(La Tercera) Las acusaciones en contra de la administración anterior fueron el primer punto de acuerdo entre los trabajadores portuarios y el nuevo gobierno.
Tras la reunión que sostuvieron ayer con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y los dos subsecretarios de la cartera, los dirigentes portuarios aseguraron que el bono compensatorio por media hora de colación que comprometió el gobierno de Sebastián Piñera no será desechado. Esto, luego de que, durante esta semana, la actual titular del Trabajo acusara que la iniciativa nunca ingresó al Congreso.
“Vamos a trabajar el mismo proyecto de ley para hacer los cálculos económicos y presentarlo antes de fin de mes al Congreso”, precisó Sergio Vargas, vocero de la Unión Portuaria.
El texto en cuestión fijaba un beneficio de $ 750.000 por año trabajado -desde 2005- para los portuarios que hubieran desempeñado funciones hasta 2013. Según cálculos de las ex autoridades, el bono implicaba un costo fiscal de US$ 28 millones y se financiaría con cargo al Tesoro Público.
Blanco, además de criticar el incumplimiento del compromiso por parte de sus antecesores, acusó que no recibió el informe financiero del proyecto ni toda la documentación generada durante el proceso de negociación para resolver el conflicto. “Hoy nos enteramos de que muchas observaciones que la Unión Portuaria había hecho no las teníamos. Nos vamos a poner a trabajar desde hoy en una redacción de la propuesta legal que nos permita avanzar en compensaciones”, afirmó, y adelantó que seguirán en reuniones con los representantes sindicales. A más tardar el viernes de la próxima semana darán a conocer el cronograma de trabajo con el sector.
Luego de enviar la ley corta, añadió Blanco, comenzarán a trabajar en propuestas para mejorar las condiciones del sector, que buscarán materializar en una ley larga.
“Vamos a avanzar en relación con una compensación, pero también en búsqueda de modernizar y mejorar las condiciones laborales”, dijo Blanco. Puntualizó que, a través de mesas que liderarán los subsecretarios, tratarán materias como trabajo de alto riesgo y pensiones.
Trabajadores
“Nos sentimos traicionados (…). No podemos decir que tenemos plena confianza en este gobierno, pero tampoco podemos partir desde la desconfianza, aunque tenemos nuestras aprensiones”, dijo Vargas.
El dirigente agregó que aún hay sindicatos que no reciben el bono de $ 1,5 millones que las empresas portuarias comprometieron a pagar en la mesa de diálogo con el gobierno.
Ante ello, Blanco señaló que fortalecerán la fiscalización de los “compromisos asumidos por los empresarios”. Para ello, anunció que crearon una unidad especial al interior de la cartera.
Por la tarde, los trabajadores continuaron reunidos en las dependencias del ministerio, donde planificaron las negociaciones que desarrollarán a través de tres mesas de diálogo. Por su parte, representantes de terminales de Iquique y Valparaíso pidieron el pago de mitigaciones por los efectos de la licitación sobre el empleo.
“No tenemos reparos con lo que nos planteó hoy la nueva administración. Quedamos conformes”, señaló Eduardo Araya, vocero de STI San Antonio.