(El Mercurio) Amplia mayoría obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto que establece la obligatoriedad de emitir facturas, liquidaciones, notas de débito y crédito en formato electrónico, con lo que quedó en condiciones de convertirse en ley de la república.
La iniciativa no debe pasar por el Tribunal Constitucional, por lo que el Gobierno espera promulgarla y publicarla en los próximos diez días. El texto establece que las primeras empresas contarán con 9 meses para implementar la factura electrónica; es decir, en octubre deberían estar incorporándose a este sistema las grandes compañías.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó la votación de la Cámara como «una extraordinaria noticia. Este es un proyecto que no solo ayuda a combatir la evasión, sino que además muestra una especial preocupación por las empresas de menor tamaño».
El texto establece una gradualidad para que las empresas utilicen el formato electrónico que dispone el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Las compañías de menor tamaño, cuyos ingresos anuales no superen las 2.400 UF -unos $56 millones- tendrán un plazo de 18 meses si están domiciliadas en zonas urbanas; y 24 meses si están en zonas rurales.
Para las microempresas, cuyos ingresos anuales no superen las 1.400 UF -unos $32,7 millones-, la ley regirá en 24 meses si están ubicadas en zonas urbanas, y 36 meses si figuran en localidades rurales.
De esta forma, la iniciativa contempla que todos los proveedores de bienes y servicios deberán cambiar su actual facturación en papel por un documento electrónico de aquí a principios de 2017, cuya formalidad está en el portal del SII. Aquellos que cumplan con este requisito, tendrán derecho a un crédito tributario cuando se «realice el acuse de recibo», el que podrán utilizar al momento de pagar el IVA.
Esta modificación es solo para factura, no para las boletas que otorgan los distintos establecimientos comerciales cuando venden un producto al público. El proyecto sí otorga el valor de boleta a los comprobantes entregados por transacciones electrónicas, como las compras a través de tarjeta de débito o crédito, eliminando la duplicidad de documentos.
«Las pymes tendrán una enorme ventaja, no tendrán que imprimir ni ir a timbrar las facturas. Estimaciones privadas señalan que la mayor eficiencia provocada por este sistema llegaría a los US$ 500 millones anuales», estimó el ministro de Hacienda.
Pero no solo se generarán eficiencias a nivel privado, a partir de efectos como pueden ser una menor tala de árboles por un uso inferior de papel como materia prima, y por ende una menor cantidad de trámites físicos y archivos por parte de las empresas. La implementación de este sistema implicará una mayor recaudación fiscal. «Esperamos una menor evasión en el pago del IVA, equivalente a unos US$ 700 millones al año cuando esté en régimen (al tercer año)», aclaró Larraín.
Otros efectos de la ley
Además, el articulado contempla otros temas, como son:
Concede un nuevo plaz o para los convenios de pago de 36 meses con la Tesorería: 6 meses más desde la publicación de la ley.
Creará una nueva dirección Regional Santiago Norte del SII que atenderá las comunas de Tiltil, Colina, Lampa, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta.
Permitirá rebajar como «gasto necesario» los pagos efectuados por un proyecto de mitigación ambiental.
Aumentará de 30 a un 35% los montos de los créditos por impuestos pagados en el extranjero cuando haya convenio de doble tributación, y a 32% si no hay convenio.
Menor evasión
US$ 700 millones en menor evasión en pago de IVA sería uno de los efectos de la normativa en régimen, según Hacienda. No hubo votos para reducir Impuesto de Timbres.
En su versión original, el proyecto de factura electrónica contemplaba la posibilidad de reducir el impuesto de Timbres y Estampillas (TyE) de 0,4% actual a 0,2%.
La idea fue inmediatamente rechazada por la oposición por considerar que no formaba parte del acuerdo considerado en el protocolo de entendimiento del Presupuesto 2013. En aquella oportunidad, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se comprometió a enviar un proyecto sobre factura que permitiría aumentar la recaudación fiscal.
Pero la posibilidad de reducir el impuesto de Timbres y Estampillas implicaba menor recaudación de unos US$ 200 millones. Además, cálculos de la oposición indicaban que más del 65% del beneficio se concentraba en los sectores de más altos ingresos y en empresas de mayor tamaño.
En la Cámara de Diputados, el Gobierno logró mantener la rebaja del gravamen dentro de la iniciativa, pero en el Senado el texto estuvo detenido cinco meses porque la Oposición no iba a apoyarlo. Hasta que el ministro cedió y admitió que «me interesa despachar el proyecto, más allá del impuesto».
El texto se puso en tabla. La Comisión de Hacienda lo votó a favor y solo rechazó la reducción del impuesto a timbre, y el Gobierno no insistió con este punto en la sala, posibilitando su despacho a ley en dos semanas legislativas.