La semana pasada el Senado aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe la inyección por generación de fuentes fósiles al año 2030, con el propósito de promover las energías con fuentes renovables.
Esta iniciativa anticipa que se quiere alcanzar esta meta con todos los medios posibles, generando controversia entre los actores del sector energético, debido a la situación de estrechez que ha obligado a aumentar la generación térmica y que además, retrasaría en el corto plazo la salida de algunas centrales a carbón del sistema.
En base a esto, el socio director del Grupo energiE, Daniel Salazar, explica a ELECTRICIDAD los desafíos que significaría para la matriz eléctrica este proyecto de ley, donde destacó que “impone un desafío adicional pues considera el retiro de todas las fuentes fósiles, lo cual vuelve a instalar el dilema entre ambición y realismo”.
El ejecutivo señala que este proyecto, al no considerar al gas en la transición energética «no se reconoce la condición de estrechez y riesgo de racionamiento que se instaló el año pasado y que se proyecta recurrente en la medida que avance el proceso de retiro del parque a carbón y sigamos siendo afectados por la desertificación”.
A su juicio ¿cómo analiza este proyecto?
Este proyecto se inserta en el marco de la discusión sobre la descarbonización de la matriz eléctrica que se inició con la presentación de otro proyecto de ley que establece el cierre de centrales a carbón a 2025. Se presenta una vez concluidas las audiencias públicas que realizó la Comisión de Minería y Energía del Senado en relación a dicho proyecto. Recordemos que ese proyecto -ya aprobado por la Cámara- se encuentra aún radicado en esa comisión, la que no lo ha votado en general. Por un lado recoge las opiniones mayoritarias que se dieron en la Comisión en torno a que en 2030 sería una fecha más viable para la descarbonización pero impone un desafío adicional, pues considera el retiro de todas las fuentes fósiles, lo cual vuelve a instalar el dilema entre ambición y realismo.
¿Qué le parece que este proyecto no considere al gas en la transición energética?
Creo que es algo que debe corregirse. Se le expuso a la Comisión y ha estado en la discusión pública del sector que una de las condiciones habilitantes para el proceso hacia la carbono neutralidad de la matriz y que viabiliza el retiro del carbón es precisamente el rol fundamental que tendrá el gas natural en este proceso. Ello, pues se requerirá de tiempo para incorporar al sistema la gran cantidad de GW adicionales que se requieren para el reemplazo de esta tecnología así como de almacenamiento o generación renovable de base.
Al parecer no se quiere reconocer que hay una transición que debe ocurrir, ni tampoco se quiere reconocer la condición de estrechez y riesgo de racionamiento que se instaló el año pasado y que se proyecta recurrente en la medida que avance el proceso de retiro del parque a carbón y sigamos siendo afectados por la desertificación.
¿Cuáles son las principales deficiencias de este proyecto?
La definición de cualquier meta debe estar asociada a la identificación de sus beneficios, oportunidades, riesgos y costos. No se trata de decir sólo se puede o no se puede. Lo más relevante es conocer y generar cierta masa crítica respecto a las condiciones habilitantes para que se alcancen los resultados de política pública que se buscan.
En ese sentido, no se conocen estudios acabados respecto del impacto del retiro del gas a 2030, por lo tanto se trata de una meta que no guarda relación con la realidad. Ello sin contar que el sistema requerirá por mucho tiempo contar con una tecnología que permita otorgar suficiencia al sistema en las horas de menor generación renovable pues reemplazar toda la generación térmica para proveer suministro a esas horas demandaría la instalación de una capacidad enorme de almacenamiento, por ejemplo, lo que también implica desafíos técnicos e impactos económicos.
¿Cómo se podría reemplazar este proyecto o qué aspectos debería considerar?
Creo que debe establecerse una suerte de mandato para establecer metas progresivas, con un mecanismo de rendición de cuentas acerca de cómo avanzan las diferentes acciones e iniciativas que harían viable su cumplimiento, con ciertas condiciones que den algún margen de holgura o flexibilidad para adaptarse si la seguridad del sistema y el suministro a un mínimo costo así lo exigen. En definitiva, una normativa más “responsiva”.