(La Tercera) A través del documento, las autoridades plantean que se debe fortalecer al organismo “a fin que pueda desarrollar a cabalidad las nuevas funciones que se le asignan, especialmente las relativas a la solución de controversias, la asistencia técnica a las partes y la calificación de servicios mínimos”.
Por eso, el Ejecutivo calcula que la iniciativa implicará un costo fiscal anual de $3.981 millones. Dentro de ellos, destacan $ 300 millones que se destinarán a mediaciones de la DT para resolver diferencias entre empleadores y trabajadores.
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Este último ítem, explica el texto, “considera los costos operacionales para financiar un incremento de 30% en el número de mediaciones” respecto del total anual identificado por la DT, que en 2013 llegaron a 2.799 según el anuario estadístico de la institución.
La reforma establece tres tipos de mediación: voluntaria, obligatoria -una vez votada la huelga- y forzada, esta última en caso de incumplimiento del principio de buena fe.