beneficios para todos los accionistas de las distintas empresas involucradas, aun cuando se ha solicitado en múltiples ocasiones, tanto en público como privado».
Los directivos de la AFP no solo advierten que buscarán por todos los medios legales lograr que las operaciones entre partes relacionadas se realicen cumpliendo los requisitos que la ley les exige, «más aún cuando Enel nuevamente pretende eludir dichas normas».
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