(Pulso) Temuco. Varios son los reparos que han evidenciado el empresariado y los expertos respecto de la Reforma Laboral que impulsa el Ejecutivo. La no discusión de la negociación ramal, el término del reemplazo en huelga, las paralizaciones ilegales, la negación ante la opción de crear contratos laborales por hora y el precario tratamiento de la flexibilidad laboral son algunos de los puntos que han generado más ruido.
Así quedó manifestado en la segunda edición del Zoom Regional 2015 que organizó PULSO y CorpBanca en la capital de La Araucanía.
El seminario -que busca ser una instancia de discusión tanto de problemáticas regionales como nacionales- reunió a más de 300 personas en Temuco para analizar la Reforma Laboral junto al economista Bernardo Fontaine; al empresario y presidente del Consejo Nacional Asesor de Clapes UC, Alfonso Swett Opazo; y al director de PULSO, Juan Pablo Larraín.
De acuerdo con los expositores, la necesidad de una modificación en materia laboral no es un tema en discusión. No obstante, no están de acuerdo respecto a la forma en que el Gobierno está encaminando la discusión. Según ellos, la reforma sólo apunta a fortalecer los derechos de los trabajadores sindicalizados, descuidando a los que no son parte de este tipo de organizaciones y, por sobre todo, los derechos de la ciudadanía en general.
“Comparto que nos tenemos que hacer cargo de los temas de desigualdad, que hay que incrementar remuneraciones, pero no comparto el cómo”, comentó en su presentación Alfonso Swett, quien agregó: “No creo que la manera sea con una reforma de fortalecimiento sindical, o como la llaman monopolio sindical”.
Swett acusó falta de coherencia entre el objetivo que persigue la Reforma Laboral y lo que, en su opinión, generará el proyecto actual.
Bernardo Fontaine explicó que los riesgos de generar un aumento desproporcionado en las remuneraciones son muy grandes. “Es posible hacer una legislación que aumente los salarios en el corto plazo. Pero si se aumentan los salarios por sobre la productividad, los costos suben y esto deja exportaciones fuera de mercado, deja a la industria nacional menos competitiva o puede llevar a que los precios suban”, enfatizó.
Por otro lado, Swett, quien es director ejecutivo de Forus, una compañía que aglutina marcas propias y representaciones de vestuario y calzado, destacó que la reforma no avanza hacia la inclusión, puesto que le da a los sindicatos y dirigentes el monopolio en varios aspectos: dejaría en manos de ellos todo tipo de negociación con la empresa y, a su vez, le da la facultad de decidir que los beneficios fruto de dichas conversación son extensibles a todos los trabajadores independiente de si forman parte o no del sindicato.
“Incluso, Andrea Repetto, que trabajó en el programa de la Presidenta Bachelet, ha dicho hasta el cansancio que la extensión de beneficios debe ser obligatoria, porque el sindicato va a tener el monopolio de decidir si le doy los beneficios a los trabajadores que no están sindicalizados”, puntualizó el empresario.
En el Código del Trabajo actual, sólo el empleador de manera unilateral, sin expresar causa y sin que se requiera la aceptación por parte del trabajador al que se le extienden los beneficios puede extenderlos.
Swett destaca: “¿Por qué se deja fuera el tema capacitación? Lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo el 2010; el sistema de capacitación de Chile es un desastre y no es parte de esta reforma. El 50% de los alumnos van a la educación técnica-profesional, y lo único que hablamos es de gratuidad en la educación superior”.
El economista Bernardo Fontaine remarcó su oposición a que se termine con la figura de los grupos negociadores. En el código vigente, la titularidad para negociar los beneficios con el empleador la tienen tanto los grupos negociadores como las organizaciones sindicales, pero estos primeros desaparecerían de ser aprobada la reforma.
“Curiosamente, los trabajadores también pierden derecho. Esta es una reforma que le da derechos a los trabajadores sindicalizados, lo cual está muy bien. Pero los no sindicalizados pasan a ser trabajadores de segunda categoría”, dijo Fontaine.
Otro de los puntos de conflicto tanto dentro de la Cámara que hoy revista el proyecto de ley como entre el empresariado es el fin del reemplazo en huelga.
Hoy en día, el reemplazo está permitido siempre que la empresa cumpla con ciertos requisitos mínimos: en este caso podrá reemplazar desde el primer día de la huelga a los trabajadores. De no ofrecer estas cuestiones podrá reemplazar a los trabajadores en huelga partir del día 15 de iniciada. Con la propuesta del Ejecutivo esta opción queda totalmente prohibida.
Al respecto, el economista destacó que los efectos de las huelgas trascienden a las empresas y afectan a toda la ciudadanía. “Está bien que los trabajadores tengan derecho a huelga para negociar mejores condiciones, pero se puede dar pie a paralizaciones, porque si no se afecta a los ciudadanos corrientes y eso es inaceptable”, comentó.
Finalmente, los expositores pidieron mayor claridad por parte del Gobierno respecto a los sindicatos interempresas. De acuerdo con Fontaine, esto golpeará fuertemente a las pyme que dada la menor cantidad de trabajadores no tienen sindicatos, pero que con la Reforma Laboral podría adherir a un sindicato interempresas. “Si esto pasa, la empresa terminaría negociando con un sindicato interempresa más grande que ella”, aclaró.