(El Mercurio) Un día después que los principales sindicatos opositores argentinos convocaran a una huelga general para el próximo 10 de abril, el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández anunció reducciones a las enormes subvenciones a los servicios básicos que comenzaron en 2003 junto con el mandato del fallecido Néstor Kirchner, en una medida que busca disminuir el déficit fiscal pero que puede acarrear costos políticos.
Los encargados de detallar la noticia fueron el todopoderoso ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex todopoderoso titular de Planificación, Julio de Vido. En concreto, habrá una reducción de 20% en promedio en los subsidios a las tarifas de agua y gas, que se aplicará de forma segmentada y se basará en un sistema de premios y castigos según el ahorro de consumo de los usuarios.
Según Kicillof, el gobierno no quiere cortar los subsidios, que han sido el sello de la política social que impulsaron los Kirchner al llegar al poder, y después de la crisis económica y social de 2001. El ministro aclaró que será «una reducción parcial».
La Presidenta Fernández justificó más tarde el anuncio. «Estas medidas tienen que ver con la equidad. (…) Millones de argentinos han conseguido trabajo y han visto mejorar año tras año su salario», dijo en una conferencia. Según el gobierno, la inflación en 2013 fue de 10,5%, pero mediciones externas situaron el índice en 27%.
De Vido recordó que actualmente en Argentina se paga solo 20% del valor real del servicio de gas, mientras que el 80% restante está subsidiado por el Estado.
Según Clarín, los hogares terminarán pagando entre 100% y 284% más por el gas; y en las facturas de agua ese aumento irá del 170% al 406%. Por ejemplo, en el caso del gas, quien hoy pertenece a la categoría de menor consumo, hasta ahora pagaba 20 pesos argentinos cada dos meses, o sea unos 1.380 pesos chilenos. Con la disminución del subsidio, pasará en agosto a pagar $40, unos 2.760 pesos chilenos, es decir, pagará un 100% más.
La categoría de mayor consumo pasará a pagar de $ 325 (22.400 pesos chilenos) a $ 1.175 (81.100 pesos chilenos), un aumento del 261%.
Medidas necesarias pero que podrían tener costos políticos para el gobierno
«La decisión de reducir los subsidios tendrá un impacto negativo sobre todo en la clase media. Pero esta ya dejó de votar por el gobierno en las legislativas del año pasado. Pero suman un factor de malestar más y sobre todo, puede aumentar la inflación, aunque el gobierno lo niegue», dice a «El Mercurio» Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
El analista ve poco probable que haya protestas. «Pero la cuestión es que en un momento socioeconómico difícil agrega más tensión», comenta.
De hecho, el anuncio de los recortes fue hecho a 14 días del paro sindical convocado precisamente contra la política económica y los ajustes del gobierno «K». La huelga afectará al transporte, la educación y la salud, entre otros sectores.
Para los economistas era cosa de tiempo que el gobierno anunciara el recorte a las ayudas, como una forma disminuir el déficit fiscal primario -sin considerar el pago de la deuda-, que ascendió a 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013. El gobierno empezó a recortar subsidios en Buenos Aires a fines de 2011, después de la reelección de Fernández, aunque solo en zonas de alto poder adquisitivo.
Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, dijo que la medida «permite salir al gobierno de la maraña de subsidios que lo llevó al fracaso de su política energética» y lograr «un ahorro fiscal de medio punto del PIB», señaló la AP.
Según el experto, los subsidios energéticos en 2013 ascendieron a US$ 17.000 millones, de los cuales gran parte fue a la importación de gas, que luego se volcaba en el mercado local de forma subsidiada. En total los subsidios para la economía llegaron el año pasado a US$ 25.000 millones, sin contar los de los programas sociales.