(Pulso) Como una contribución importante para el desarrollo eléctrico del país calificó Libertad y Desarrollo (LyD) el estudio encargado por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) a un grupo de reconocidos expertos en materia energética (Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman), quienes propusieron, entre otros puntos, la obligación de que cualquier nuevo proyecto considere aportes a comunidades locales.
«El informe revela, una vez más, que con una mirada técnica y desapasionada se pueden lograr consensos en beneficio del país», dijo el instituto. Y agrega: «Es de esperar que las medidas propuestas sean consideradas seriamente durante la próxima administración y que cooperen en ello el Poder Legislativo y Judicial».
LyD destaca que el diagnóstico general es que existe una distribución geográfica inequitativa de los beneficios y costos de los proyectos que, ciertamente, no se resuelve por la vía de negociaciones bilaterales no reguladas. Es por ello que los autores del informe proponen implementar dos mecanismos regulados de compensación a las comunidades locales que permitan mejorar la equidad en la distribución de beneficios y costos asociados al desarrollo de proyectos.
El primer mecanismo consiste en modificar el reglamento de patentes municipales de modo que la capacidad instalada (y no solo los trabajadores) sirva como factor de distribución del pago de patentes entre la casa matriz y las centrales (o líneas) de las empresas. El segundo, es en una modificación legal para establecer el pago de un aporte obligatorio de las empresas generadoras y transmisoras a los municipios donde se localicen sus instalaciones. Este aporte sería proporcional a la potencia instalada o la inversión realizada (no superior a 1% del total), e imputable como crédito contra las obligaciones tributarias.
«Ambas propuestas han sido largamente discutidas e incluso se incluyó una medida similar en la Agenda Impulso Competitivo durante la actual administración», destaca LyD.
Añade que existen experiencias similares en otros países, como Suiza, donde los aportes a las comunas o regiones constituyen un aliciente importante para que las propias comunidades adhieran a la realización de los proyectos. Para que esto funcione se requiere de transparencia en el uso de los recursos y una activa participación ciudadana que defina las obras a desarrollarse. «Solo en la medida que la comunidad se sienta más involucrada y pueda visualizar los beneficios directos derivados de la ejecución de estos proyectos podrá cambiarse la percepción negativa prevaleciente hasta la fecha», afirma Libertad y Desarrollo.
INSTITUCIONALIDAD
El informe realiza una proyección de la demanda y la capacidad de generación para el período 2020-2030. Se plantean varios escenarios y en todos, dice LyD, se evidencia el rol clave que juega en la matriz las decisiones que se tomen respecto de los recursos hídricos de Aysén (considerando específicamente los proyectos HidroAysén y Energía Austral). «Tal como lo señalan los autores del informe, aprovechar estos recursos hídricos permite, entre otros, alcanzar una generación ambientalmente más amigable y contar con capacidad de regulación suficiente para absorber las intermitencias y variabilidad de la generación eólica y solar fotovoltaica», dijo Libertad y Desarrollo. Añade que el aprovechamiento de los recursos hídricos del sur austral del país debiera ser parte de la política de generación limpia a la que todos aspiran, pues aumentaría sustancialmente la participación de fuentes renovables en la matriz energética, aportando de paso a una generación de energía competitiva y de alta regularidad.
«Las acciones que se tomen -o se dejen de tomar- tendrán una incidencia directa en los precios de la energía puesto que, de no atacarse el estancamiento de la inversión en energía de base, los costos marginales de largo plazo podrían escalar hasta los US$ 200 por MWh, lo que los propios autores del Informe califican como un escenario catastrófico», remata LyD.
Fuente / Pulso