(La Segunda) Además, de la polémica de los medidores inteligentes y del alza en las boletas de luz de un 10,5%, el gobierno y la ministra de Energía, Susana Jiménez, buscan resolver una tarea más compleja: descarbonizar la matriz sin generar efectos en las tarifas, ya que este tipo de tecnología aporta aún el 40% de la energía generada en el país.
El pasado 29 de enero de 2018, el gobierno de la Presidenta Bachelet y las empresas AES Gener, Engie, Colbún y Enel, firmaron un pacto con dos objetivos: no construir más centrales a carbón (lo cual se ha cumplido) y crear una mesa de «descarbonización» compuesta por las empresas y el gobierno, donde se trabaja en un cronograma para sacarlas del sistema.
Según la ministra Jiménez, esta instancia culminó en enero y ahora la secretaria de Estado se encuentra en «una etapa de negociación bilateral para definir los respectivos cronogramas voluntarios de retiro o reconversión de centrales a carbón. Esperamos que estos cronogramas puedan ser publicados durante el primer semestre de este año».