(El Mercurio) Las prioridades de cada uno de los sectores en la reforma laboral han ido quedando más claras en esta segunda etapa del trámite en el Senado.
Mientras en el Gobierno ya ajustan algunos cambios al proyecto con el fin de proteger a las pymes, el empresariado sigue presionando para que el Ejecutivo se abra a hacer reformas todavía más importantes a la iniciativa que se discute en el Congreso.
Ayer, en un «súper lunes» laboral, la comisión de Trabajo del Senado recibió a casi 20 gremios, abogados laboralistas, economistas y centros de estudios que expusieron sobre sus reparos a la iniciativa.
La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), representada por su presidente, Hermann von Mühlenbrock; el primer vicepresidente del gremio, José Juan Llugany, y el abogado Luis Lizama, presentaron 14 propuestas para perfeccionar la reforma.
«Lo que nosotros hemos hablado es que perfectamente se pueda reemplazar con personal interno, que esté en otras funciones. Hoy las empresas tienen gente capacitada, que pueden cumplir esas funciones. Nos parece que esa puede ser una muy buena solución si no se quiere que se permita contratar externos», dijo Von Mühlenbrock con relación al fin del reemplazo en huelga que propone el proyecto del Gobierno.
Para la Sofofa, diversos elementos del proyecto generan una «sindicalización forzosa» y no respetan las libertades individuales de los trabajadores. Además del fin del reemplazo en huelga, entre ellos están: la titularidad sindical, el impedimento del trabajador a descolgarse de una paralización o la prohibición del empleador de transferir beneficios a trabajadores no sindicalizados.
OIT defiende huelga pacífica
Durante el trámite en la Cámara de Diputados, el Gobierno eliminó el término «huelga pacífica» del proyecto, luego que la CUT dijera que dicho término «criminalizaba» el movimiento sindical.
Ayer, el experto en normas internacionales y relaciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Alberto Odero, dijo en la comisión del Senado que la huelga se tiene que llevar a cabo como un ejercicio pacífico de los derechos sindicales y que este es un principio fundamental de la OIT. Afirmó que nadie debería ser objeto de sanciones penales por realizar o haber realizado una huelga pacífica.
Respecto a los procedimientos de conciliación y mediación en caso de huelga, afirmó que el plazo entre la declaración de la huelga y su ejercicio efectivo no debería ser excesivo y que no debiera superar los 30 días.
Al final, Odero precisó que hay que tener cuidado cuando es un sindicato poco representativo el que está negociando por el resto de los trabajadores, pues pueden generarse prácticas antisindicales con el uso de la extensión de beneficios.
Gobierno se encuentra trabajando en perfeccionamientos al proyecto de ley y adelantó ayer a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría que habrá normas diferenciadas para las pymes.
Las prioridades de cada uno de los sectores en la reforma laboral han ido quedando más claras en esta segunda etapa del trámite en el Senado.
Mientras en el Gobierno ya ajustan algunos cambios al proyecto con el fin de proteger a las pymes (ver recuadro), el empresariado sigue presionando para que el Ejecutivo se abra a hacer reformas todavía más importantes a la iniciativa que se discute en el Congreso.
Ayer, en un «súper lunes» laboral, la comisión de Trabajo del Senado recibió a casi 20 gremios, abogados laboralistas, economistas y centros de estudios que expusieron sobre sus reparos a la iniciativa.
La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), representada por su presidente, Hermann von Mühlenbrock; el primer vicepresidente del gremio, José Juan Llugany, y el abogado Luis Lizama, presentaron 14 propuestas para perfeccionar la reforma.
«Lo que nosotros hemos hablado es que perfectamente se pueda reemplazar con personal interno, que esté en otras funciones. Hoy las empresas tienen gente capacitada, que pueden cumplir esas funciones. Nos parece que esa puede ser una muy buena solución si no se quiere que se permita contratar externos», dijo Von Mühlenbrock con relación al fin del reemplazo en huelga que propone el proyecto del Gobierno.
Para la Sofofa, diversos elementos del proyecto generan una «sindicalización forzosa» y no respetan las libertades individuales de los trabajadores. Además del fin del reemplazo en huelga, entre ellos están: la titularidad sindical, el impedimento del trabajador a descolgarse de una paralización o la prohibición del empleador de transferir beneficios a trabajadores no sindicalizados.
OIT defiende huelga pacífica
Durante el trámite en la Cámara de Diputados, el Gobierno eliminó el término «huelga pacífica» del proyecto, luego que la CUT dijera que dicho término «criminalizaba» el movimiento sindical.
Ayer, el experto en normas internacionales y relaciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Alberto Odero, dijo en la comisión del Senado que la huelga se tiene que llevar a cabo como un ejercicio pacífico de los derechos sindicales y que este es un principio fundamental de la OIT. Afirmó que nadie debería ser objeto de sanciones penales por realizar o haber realizado una huelga pacífica.
Respecto a los procedimientos de conciliación y mediación en caso de huelga, afirmó que el plazo entre la declaración de la huelga y su ejercicio efectivo no debería ser excesivo y que no debiera superar los 30 días.
Al final, Odero precisó que hay que tener cuidado cuando es un sindicato poco representativo el que está negociando por el resto de los trabajadores, pues pueden generarse prácticas antisindicales con el uso de la extensión de beneficios.
[OIT propone establecer proporcionalidad en servicios mínimos]