(La Tercera) Más de un millón de personas protestando en las calles y un 13% de aprobación son elementos que suelen acaparar la atención de un político. La respuesta de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue proponer una legislación anticorrupción que le ayudaría a contener el daño provocado por los recientes escándalos de cohecho. Sin embargo, una mejor respuesta pudo haber sido simplemente salir del camino del ministro de Finanzas del país, Joaquim Levy.
Esto, porque el desafío principal de Rousseff no es solamente el escándalo de Petrobras, que ha complicado la situación de políticos y ejecutivos de la compañía estatal petrolera. También lo es la recuperación de la confianza pública en su habilidad de manejar la economía y el presupuesto de Brasil.
Se espera que la economía de Brasil se contraiga 0,8% durante este año. Además, la inflación llegó a su nivel más alto en una década y se prevé que el desempleo alcance su mayor nivel en cuatro años, mientras que la caída del precio del petróleo ha recortado las ganancias del gobierno. Como si fuera poco, las promesas que se hicieron durante las pasadas elecciones han elevado el déficit fiscal y la deuda pública ha subido a más del 60% del PIB.
Incluso antes del escándalo de Petrobras, Rousseff ya estaba enfrentando problemas políticos. Su reelección, en octubre del año pasado, se produjo con un pequeño margen de 3%, al mismo tiempo que su coalición de nueve partidos -liderados por el Partido de los Trabajadores (PT)-, que es mayoría en la Cámara Baja, experimentaba una división creciente.
Abogar por medidas de austeridad en un ambiente tan tóxico no debería ser fácil para ningún líder, sobre todo si esas medidas se contradicen con las promesas de campaña.
Ahí es cuando Joaquim Levy entra al escenario. El ex economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), que además cuenta con un doctorado de la Universidad de Chicago, recibió el apodo de “manos de tijera” cuando trabajó bajo la gestión de Lula, predecesor de Dilma.
Nacido en Río de Janeiro en 1961, Levy fue director superintendente de Bradesco Asset Management, la gestora de activos del segundo mayor banco privado de Brasil, y en su currículum figura una larga experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado y en organismos financieros internacionales.
En 2003, con la llegada de Lula al Palacio del Planalto, Levy se convirtió en secretario del Tesoro en un difícil período para la economía brasileña: la administración de izquierda tenía que ganarse la credibilidad de los mercados. Ahí se ganó el apodo de “manos de tijera” por sus medidas de recortes de proyectos. En un afán de restaurar la confianza de los inversionistas y de evitar que las agencias de calificaciones de créditos rebajaran los bonos brasileños a “basura”, propuso una mezcla de aumento de impuestos y recortes de presupuesto.
Tres años después, renunció, debido a varios choques con otros altos funcionarios del gobierno, entre éstos la entonces jefa de gabinete, Dilma Rousseff, que se resistían a sus recomendaciones de ajuste fiscal.
Sus medidas ayudaron a que las políticas monetarias y fiscales de Brasil estén ahora en sintonía con un Banco Central, elevando la tasa de referencia a un 12,75% para reducir la inflación. Además, muchas de sus propuestas pueden hacerse efectivas sin la necesidad de la aprobación del Congreso.
De todos modos, no es como que Rousseff se haya transformado en una política austera y que haya abandonado sus principios pro Estado; ni que los legisladores brasileños se hayan convencido de dejar de gastar. Una inminente votación en el Congreso busca elevar el sueldo mínimo de Brasil a los niveles de sus ya generosas pensiones. Ello podría truncar los planes de Levy, quien pretende alcanzar un superávit en el presupuesto.
Es así, entonces, como Rousseff necesita apoyar a Levy hasta el final. O también podría tomar la iniciativa ella misma. Por ejemplo, su administración podría hacer contratos atractivos para inversionistas privados relacionados a la construcción o mantención de puertos, puentes y carreteras. De esa forma se podría combatir la escasez de fondos y, al mismo tiempo, se podrían mejorar las carreteras, que están a un pelo de ser peores que las de Bangladesh.
También podría reducir las tarifas al comercio exterior y expandir la cooperación económica y el intercambio con países de la Unión Europea y Estados Unidos, algo que Levy sugirió hacer en una reunión con autoridades del país norteamericano.
Impulsado por un boom de commodities, los siete años de bonanza brasileña han terminado en una negra y aceitosa nube de corrupción. Sin embargo, mejores leyes podrían ayudar a que otro escándalo como el de Petrobras sea menos probable.
Mientras que una política fiscal mejor vigilada podría incidir en que el buen rendimiento de Brasil durante la última década no sea borrado por completo.