(Pulso) “El rayado de cancha” respecto a la reforma laboral no es exclusivo del ministro Rodrigo Valdés. Anteriormente los ex ministros de Hacienda y de Trabajo (Alberto Arenas y Javiera Blanco), ya habían determinado que la negociación ramal no sería parte de esta reforma y mucho menos aceptarían indexar el IPC en el piso mínimo de la negociación colectiva.
Así lo señalaron de manera privada y pública en distintas ocasiones.
De hecho, los diputados de la Nueva Mayoría aseguran que hay temas, como los expuestos anteriormente, donde no hay espacio para realizar cambios, o por lo menos en la instancia en la que está el proyecto hoy (comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados).
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Este escenario es algo que ya viene siendo asumido por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), o más bien por su presidencia. Así lo comentan dirigentes sindicales, que en distintas instancias privadas señalan que la titular de la CUT, Bárbara Figueroa, no ve mucho espacio ni voluntad en el Ejecutivo para incorporar demandas históricas de la multigremial como la negociación ramal, el fin de las empresas estratégicas y modificaciones a las normas de despidos (artículos 161 y 159), entre otras.
Es por esa razón que desde hace un tiempo Figueroa estaba buscando una salida política a tales demandas. Según señalan fuentes conocedoras del proceso, esta salida era un protocolo de acuerdo, con el propósito de que una vez terminado el trámite de la reforma en el Congreso, el Gobierno y la CUT se sentaran a debatir dichas materias.
Este protocolo estaba siendo afinado con los ex ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y de Trabajo, Javiera Blanco (hoy ministra de Justicia), con la idea de que fuera firmado entre las partes una vez que el proyecto saliera de la Cámara, y así el trámite legislativo en el Senado fuera expedito y no se centrara en temas que hoy están fuera del marco.
Este protocolo quedó sólo en el ámbito de las conversaciones y de las intenciones. Fuentes del Gobierno señalan que se habló de él antes del cambio de gabinete y, por ende, tras ese hecho no se terminaron de cerrar sus contenidos.
Ahora, sostienen las mismas fuentes, las autoridades nuevas no están preocupadas de retomarlo, ya que la prioridad es no paralizar las reformas y dar esas señales a la ciudadanía.
Desde el mundo sindical aseguran que la CUT ya había delineado las temáticas que exigirían para sellar el pacto con el Gobierno, y que por lo tanto buscarán que las nuevas autoridades (Valdés y la ministra Ximena Rincón) se sumen a este trabajo.
Pero además comentan que la propia presidenta de la CUT, en estas citas privadas, habría señalado la necesidad de subscribir el protocolo, ya que habían actores de Gobierno que querían que temas como la negociación ramal no fueran parte del programa.
Es por eso que para Figueroa era importante dejar establecido que si bien había demandas de la CUT que no serían abordadas en esta reforma, sí podrían ser discutidos con posterioridad y fijar una agenda con el Gobierno para ello.
Sin embargo, no todos sabían de esta intención. De hecho, fuentes de la multisindical que desconocían estas conversaciones dicen que este pacto se estaba negociando de manera “silenciosa” entre la presidencia de la CUT y las ex autoridades.
Tanto es así que hay dirigentes que aseguran que “jamás” estarían de acuerdo con un protocolo de esa magnitud, ya que insisten en que “los temas deben ser instalados ahora y pelear hasta el final para que sean parte de la reforma laboral”.
Sobre todo, indican, quieren darle relevancia al tema de las empresas estratégicas, puesto que en julio se publicará un nuevo listado de las firmas donde sus trabajadores no tienen derecho a huelga. El punto acá, dicen desde la multisindical, es que no hay coincidencia entre las normas de servicios mínimos y empresas estratégicas, por lo que “es importante insistir en este punto al interior de la reforma”.