septiembre 29, 2016 | Industria
(El Mercurio) La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) celebró ayer un nuevo consejo. La jornada estuvo marcada por varios temas, sin embargo el crecimiento del país fue uno de los más relevantes en la discusión. «Hay una preocupación por el bajo crecimiento», señaló el presidente de la entidad, Hermann von Mühlenbrock.
Otra de las temáticas tratadas fue el reciente informe sobre pensiones elaborado por la comisión de expertos convocada por la Sofofa, el cual se encuentra esperando la aprobación del Comité Ejecutivo del gremio para ser entregado esta semana a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Asimismo, Von Mühlenbrock sostuvo que esperarán a que el Gobierno tome la iniciativa al momento de integrar al gremio en el debate sobre pensiones. «Yo imagino que va a llegar un momento en el que haya una participación con los ministros del ramo y después, a nivel del Parlamento», dijo.
En el consejo participó la ex directora de Presupuestos y actual subdirectora de Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa, quien expuso sobre el crecimiento del país y la ley de presupuestos. La economista comentó que planteó la necesidad de que «el gasto fiscal converja a lo que realmente puede ser financiable a mediano plazo».
[Presidente de Sofofa espera que precios de la energía sean más competitivos]
enero 9, 2014 | Laboral
(Diario Financiero) Tras meses de compromiso y numerosas reuniones privadas, el trabajo realizado entre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y que tiene como objetivo entregar propuestas al nuevo gobierno para avanzar en cambios a la actual legislación laboral, está terminado. Lo que queda ahora es avanzar en buscar la viabilidad política y generar acuerdos más allá del aspecto técnico con los empleadores, tal como se lo hizo saber la presidenta electa Michelle Bachelet a la dirigencia de la multisindical.
Esto apunta a que el próximo gobierno pueda llevar a cabo las modificaciones teniendo un consenso previo que le garantice un amplio respaldo, no solo del sus parlamentarios sino también de las partes involucradas. De hecho, esta semana ambas entidades han sostenido reuniones para ver la viabilidad de estas medidas. DF tuvo acceso al texto final que contiene siete minutas técnicas respecto a adaptabilidad laboral, negociación colectiva y sindicalización, igualdad de género en el empleo, multirut, salario mínimo, políticas de protección del empleo en tiempos de crisis, y capacitación y formación profesional, que tienen como base el acuerdo de voluntades firmado por la CPC y la CUT en enero de 2012.
Adaptabilidad laboral: en la búsqueda de consensos
La adaptabilidad laboral, especialmente en materia de jornada y descansos, es una de las demandas centrales de parte de los empleadores lo que se contrapone con lo que plantean los trabajadores ya que esta adaptabilidad exige un cierto nivel de simetría entre las dos partes. De hecho, en la minuta se plantean algunas propuestas como por ejemplo, «establecer en el Código del Trabajo la posibilidad de prever un sistema de acuerdos entre los sindicatos de la empresa y el empleador sobre la distribución de los distintos tipos de jornadas». Además, agrega «estos pactos deberán concordar con las condiciones temporales como el ciclo económico o productivo, por un período determinado para así evitar ajustes vía despido individual o colectivo».
Otra propuesta apunta a buscar una fórmula de flexibilizar las jornadas parciales, con protección para las mujeres, así como también vigilar la regulación de las jornadas de trabajo de los dependientes del comercio y establecer un sistema de jornadas laborales para jóvenes.
De estas opciones, la CPC y la CUT deberán definir el mecanismo apropiado a seguir, sin afectar la empleabilidad.
Capacitación y formación profesional: tarea pendiente
El principal problema que identifican ambas entidades en este punto se refiere a que en «la formación para el trabajo» hay escasa o nula interconexión tanto institucional como curricular «lo que no hace posible en la actualidad hablar de un sistema de formación técnico-profesional en Chile». A eso ambas entidades suman la «poca pertinencia del sistema de capacitación Sence» y la poca capacidad de la franquicia tributaria de generar mejoras en la empleabilidad, entre otras falencias». Ante esta incertidumbre, ambas entidades plantean que se rediseñe el modelo institucional, de financiamiento y de provisión de la oferta formativa del Sence. Asimismo, proponen transformar la institucionalidad del Sence en una «entidad pública autónoma dotada de un Consejo Directivo Tripartito Nacional».
Otro punto que destaca dentro de las propuestas es el promover la concentración y acuerdo entre los actores sociales y el sector público para avanzar en la conformación de un sistema de Formación Contínua».
Igualdad de género en el empleo: el rol de la mujer
Tal como lo ha manifestado la autoridad y los sectores productivos, favorecer la inserción laboral de las mujeres «constituye un imperativo mayor de política pública», adoptando soluciones que permitan conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos y la familia. Para esto la CPC y la CUT están estudiando la viabilidad de avanzar en el establecimiento de subsidios postnatales a los salarios femeninos y flexibilización del postnatal; sistemas de salas cunas universal y financiado con impuestos generales; promover el empleo femenino con un sistema que apoye el cuidado de los niños y con subsidios al trabajo vinculado con la oferta de apoyo al cuidado; derogación del artículo 203 del código sobre salas cunas y su reemplazo por un sistema basado en un financiamiento tripartito solidario y universal; y la creación de un proyecto de ley que cree el seguro social de educación parvularia en los niveles de salas cunas y medio menor, que fue presentado en agosto de 2013 y que apuntaba a fomentar la participación laboral, mejorar los salarios de las mujeres, asegurar que los hijos de las madres puedan contar con acceso a educación parvularia, extender el beneficio hasta los hijos que asisten a medio menor, es decir tres años.
Multirut: acercar las posiciones
El mal uso del multirut por parte de algunos empleadores ha sido una de las discusiones más duras que ha sostenido el mundo sindical con el empresariado y uno de los debates más complejos en el Congreso. Acá, ambas entidades plantean lograr «que el derecho de los empleadores de organizar con libertad su actividad empresarial de manera lícita, no afecte los derechos de los trabajadores». La fórmula de mayor consenso es la que fue plasmada en el acuerdo de voluntades que decía que «para efectos de todos los aspectos de las relaciones laborales, 2 o más empresas deben ser consideradas como una, cuando tengan un mismo controlador, presten los mismos servicios o fabriquen productos similares y tengan una dirección laboral común, los que podrán ser calificados por un tercero a requerimiento de alguna de las partes». Así, proponen que «cuando dos o más empresas sean calificadas como una, los trabajadores puedan constituir si así lo desean, un único sindicato con todos los rut y/o distintos sindicatos inter-empresa que agrupen solo a trabajadores de esos rut, y que puedan negociar según las reglas de negociación de la empresa».
Negociación colectiva y sindicalización
La sindicalización y la negociación colectiva son reconocidos en el Acuerdo de Voluntades de 2012, como dos instrumentos de importancia para la mejor calidad de las relaciones laborales y el diálogo entre los trabajadores y empleadores. En esa oportunidad, se acordó avanzar en fortalecer el sindicato como el principal sujeto de la negociación colectiva.
Ante eso también proponen simplificar el actual proceso de negociación colectiva mediante una comisión bipartita.
Para profundizar estos acuerdos, proponen un sindicato más representativo, considerando de igual forma al sindicato como principal sujeto de negociación, normar la extensión de los beneficios de la negociación colectiva así como el piso de la negociación y establecer la tecnificación de la negociación, estableciendo mecanismos que garanticen que el sindicato cuente con información verídica y comparable respecto del estado de la empresa. De hecho, «se ha expresado la voluntad de establecer que la respuesta de la empresa a la propuesta de contrato colectivo mantenga las condiciones base de la anterior negociación».
Protección en tiempos de crisis
Esta minuta reproduce íntegramente el capítulo de protección del empleo presentado en la declaración de voluntades suscribieron a comienzos de 2012.
Acá se plantea la problemática de que las políticas en esta materia deben tener en cuenta las particularidades que se pueden asumir en situaciones de crisis o ajuste.
De hecho, los técnicos recogen los criterios generales de que «toda policía de ajuste o adaptación de jornada debe ser siempre resultado de acuerdos entre el sindicato y el empleador, ya sea preventivamente en la negociación colectiva normal, o específicamente en negociaciones en tiempos de ajuste».
Además, estas medidas «deberá considerar con precisión su temporalidad». Junto con eso suponen necesariamente un criterio de integralidad, «que considere los aspectos proporcionales de salarios y otros aspectos de la condición contractual».
Asimismo, supone también políticas más específicas que «buscan mantener el contrato de trabajo vigente y aplicar las medidas solo por el tiempo que se haya pactado».
Salario mínimo: la deuda pendiente
El monto de salario mínimo $ 210.000 brutos, que equivalen en términos líquidos en promedio a $ 189.000, «solo cubriría el 61,6% de la línea de pobreza familiar (…) como consecuencia de lo anterior en el país muchas personas trabajan y son pobres».
Para hacer frente a esta realidad, la CUT y la CPC plantean en materia institucional, «promover un proceso de consulta de parte del gobierno con las organizaciones nacionales de empleadores y trabajadores sobre la propuesta que se enviará al congreso (…) así como establecer una comisión de salario mínimo, técnica y tripartita».
Y es que dentro de los antecedentes que contiene la minuta, también se destaca lo que ha señalado la OCDE respecto de que el salario mínimo tiende a operar «como fuerte referencia de pago en el sector informal».
Y es que la remuneración base «solo se aplica en los sectores económicos menos productivos, en las empresas más pequeñas y en los trabajadores menos calificados o que se encuentran en la informalidad».
enero 8, 2014 | Medio Ambiente
(El Mercurio) La decisión de Endesa de retirar el proyecto HidroAysén de su última presentación a inversionistas provocó una serie de comentarios entre los gremios empresariales del país.
Según el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, la pérdida de competitividad que está viviendo el país en materia eléctrica hace necesario avanzar en este tipo de hidroeléctricas.
«El problema energético de Chile genera un problema de competitividad enorme y, después, va a generar un problema de costos para las personas. Es muy malo. Estamos con la hidroelectricidad, todos los países desarrollados la usan cumpliendo con las exigencias, pero creo que Chile no se puede dar el lujo de no hacer HidroAysén, como no se puede dar el lujo de no hacer ningún proyecto hidroeléctrico», afirmó el presidente de la Sofofa.
Von Mühlenbrock agregó que «es una obligación de la autoridad fiscalizar el cuidado de los temas ambientales y empujar estos proyectos, porque Chile necesita tener buena cantidad de energía y a precios competitivos para no afectar al chileno».
Por su parte, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, aseguró que para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza es importante alcanzar consensos a nivel nacional.
«Aquí en Chile falta un compromiso de todas las autoridades, de todos los actores, incluidos nosotros en orden a que los proyectos que cumplan con toda la normativa deban sacarse adelante», dijo.
Y agregó: «Hay muchas trabas, pero independientemente de eso a veces cuando se cumplen todas las normativas, cuando estamos en presencia de proyectos que cuentan con todas las aprobaciones y todos los cumplimientos, nace otro tipo de presiones que imposibilitan que esto se realice y ahí falta el capital político de todos los actores».
En la misma línea el gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, enfatizó la necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional que permita avanzar en proyectos como el que impulsan Endesa y Colbún. «Es necesario un gran debate donde se busquen soluciones para salir de la crisis de competitividad que vive la industria», dijo Muga.
El timonel de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Jorge Awad, también mostró su inquietud sobre el futuro de HidroAysén y señaló que de no realizarse el proyecto sería una decisión importante para la capacidad que tenga Chile dentro de sus fuentes de generación eléctrica.
Endesa asegura que el proyecto sigue en su plan de inversiones
Pese a no incluirlo entre los proyectos que les fueron exhibidos a los inversionistas en su última presentación oficial, desde Endesa aseguraron que HidroAysén sigue dentro de su cartera de inversiones y que la empresa seguirá impulsando esta iniciativa, aun cuando hay incertidumbre sobre su futuro e indefinición sobre su fecha de materialización.
«Endesa afirma que HidroAysén no ha sido retirado de su cartera de proyectos. (…) todos los proyectos tienen un grado de incertidumbre por defecto. Pero hay que ratificar que HidroAysén está dentro de nuestro pipeline «, explicó el subgerente general de Endesa Chile, Ramiro Alfonsín.
En cuanto a la decisión de retirar el proyecto HidroAysén de la última presentación al mercado financiero, la investor relations de Endesa, Susana Rey, dijo que «los inversionistas tienen muy clara toda la información de Endesa y de sus proyectos, independiente si se coloca o no en una presentación».
Rey agregó que la elaboración de las presentaciones es un criterio que depende, en general, de las audiencias y el objetivo de éstas. «Mis analistas saben la importancia de Aysén para Endesa, saben que el proyecto es importantísimo y saben de las bondades de éste y que es nuestro proyecto casi estrella. Eso lo saben de memoria», aseguró.
enero 8, 2014 | Medio Ambiente
(Estrategia) Una vez más HidroAysén está buscando espacio para mantenerse en la agenda energética. Esta vez fue el propio Presidente Piñera quien consultado por la decisión de Endesa de retirar este proyecto de la carpeta de presentación a inversionistas se limitó a decir que más que lo que ocurriera con empresas en particular le importaba tener para el país una “matriz energética más limpia, económica y segura”.
También se refirió a la paralizada central el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, quien señaló que en el país falta “compromiso” por parte de las autoridades para permitir la aprobación de este tipo de proyectos, agregando que Chile tiene recursos hídricos y que es una ventaja que “no todos los países gozan para producir a bajo costo y con energía limpia” señalando además que “el resto es utopía”.
Todo o Nada
Según trascendidos no confirmados por la empresa, Hidroaysén y sus controladores estarían buscando posicionar este controvertido proyecto, esperando que sea aprobado antes del fin del gobierno de Sebastián Piñera.
Lo cierto es que los controladores de HidroAysén se juegan sus últimas cartas para conseguir el esquivo visto bueno, principalmente por el alto costo que cuesta mantener la estructura actual de la compañía (el que estaría cerca de US$5 millones mensuales). En el sector son muchos los que creen que esto no ocurrirá en el actual gobierno, y que los seis primeros meses de la administración Bachelet serán claves para el futuro de HidroAysén, donde el sector volcará su mirada hacia la figura del próximo ministro de Energía.
enero 8, 2014 | Industria
(Pulso) Hasta ahora desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) no han querido referirse a los desafíos que tendrá la nueva administración de Michelle Bachelet. Pese a que ya han pasado más de 3 semanas de las elecciones presidenciales, en la cúpula empresarial han optado por el silencio a la espera de un encuentro formal con la futura mandataria.
En agosto de 2013, cuando Bachelet aún era candidata de la Nueva Mayoría, se concretó el primer encuentro público entre ambas partes, instancia en que Bachelet escuchó las inquietudes del empresariado y les presentó su programa de gobierno.
Ese no había sido el único acercamiento de los empresarios con la entonces candidata a la presidencia. La CPC mantenía líneas abiertas con el comando de Bachelet, sobre todo con su jefe programático, Alberto Arenas, con quien, en diversas oportunidades, se habían reunido para analizar el programa de la futura administración.
Tras las elecciones, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, solicitó a la Presidenta una reunión con el objetivo de hacer un saludo formal entre las partes, y poder nuevamente analizar los puntos más relevantes para el empresariado.
Si bien, esta solicitud se realizó inmediatamente después del triunfo de Bachelet, recién esta semana, tras el regreso de vacaciones de la mandataria, se fijaría fecha y hora. En la CPC esperan que la reunión se pueda realizar la próxima semana.
Entre tanto, la Confederación ha estado activamente analizando las propuestas de Bachelet y prueba de ello es la convocatoria a un grupo de seis especialistas -liderado por el director del SII, Ricardo Escobar- para evaluar la futura reforma tributaria (eleva de 20% a 25% impuestos a las empresas y elimina el FUT) y determinar sus efectos macroeconómicos Una vez que culmine dicha labor, la CPC entregará el informe a Bachelet, con el objetivo de participar activamente en el debate de esa y otras reformas.
La Haya
Ayer el comité ejecutivo de la CPC sostuvo un encuentro reservado con el canciller, Alfredo Moreno, para abordar los escenarios y las decisiones del gobierno luego del próximo 27 de enero, cuando se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, respecto a la demanda de Perú.
Y si bien al finalizar la cita Andrés Santa Cruz señaló que «no hay preocupación, hay tranquilidad respecto de lo que pueda ocurrir, porque creemos que aquí hay una mirada de Estado, Chile lo ha hecho siempre mirando el bien del país, siendo respetuoso de todos los compromisos internacionales. En ese sentido Chile es un ejemplo en el mundo de un país que respeta la legislación bajo el estado de derecho», no dejó admitir que «podría haber efectos en el sector pesquero», en caso de que el fallo fuese adverso a nuestro país.
Esta visión fue compartida por el presidente de la Sofofa Hermann Von Mühlenbrock, quien dijo que «evidentemente que si nos va mal podemos perder zonas de pesca cercanas a la costa donde realmente está el recurso. Si nos va más o menos se pueden perder zonas alejadas a la costa de las 200 millas donde hay menos recursos. El impacto económico básicamente va a depender del efecto en las aguas cercanas a la costa».
El presidente de la CPC también se refirió a la decisión de Endesa de retirar de su cartera de proyectos de inversión a HidroAysén: «falta un compromiso de todas las autoridades, de todos los actores, incluidos nosotros, en orden a que todos los proyectos que cumplan con la normativa deben sacarse adelante. Preocupémonos de la buena normativa, pero cuando se cumple con esa normativa, los proyectos deben ejecutarse».
