(Pulso) Bocamina no paraliza. Así lo determinó La Corte de Apelaciones de Concepción, quien ayer a última hora acogió el recurso de protección presentado por las comunidades de Coronel, sin embargo condicionó el funcionamiento de la planta a la supervisión de 8 estamentos, quienes deberán fiscalizar a la termoeléctrica
«La Superintendencia del Medio Ambiente, Sernapesca, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Dirección Regional de Aguas, todas de la Región del Bío Bío, así como la Dirección de Obras Municipales de Coronel, la Dirección de Territorio Marítimo y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles fiscalizarán periódicamente, dentro de sus respectivas competencias, el funcionamiento de la aludida Central Termoeléctrica Unidades I y II, con el fin de evitar situaciones que afecten la calidad del aire, del agua y de suelo en el área de influencia de dichas instalaciones, adoptando, en su caso, las medidas y sanciones que correspondan. Ofíciese para el debido cumplimiento de lo resuelto”, manifestó el tribunal de alzada penquista en su fallo.
En su fallo la Corte de Apelaciones manifestó que Endesa arbitrará los mecanismos, acciones y arreglos necesarios para que la operación de las Unidades I y II de la Central Termoeléctrica Bocamina «no genere daños ambientales e impactos no previstos en la Resolución de Calificación Ambiental 206/2007, por emanaciones en el aire, descargas de residuos peligrosos, líquidos o sólidos, emisión de ruidos molestos superiores a las reguladas en dicho instrumento o en la normativa sectorial respectiva. Asimismo, instalará a la brevedad el desulfurizador en la Unidad I».
El pronunciamiento fue realizado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción y firmada por los magistrados Rodrigo Cerda San Martín, Suplente Camilo Álvarez Órdenes y el Abogado Integrante señor Waldo Ortega Jarpa.
Además de este recurso que fue resuelto la jornada de ayer, la central deberá sortear los cargos que mantiene en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente y la investigación por daño ambiental que lleva adelante el Ministerio Público en la Región del Bio bío y lidera la fiscal Ana María Aldana.
A pesar del levantamiento de la medida de no innovar, la central seguiría paralizada puesto que una apelación a la Corte Suprema por parte de las comunidades sería inminente.
En el pronunciamiento, los tribunales penquistas confirman que el levantamiento de la paralización se sujeta a las condicionantes antes mencionadas: «En razón de lo decidido, una vez ejecutoriada la presente sentencia quedará sin efecto la orden de no innovar decretada»