(Economía y Negocios) Ricardo Riesco, socio de Philippi, Prietocarrizosa & Uría; Blas Bellolio, presidente de la Comisión de Legislación de la CChC, y Lorena Pavic, socia de Carey, acaban de ser fichados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para potenciar el trabajo interno que está desarrollando la cúpula empresarial en materia de libre competencia. La decisión se toma a poco más de un mes que el Gobierno enviara un proyecto de ley para regular este tema.
Los tres expertos señalados trabajarán junto a Christian Acuña, Fernando Alvear, Juan Cristóbal Gumucio y Tomás Flores, quienes ya forman parte de la Comisión de Protección del Consumidor de la CPC, que funciona hace casi un año y analiza, por ejemplo, el proyecto del Sernac. El nuevo grupo ampliado constituirá una nueva comisión de libre competencia.
La instancia será liderada por Acuña y la idea es que sostenga reuniones semanales a partir de este jueves. En una primera gestión, la comisión participará en la generación de los antecedentes que serán expuestos ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde se encuentra el proyecto. La CPC fue invitada a asistir a la instancia en el marco del debate legislativo y deberá exponer dentro de los próximos días. También se generarán propuestas futuras en torno a la materia que se presentará a la autoridad y al Parlamento.
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Una de las preocupaciones centrales de la CPC en torno al proyecto es el tamaño de las multas a que pudieren verse expuestas las empresas.
Actualmente, las multas máximas para aquellas empresas que atenten contra la libre competencia llegan a las 30 mil UTA, unos US$ 25,7 millones. De aprobarse el proyecto de ley que impulsa el Gobierno, la sanción subiría al doble del beneficio obtenido o, en su defecto, al 30% de las ventas totales de las empresas mientras duró la infracción. Desde la CPC señalan que dichas multas van más allá de la natural función disuasiva que están llamadas a cumplir. «En el caso de este proyecto de ley, pudieran afectar significativamente la viabilidad económica de las empresas y dañar de manera irreparable la fuente generadora de puestos de trabajo», señalan.
Agregan que algunos de los topes de las multas consideradas en el proyecto, al calcularse sobre las ventas de las compañías, no serán equivalentes para todo el mercado y que podrían contaminar a todas las unidades de negocio de una empresa, aun cuando la infracción se hubiese cometido en una de ellas.