(Pulso) El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR) del gobierno de Sebastián Piñera y actual gerente general de la firma de asesoría MAS Recursos Naturales, Felipe Martin, afirma que el proyecto que Reforma el Código de Aguas no es el mecanismo para solucionar un eventual problema de escasez del recurso hídrico en el país y asegurar su disponibilidad para el consumo humano como lo han plateado sus impulsores.
“Para hacer una solución al déficit hídrico más que hacer modificaciones al Código de Aguas, lo que tenemos que hacer es buscar la inversión en el sector como una política pública de largo plazo y no dejar estancada la infraestructura por más de 50 años como ha ocurrido en la actualidad”, asevera Martín.
El experto explica que hay diferentes metodologías a nivel internacional para racionar el recurso hídrico. “Australia solucionó su problema hídrico en base a sistemas de telemetría, embalses y recargas artificiales. En contraste, una recarga artificial ni siquiera está implementada a nivel de estudio en algún sector en Chile”.
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Según la ex autoridad, la Reforma al Código de Aguas se preocupa de controlar el uso de las aguas pero no genera mayor disponibilidad del recurso. Además, cuestiona que este control quede sólo en manos del Estado, argumentando que “lamentablemente no tenemos las capacidades como Gobierno para hacernos cargo de una administración privada que por 200 años, si bien puede ser perfeccionada, lo ha hecho bien. Ha pasado por decena de sequías y no se ha generado ningún problema a nivel nacional”.
Desafíos del ente estatal
Asimismo, Martin plantea que los retos del aparato estatal para ejecutar estas mayores facultades serán enormes y cuestiona que los pueda sobrellevar de manera óptima. “Lo más probable es que tengamos precariedad administrativa aún mayor a la que, los que están desconociendo el Código de Aguas vigente, dicen que hay”, acota.
Para el experto, existe una gran necesidad de infraestructura que la Dirección General de Aguas (DGA) no tiene, ejemplificando, que esta institución requiere implementar sistemas de monitoreo a la altura que corresponde, incorporar sistemas de telemetría, de control de afluente, de inyección natural y artificial de las napas subterráneas y de control acuífero, entre otras.
En ese sentido, apunta que la verdadera solución está en impulsar proyectos de infraestructura, en la supervisión, el monitoreo de cuencas y en fomentar la inversión público-privada.
Al respecto, Martin considera que los montos administrados entre el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Obras Públicas debieran ser del orden de $300 mil millones y el aporte privado también debiera ser del orden de $ 300 mil millones.
Finalmente, asegura que modificando el Código de Aguas se está generando mayor incertidumbre y menor inversión privada, la cual ha ayudado históricamente a dinamizar el sector. “Hay mucho en que invertir y en vez de preocuparnos en cambiar la ley, deberíamos estar trabajando para sacar los proyectos de inversión adelante. Este tema podría ser solucionado por la vía administrativa, el Presupuesto de la Nación, la buena gestión del recursos hídrico y la alianza pública privada”, concluye.