(La Tercera) Contra el tiempo corre el gobierno afinando los ajustes a la Reforma Tributaria. Si bien el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés anunció el miércoles en el Congreso que la próxima semana definiría si la ley en vigencia requeriría algún tipo de ajuste, o se optaría por cambios administrativos para simplificar su operatividad, lo cierto es que la decisión legislativa ya está tomada.
De hecho, la próxima semana el proyecto adecuatorio ingresaría al Congreso si se logran consensuar los puntos aún en disenso. Hasta ayer, el gobierno evaluaba, en primera instancia, efectuar el anuncio el próximo lunes y enviar la iniciativa a tramitación parlamentaria al día siguiente.
Fuentes que conocen de las tratativas detallan que hasta ahora el Ejecutivo baraja dos opciones, que en la lectura de la autoridad apuntarían a simplificar el sistema que hoy es calificado como en extremo complejo por los privados.
Incluso, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que antes había validado las reformas de la administración Bachelet, hoy advierte sobre la incertidumbre que ha generado en el corto plazo, poniendo el acento en los logros esperados para el futuro.
En la mesa de Hacienda habrían dos opciones: acotar al máximo el sistema de renta atribuida, de modo que muy pocos contribuyentes la puedan utilizar prácticamente sólo para personas naturales, o simplemente eliminar dicho sistema.
A ello, se agregarían otras medidas en materia de IVA a la construcción, los impuestos verdes, entre otros, tendientes a clarificar sus alcances.
El sistema semi integrado no se tocaría y se buscaría algún guiño para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se ven afectadas por la reforma.
En el sector privado, sin embargo, los cambios no son vistos con buenos ojos, pues advierten que no ataca el fondo del problema. Es más, señalan que al dejar el sistema parcialmente integrado se afectará a las pymes y se establecerá una diferenciación entre las tasas que pagan los inversionistas extranjeros y los contribuyentes locales.
Hasta ahora las señales que ha dado el ministro Valdés apuntan a que cualquier cambio que se realice en esta materia debe cumplir con dos requisitos: no puede recaudar menos de lo que se previó inicialmente, esto es US$ 8.300 millones en régimen y no pueden cambiar los sujetos a los cuales se les está cobrando más impuestos.