(El Mercurio) Poco menos de cuatro meses faltan para que finalice el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que ha sido marcado por la implementación de varias reformas estructurales, una baja sostenida en el crecimiento, crisis generalizada de confianza e intensas demandas sociales.
Sin embargo, antes de que ocurrieran todos estos hechos, el Gobierno había diseñado una hoja de ruta, que fue dada a conocer a fines de 2013, y que consideró más de una centena de tareas por realizar. Se trata del programa económico, que en sus 45 páginas abordó los distintos ejes que buscaban guiar la conducción del período presidencial.
¿El programa se cumplió? ¿Se siguieron estos ejes hasta el final?
Un estudio del Instituto Libertad, think tank ligado a Renovación Nacional (RN), identificó 158 iniciativas, con las que se pudo realizar un seguimiento al programa económico de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. De dicha evaluación concluyeron que en el período marzo de 2014 a noviembre de 2017, el 43% de estos anuncios se cumplió, el 15% fue clasificado como «en proceso», el 17% es «insuficiente» y el 25% fue considerado «no cumplido». Para realizar la evaluación, contemplaron informaciones oficiales de las páginas web de los ministerios y organismos, cuentas públicas y otras fuentes. Incluyeron 12 ejes: trabajo y pensiones, modernización del Estado, protección y defensa de los consumidores, agricultura, pesca y turismo, minería y recursos hídricos, inversión pública y concesiones, emprendimiento y pymes, «buena economía», responsabilidad fiscal, energía y ciencia, tecnología e innovación.
«No se ha alcanzado un nivel satisfactorio de cumplimiento. La agenda del Gobierno la ha ido marcando la calle, y las cosas que han debido incorporar en los últimos años para hacer frente a las demandas sociales han provocado que se dejara un poco de lado el cumplimiento del programa original», opina Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad. Señala que ello significa la postergación de medidas importantes a mediano y largo plazo que pueden contribuir al desarrollo de la economía. Según Díaz, un ejemplo de tema que no estaba en el programa de gobierno, pero que nace de una demanda social, es el envío de tres proyectos de ley para reformar el sistema previsional y para crear un ente estatal que administe parte de la cotización extra.
Sin embargo, el cumplimiento es muy disímil al analizar cada una de las áreas. Por un lado, Trabajo y Energía son las reparticiones que tienen un mayor porcentaje de concreción de medidas, con 19,4%, y 17,9%, respectivamente. Ambas áreas representan el 31,6% del total de anuncios medibles. Sin embargo, en materia de responsabilidad fiscal y modernización del Estado, los avances son nulos o muy bajos.
En 2015, el Gobierno abdicó de la promesa de converger al balance estructural de 0% del PIB en la formulación del Presupuesto 2018, una de las propuestas del programa. Según las proyecciones de Hacienda, esta administración entregaría su mandato con un déficit estructural de 1,5% del PIB. Otra de las propuestas era reforzar la ley de responsabilidad fiscal de 2006 y crear por ley un Consejo Consultivo Fiscal, medidas que tampoco se cumplieron. En modernización, si bien ha habido avances, como la promulgación del proyecto que perfeccionó el sistema de Alta Dirección Pública, otras propuestas no se han concretado, como la creación de una Dirección Nacional de Evaluación, que tendrá la misión de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de las políticas, programas y proyectos públicos.
«Hemos tenido tres ministros de Hacienda en cuatro años, algo inédito en la historia del país. No han podido poder sobre la mesa la importancia de la responsabilidad fiscal, mantener un nivel de deuda acotado y converger desde un nivel de déficit hacia uno de equilibrio, lo que no fue una prioridad para este Gobierno. La posición fiscal está más deteriorada que nunca e, incluso, nos recortaron la clasificación de riesgo», dice Díaz.
En temas laborales, destacan promesas cumplidas, como el fin del multi RUT y la aprobación y entrada en vigencia de la reforma laboral, así como el perfeccionamiento del seguro de cesantía. En energía, se constata la implementación del plan de expansión del sistema de transmisión troncal, que conecta al SIC con el SING.