En el marco de las III Jornadas de Derecho de Bienes Públicos y Territorio, realizadas en la Universidad Católica, abogados y especialistas en economía expusieron acerca del futuro regulatorio de los recursos hídricos, profundizando en la naturaleza jurídica de los mismos, la tendencia no estatista de los recursos naturales y en algunas de las modificaciones propuestas al Código de Aguas.
La abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Daniela Rivera, comenzó recordando que desde 1819 que se alude a las aguas y se puede concluir que hay una naturaleza jurídica en ellas.
A su juicio, hoy existe incertidumbre, porque no se conoce a cabalidad las modificaciones que se realizarán al Código de Aguas. “Básicamente serían dos enfoques. Por una parte, se querría explicitar que las aguas son bienes nacionales de uso público, establecer que es la ley la que debe regular la forma de adquirir y ejercer el aprovechamiento de aguas. Lo segundo, sería desde lo legal, limitar los derechos, referido a la prioridad en el uso de aguas, la obligación del uso de las aguas (una vez que se tengan los derechos) y prohibición de separar derechos de agua de la tierra”.
De acuerdo a Rivera, actualmente, en el Congreso existen más de 20 proyectos en tramitación en materia de agua, todos con similares objetivos.
Por su parte, el abogado y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica,
Alejandro Vergara, abordó la desestatización de los recursos naturales, asegurando que esta es la tendencia actual, ya que la regulación vigente ha eliminado la noción de dominio estatal.
“En las aguas hay una trilogía de participantes, tres poderes y dominación, y los proyectos actuales parece que los quisieran desestabilizar. Estos son el Estado, la sociedad y el mercado”, dijo Vergara. El Estado asigna los derechos de aprovechamiento, la sociedad autogobierna y el mercado da libre transferibilidad de los derechos de aprovechamiento.
Luego, Guillermo Donoso, profesor del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica, dijo que “El Estado no ha considerado la sustentabilidad de la extracción, ya que generó sobrexplotación, inseguridad de la disponibilidad del agua y agotamiento del recurso. No consideró suministro de bienes públicos, no reservó caudales ecológicos mínimo y se deterioraron ecosistemas acuáticos”.