(La Tercera) Exactamente 101 días han pasado desde que Quintero y Puchuncaví comenzaron a vivir una crisis medioambiental. La alerta se encendió en la comunidad el pasado 21 de agosto, cuando 82 consultas por síntomas asociados a intoxicación (entre ellos vómitos, cefaleas y náuseas) se registraron en el hospital de la zona, situación que se repitió el 23 del mismo mes, con 180 consultas, y luego el 4 de septiembre, con 155.
Pasado el tiempo, ya se concentran 1.778 consultas del mismo tipo, según el último reporte semanal del Ministerio de Salud, del 23 de este mes.
Tras el primero de los episodios, atribuidos hasta el momento a hidrocarburos provenientes del cordón industrial local, la Fiscalía de Quintero abrió una investigación por oficio a cargo del fiscal jefe de la comuna, Mauricio Dünner. Con el paso de los días fue apoyado por la fiscal Ana María Aldana, de la Región del Biobío, quien sugirió el secreto de la investigación por 40 días consecutivos. Ahora, por instrucción del fiscal nacional, Jorge Abbott, la indagatoria quedó a cargo de aquella región y de su fiscal jefe, Marcela Cartagena.
Pablo Gómez, fiscal regional de Valparaíso, explicó que “el fiscal nacional toma las decisiones en el ámbito de sus facultades”. No obstante, añadió que “el fiscal Dünner sigue integrando el equipo en la zona”.
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La determinación del jefe máximo del Ministerio Público podría tener relación con la experiencia que ambas fiscales tienen en delitos medioambientales, producto de hechos ocurridos en su zona. Allí, además, el 30 de agosto personal del Lacrim Concepción hizo peritajes a un camión en dependencias de Refinerías Enap Biobío, según el informe reservado emitido por la Prefectura de Viña del Mar de la PDI, donde se establece que el 21 de agosto el vehículo “realizaba maniobras de vertimiento de material”.
Por ello, tras ubicarlo mediante GPS, se le tomaron “muestras del estanque que contendría material succionado y vertido en las piscinas de Enap Quintero”, cuyos resultados fueron analizados por Lacrim Concepción, sin darse aún a conocer sus resultados.
Cartagena ingresó al Ministerio Público en 2003, siendo su fuerte la litigación oral, razón por la cual también se ha dedicado a la docencia. En el caso de Aldana, su experiencia medioambiental tomó fuerza en 2005, cuando obtuvo una condena -bajo la Ley de Seguridad Nuclear- por las graves lesiones ocurridas a un trabajador.
También estuvo a cargo del caso de 600 metros cúbicos de petróleo derramado por Enap en 2007, en la bahía de San Vicente, logrando una salida alternativa que permitió la construcción de un muelle para carga y descarga de hidrocarburos en la zona afectada. Desde 2013 ha encabezado la investigación por contaminación de la termoeléctrica Bocamina, en la zona de Coronel.
A pesar del traslado de la investigación, el fiscal Pablo Gómez señaló que eventuales “formalizaciones serían de todas formas en Quintero, porque el hecho ocurrió allí”.