(El Mercurio) Crear un modelo energético inclusivo y lograr que las comunidades generen una identidad alrededor de los proyectos que se instalan en sus localidades es uno de los principales objetivos que persigue el Ministerio de Energía, liderado por Máximo Pacheco.
Este último busca establecer las bases para avanzar en este sentido a través del proyecto de ley de asociatividad que se presentará en marzo. Si bien aún no está terminado, el secretario de Estado adelanta a «El Mercurio» sus lineamientos. Uno de los pilares es la creación de una ley flexible; esto es, que se adapte a las distintas realidades sociales, territoriales y culturales del país.
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La idea, que ha dominado las discusiones en torno a la iniciativa, asegura, apunta a asignar un valor por megawatt (MW) generado por las centrales eléctricas, aunque todavía no se define el precio. No se aplicará a todas las generadoras, sino que evalúan hacerlo con aquellas de más de 20 MW de capacidad instalada. La ley involucrará a los proyectos nuevos, y no será retroactiva.
Pacheco también anticipa que con este proyecto se busca evitar los pagos directos por parte de las empresas a las comunidades, ya que cuando se hacen negociaciones individuales, se crea una profunda tensión al interior de estos grupos, dice el ministro. «En el destino de los recursos vamos a construir lo necesario con la flexibilidad que corresponda para que también exista cierto poder regional y local, por medio de un organismo donde participe la comunidad, las autoridades y también la empresa, pero que estos dineros se utilicen en obras de desarrollo local que ayuden a promover lo social, económico y cultural», comenta. Para esto se evalúa que una corporación, fundación, o bien el mismo municipio, administre los recursos.
El trabajo de varios meses del ministerio y una larga lista de colaboradores concluyó que entre las principales interrogantes de varias localidades a lo largo del país figura por qué aquellas que alojan proyectos de energía no cuentan con tarifas de luz más baratas que otras zonas. Por eso, la iniciativa buscará también bajar las tarifas de electricidad de estas zonas de manera gradual y con el aporte de los recursos antes mencionados.
Otra de las disposiciones que incorporará la iniciativa es la obligación por parte de las empresas de pagar patentes en las mismas comunas donde desarrollan proyectos. Hoy la mayoría las paga donde están sus casas matrices, siendo Santiago la ubicación más habitual.
No es impuesto
«Categóricamente, esto no es un impuesto. La reforma tributaria ya se hizo, y está muy claro que de ninguna forma esto va a significar un gravamen para las empresas», asegura Pacheco sobre estos pagos.
Añade que tampoco se trata de una compensación, puesto que estas últimas las establece la ley del Medio Ambiente. «El proyecto de ley de asociatividad pretende desarrollar un modelo a través del cual las empresas, cuando desarrollen sus proyectos de energía, lo integren al desarrollo de la localidad», dice.
Mejillones es para él un modelo. Ha recibido varios proyectos eléctricos, y en las últimas décadas exhibe un desarrollo sustancial. Solo como ejemplo, explicó que a partir de la acogida de un proyecto eléctrico por parte de una localidad se podría construir una desaladora de agua para consumo humano, minería y agricultura, y así comenzaría a generar efectos positivos concatenados con otras actividades.
Si bien la industria de energía no es la única que enfrenta problemas con las localidades en donde instala sus proyectos, el ministro explica que «lo más razonable es que esto empiece solo con energía. Primero, porque soy ministro de Energía, y segundo, porque queremos estar seguros de que hacemos algo que podemos darle una aproximación modular o gradual. Si es exitoso, se puede extender».
Todo tipo de fuente deberá contribuir
«Estamos discutiendo, pero nos parece que independiente de la tecnología, todos los proyectos energéticos tienen la posibilidad de contribuir a las localidades. No nos parece que lo que diferencie esto sea la tecnología», asegura Máximo Pacheco.
Lo anterior, luego que la industria de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) solicitara que se le apliquen, en esta materia, criterios distintos en relación con las centrales de energía base, como son las termoeléctricas. El ministro comenta que actualmente a las empresas, más que sus utilidades, les importa tener una relación de armonía con la comunidad donde participan. «En este tiempo de frenazo a las inversiones, las empresas han aprendido que hay que cambiar el modo de hacer proyectos, y eso significa hacer una gestión social de otro nivel», advierte.
Distintas voces han advertido que este proyecto podría generar problemas con el Ministerio de Hacienda, Medio Ambiente y Desarrollo Social, por tocar aristas de sus áreas. El ministro comenta que más allá de eso, el país necesita entender que la inversión en energía es importante para el desarrollo, y por eso obliga a tener un modelo que recoja a fondo la complejidad de la sociedad, sobre todo en el mundo interconectado actual.