(Pulso) El 5 de agosto recién pasado, el Gobierno calificó con suma urgencia -15 días por Cámara- el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad y autonomía de los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA), con el objetivo de aumentar la dotación de planta y crear un nuevo sistema de mediación para conciliar y evitar la judicialización de todos los casos.
De esta manera, el Ejecutivo escuchó las peticiones de los parlamentarios y de la Asociación de Funcionarios de los TTA quienes instaron a acelerar la tramitación de la iniciativa, señalando que si no se aprobaba antes de septiembre, se podría complicar el funcionamiento de los juicios tributarios y ocasionar colapsos en los juzgados. Ello debido a que, en dicho mes, el mayor número de circulares estarán en vigencia, así como la normativa antielusión que podría generar nuevos reclamos de los contribuyentes.
Si bien dicho plazo no se cumplirá sí hay acuerdo para que la Cámara lo apruebe antes del 18 de septiembre y sea despachado al Senado a su segunda revisión. Así lo señaló el diputado (DC), Pablo Lorenzini tras la reunión almuerzo con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, “la idea es aprobarlo antes del 18 de septiembre para que el Senado lo empiece a ver luego de las Fiestas Patrias”.
Añadió que esta semana la Comisión de Constitución, “escuchará a los distintos actores para luego, a la vuelta de la semana distrital, es decir, la primera semana de septiembre, votarlo. Luego debe ser visto en la Comisión de Hacienda”.
El diputado y presidente de la comisión de Constitución, Leonardo Soto (PS) acotó que el jueves se escuchará al nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, (SII), Fernando Barraza, a los profesores de derecho tributario y derecho administrativo, Guillermo Infante y Luis Cordero, respectivamente, y a la Asociación Nacional de Funcionarios de los TTA.
Expertos urgen por conciliación
Entre los expertos existe coincidencia en que el proyecto es una buena iniciativa para fortalecer el funcionamiento de la justifica tributaria.
Desde el Instituto Chileno de Derecho Tributario señalaron que la creación del proceso de mediación “es un avance ya que logra la posibilidad de llegar a un acuerdo en sede jurisdiccional entre el contribuyente y el ente fiscalizador, evitando incertidumbres (que pueden llegar a durar años) y costos a ambas partes. Además, permite agilizar el buen funcionamiento de los tribunales en aquellas causas que no lleguen a conciliación”.
Para el abogado Esteban García, socio de García Magliona & Cia.“la conciliación sí parece una buena idea para evitar colapsos y, en general, descongestionar el sistema, sin perjuicio de algunos reparos que nos quedan respecto de la paridad de las partes al conciliar, considerando que una de ellas será el Servicio de Impuestos Internos, y que quien finalmente debe aprobar los acuerdos será el director de dicho servicio”.
En cuanto al aumento de la dotación de funcionarios, los expertos afirman que va en línea con el aumento de juicios. Desde el Instituto Chileno de Derecho Tributario sostuvieron que es un aspecto que dependerá de la aplicación práctica que haga el SII de las normas de la Reforma Tributaria. “En todo caso, considerando la dotación actual, su aumento parece un avance, de acuerdo a lo establecido en el proyecto”, acotaron.
Mientras que García añadió que “sin perjuicio que se trata de algo que sólo podrá ser comprobado en la práctica, somos del parecer que se han adoptado las prevenciones suficientes para asegurar que la dotación se encontrará con la demanda esperada”.
Contenido del proyecto
Entre sus objetivos, la iniciativa pretende fortalecer la institucionalidad de los TTA con herramientas para afrontar de mejor manera la especialidad. Así por ejemplo modifica la distribución de los juicios entre 4 tribunales de la Región Metropolitana y aumenta la dotación en 12 funcionarios para acelerar las causas. En segundo lugar, mejora los procedimientos incorporando el trámite de la conciliación y mejorando el recurso de reposición administrativa, con tal de evitar la judicialización innecesaria de conflictos.
Y en tercer lugar, establecerá la tramitación electrónica debido a que los TTA sólo existen en las capitales regionales, permitiendo un acceso más oportuno a las partes.