(El Mercurio) Un sombrío panorama sobre el impacto que podría tener el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno vislumbra el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín.
[Una docena de gremios piden al Gobierno reformular la reforma laboral]
Basado en la evidencia de Canadá, el hoy director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES-UC) estima que la «sindicalización forzosa» -como la define- implícita en la titularidad sindical, la no extensión de los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados y el fin del reemplazo en huelga costará al país del orden de 150 mil empleos en dos o tres años.
La institución elaboró un estudio en el que, junto a Larraín, participaron Rodrigo Cerda, director alterno de la institución, y los profesores del Instituto de Economía de la UC Juan Bravo y Macarena Kutscher.
El estudio utiliza el mark-up salarial de los trabajadores sindicalizados, esto es, la ganancia salarial por pertenecer al sindicato versus no pertenecer. Lo que está probado, dice Larraín, es que cuando se fuerza la sindicalización los trabajadores adscritos al sindicato van a tener mayores aumentos salariales no relacionados con la productividad.
El informe cita un libro de Aidt y Tzannatos (2005) publicado por el Banco Mundial y el planteamiento de otros autores, según los cuales el mark-up salarial de trabajadores sindicalizados versus los no sindicalizados tiene impactos: «Provoca una disminución relativa del empleo en el sector sindicalizado debido a que las empresas buscan formas de evitar mayor contratación de trabajadores sindicalizados para reducir sus costos».
La mayor sindicalización le costaría al país del orden de 55 mil empleos y la eliminación del reemplazo en huelga, 95 mil empleos, según Larraín. En el caso de Canadá, la incidencia de huelgas aumentó un 12% y la duración promedio de la paralización de actividades aumentó en 32 días, agrega.
El economista hace ver que «aunque las reformas laborales son para el largo plazo, la economía chilena apenas está creando empleo: 0,6% en diciembre-febrero 2015, la tasa más baja desde la recesión de 2009».
La propuesta de CLAPES-UC es que los empresarios tengan la posibilidad de reemplazar el 50% de los trabajadores en huelga y que corra el reemplazo para los servicios básicos, incluyendo actividades que tienen características especiales, como la producción de bienes perecibles o las cosechas.
Larraín sostiene que las indicaciones al proyecto de reforma laboral restringen la definición de servicios mínimos al interior de la empresa, pero no tienen en consideración qué pasa si la empresa le presta un servicio que es esencial para un tercero.
Con todo, Larraín afirma que le parece sano que los trabajadores se organicen y se sindicalicen. «Lo que no me parece es que esto tenga que establecerse virtualmente por ley y se coarte la libertad de los trabajadores para escoger si quieren o no permanecer en un sindicato. «Nuestra propuesta es que se suba de 75% a 100% el pago de la cuota sindical para los trabajadores no sindicalizados que se beneficien con la negociación colectiva», precisa. En la mayor parte de los países de la OCDE se permite la extensión de los beneficios y en algunos es obligatoria, afirma.
También le preocupa que se acorte de un año a seis meses la entrada en vigencia de la ley una vez promulgada. «Es muy poco tiempo para prepararse, especialmente para las pymes», sentencia.