(Pulso) Pese a que el Gobierno ha planteado que la creación de los impuestos verdes, incluidos en la reforma tributaria, no generarán un aumento de las tarifas de la energía, un reciente informe ratifica la tesis de las empresas: sí habrá un alza a nivel de usuarios. Y de magnitud.
En una reciente investigación, titulada Políticas Energéticas e Impuestos Ambientales en Chile -elaborada por los investigadores Alexander Galetovic y Cristián Muñoz- se critica fuertemente la idea de imponer estos impuestos verdes, planteando que no sólo generarán un alza en los costos de la energía, sino que vienen a sumarse a una serie de complicaciones que enfrenta el sector, principalmente la dificultad para materializar las inversiones necesarias para hacer frente a la demanda proyectada de electricidad.
No obstante, los autores creen que es complejo cuantificar esa alza, por tanto no es posible aislar el efecto de la falta de inversiones en el sector y a la vez la incertidumbre regulatoria, manifestada en casos como lo ocurrido con Barrancones en 2010 y el fallo judicial que impidió construir Castilla en 2012. Por ello, cabrían dudas de que se puedan, a futuro, construir nuevas centrales a carbón.
“La principal dificultad que enfrenta un comentarista del proyecto de impuestos ambientales es que no se le puede disociar del hecho que las inversiones están trabadas desde hace cinco años. Cuando las inversiones se traban, nadie sabe cuándo se destrabarán y, por eso, ninguno de los ejercicios que presentamos es “realista”, en el sentido de ser una predicción certera de lo que va a ocurrir”, señala el estudio.
Aún así, Galetovic y Muñoz se aventuran a modelar un escenario, en el que se incorpora, además, el efecto de los impuestos a las utilidades de 20%.
Para el caso del carbón, considerando un costo de inversión de las centrales de US$3.197 por cada kW instalado, un costo de combustible equivalente a US$35 por MWh y los impuestos a las emisiones locales y las emisiones de CO2, el costo medio de operación de estas unidades subiría de US$96,2 por MWh a US$101,4. Es decir, un 5,4% más.
En tanto, las centrales de ciclo combinado a gas elevarán su costo medio en 2,2% y las diésel, en 1,4% a causa de los nuevos impuestos.
“El impuesto a las emisiones de CO2 es responsable de gran parte del aumento del costo”, añade el informe.
Para los autores, la cifra puede parecer baja, pero viene a sumarse a otros aumentos por diversas razones, como la ley 20-25, que fija un mínimo para la producción de energía en base a Energía Renovable No Convencional (ERNC), la ya señalada falta de inversión y otros.
“Alguien podría argumentar que este aumento del costo de la generación es “pequeño”. Sin embargo, se le suma a una sucesión de aumentos que comenzaron hace casi diez años con la crisis del gas argentino, entre ellas dos leyes sucesivas que fijan cuotas de energías renovables no convencionales, y que en conjunto con la creciente dificultad de construir proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos, han elevado los costos de la energía en Chile a niveles comparativamente altos”, se establece.
Los autores añaden: “También es cierto que los impuestos que aparecen en la ley no tendrán impacto ambiental local ni global, porque no inducen abatimiento de contaminantes ni sustitución de tecnologías. Por último, seguramente se trata de un paso más hacia la prohibición legislada o de facto de construir nuevas centrales a carbón, hoy por hoy la alternativa más barata de generación a la cual puede acceder nuestro país”.
Otra crítica que se hace es que la norma, en caso de entrar en funcionamiento, no se ocupará de las emisiones propiamente tal, pues no inducen sustitución de tecnologías ni abatimiento. “Así, la única consecuencia es que, sea cual sea el camino que se siga, aumentarán algo más los precios y los consumidores de energía transferirán montos importantes hacia el estado y los dueños de centrales que no emiten. Uno bien podría preguntarse para qué”, se concluye.
Alex Galetovic: «Estos impuestos no van a validar nada, porque es una idea técnicamente mal hecha»
¿Cómo califica la idea de colocar un impuesto a las emisiones de las centrales térmicas?
Hoy existen tantos problemas grandes en energía, principalmente malas políticas, que los impuestos ambientales son un problema entre comillas pequeño comparados con lo otro. Porque esto es como que digas ‘me está dando un ataque al corazón y me acaban de pegar un martillazo en el dedo del pie’. Pienso que es una buena analogía. Por supuesto, los impuestos ambientales en Chile no son necesarios en el sector eléctrico. Ahora, si se planificaran en el marco de una política bien hecha de impuestos ambientales para todas las fuentes, y eso implica que le van a cobrar impuestos a las emisiones residuales que queden en el sector eléctrico, probablemente tenga sentido porque estarían abarcando todo el problema. Pero cobrarle impuestos a los que ya están abatiendo las emisiones mediante la norma de emisiones, ambientalmente hablando no va a lograr nada.
¿Qué pasa con las centrales que además tuvieron que mitigar sus emisiones como condición para la obtención de la RCA?
Ciertamente las políticas ambientales en Chile tienen margen para mejorarse. Puede ocurrir que tú hayas hecho las mitigaciones, pero además te estén obligando a instalar equipos para adaptarte a la norma de emisión. Eso cae dentro de que simplemente el mundo no es perfecto, que las cosas van evolucionando y lo que ha pasado es que con el nivel de ingreso al que estamos llegando como país, la gente pide vivir en un ambiente limpio. Eso se hacía en EEUU y Europa años atrás, o sea, las grandes ciudades norteamericanas en los años 60 tenían contaminación peor que la de Santiago hoy día, y cuando llegaron a un nivel de desarrollo más alto, que no era tan distinto al que tenemos hoy día acá, empezaron a pensar que parte de su bienestar consistía en vivir en un ambiente limpio y comenzaron a exigir a la autoridad políticas de aire limpio. Es parte de lo que puede ocurrir.
¿Cree que ese punto no se considera en los impuestos verdes?
Estos procesos no son necesariamente perfectos. Se van haciendo y dentro de eso, probablemente, la norma técnica era una avance en buena hora. Pero sobre estos impuestos ambientales, probablemente, alguien se sentó en el escritorio y diseñó algo que técnicamente está mal hecho. Los abogados y los consultores están felices. Sin embargo, la propuesta tiene varios problemas y tiene mal puesto también el factor de emisión. Está hecha al lote.
¿Podría haberse pensado como una especie de cobro por validar la tecnología?
No, porque está tan mal hecho que al final no validan nada. Los ambientalistas siguen gritando que es muy poco y la gente común no conoce mucho del tema. Entonces, es nada más que una política mal hecha. Las cosas se validan cuando se entienden porque se están haciendo bien.
Si se parte de la premisa de que las propias autoridades, cuando botan Barrancones o HidroAysén, pasan simplemente por encima de la institucionalidad ambiental y por un trabajo de años, entonces qué van a legitimar con un impuesto que está mal hecho.