La seguridad del sistema eléctrico se instaló como el eje de la discusión en el seminario “El sistema eléctrico bajo estrés: aprendizajes y desafíos”, organizado por la Cátedra de Transición Energética Responsable Colbún junto al Centro de Energía UC.
El encuentro se realizó semanas después de que, a comienzos de julio, la coincidencia de baja disponibilidad hídrica, eólica y solar con restricciones en la reposición de combustibles derivara en una situación de estrechez para el sistema eléctrico nacional durante las primeras semanas de julio. Lo anterior obligó a la autoridad a preparar un decreto preventivo de racionamiento, el cual finalmente no fue necesario promulgar posterior a las lluvias que llegaron a mediados del mismo mes.
El episodio reinstaló una pregunta que atraviesa a toda la industria: ¿Cómo sostener niveles adecuados de seguridad y suficiencia de manera eficiente en un sistema que incorpora energías renovables a alta velocidad, retira centrales convencionales y opera con márgenes cada vez más estrechos frente a una hidrología en retroceso?
En la apertura del encuentro, Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, destacó que las condiciones registradas durante las últimas semanas volvieron a evidenciar la alta exposición del sistema eléctrico a variables como el agua, el viento y el sol. Previo a las últimas lluvias, el año hidrológico se encontraba dentro del rango del 2% más seco desde que existen registros, situación que se sumó a una menor generación eólica y solar durante el período invernal. “El avance de Chile en la incorporación de energías renovables constituye un logro que debe ser valorado, pero una transición energética exitosa requiere avanzar también en seguridad de suministro, confiabilidad y competitividad”, comentó.
Por su parte, Francisco Gallego, prorrector de Gestión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), planteó que la discusión sobre seguridad de suministro excede el ámbito técnico y tiene efectos directos sobre el desarrollo del país. “Contar con energía segura, oportuna y a precios competitivos es fundamental para la productividad, el empleo y el bienestar de las personas. Las decisiones que tomemos hoy van a comprometer la infraestructura y las posibilidades de desarrollo de Chile durante los próximos 20, 30 o 40 años. La transición energética es uno de esos desafíos de largo plazo en los que la Universidad Católica tiene que aportar como un actor transformador, y, de esta manera, poner sus capacidades al servicio del país”, destacó.
En tanto, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, abordó el desafío que representa para la operación del sistema la creciente inserción de energías renovables junto con el retiro de centrales convencionales. “La seguridad eléctrica no consiste sólo en responder a la contingencia. Consiste en identificar anticipadamente los riesgos, disponer de herramientas para gestionarlos y coordinar a los actores necesarios para evitar que una condición de estrechez interrumpa el sistema”, afirmó.
En su presentación, el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ramón Castañeda, se refirió a la velocidad con que está cambiando la matriz y a las implicancias que ello tiene para la operación. Graficó que el sistema cuenta hoy con cerca de 5.000 MW de almacenamiento, de los cuales unos 2.700 MW ya se encuentran en operación y el resto en pruebas, una escala alcanzada en pocos años. “Esas baterías están moviendo hoy prácticamente la misma cantidad de energía que mueven los embalses. Y los embalses tomaron 50 años”, resaltó.
Castañeda explicó que la ley define la calidad del sistema eléctrico a partir de tres componentes, suficiencia, seguridad y calidad del servicio; y puso énfasis en la suficiencia, entendida como la capacidad de las instalaciones para abastecer la demanda. Sobre este punto, planteó que no se trata únicamente de infraestructura, sino también de gestión, y que buena parte de los factores que la determinan corresponden a decisiones de privados habilitadas por contratos de largo plazo y por las señales que entrega el marco regulatorio.
Por último, el ejecutivo se refirió al rol del diésel como respaldo del sistema y a los aprendizajes en materia logística: un estudio recientemente compartido con la industria caracterizó la cadena de reposición de combustible por zonas del sistema, constatando que hasta un 17% del consumo nacional de diésel puede destinarse a generación eléctrica en períodos de estrechez, y que el tiempo de reposición más frecuente hacia las centrales es de 18 horas. “La seguridad requiere anticipar cuánto diésel puede llegar a la central y en qué plazo”, puntualizó.
Panel de conversación
Hacia el cierre de la instancia se realizó un panel que contó con la participación del secretario ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Mauricio Funes; la gerente de Energía de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Verónica Cortez; el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Ramón Castañeda; el gerente de Energía de Colbún, Juan Eduardo Vásquez, donde se discutió sobre si el nivel de seguridad con que opera hoy el sistema es el eficiente; y moderado por el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica y representante de la Cátedra UC-Colbún, Matías Negrete.
En la instancia, el secretario ejecutivo de la CNE dijo que el episodio ocurrido en el mes de julio debe servir para abrir una discusión que el sector ya venía madurando y que excede la contingencia puntual, que es cómo compatibilizar el principio de seguridad con criterios de eficiencia económica. “El desafío es cómo logramos alcanzar ese nivel de seguridad a través de mecanismos eficientes”, planteó, y agregó que existe una pregunta previa que el sistema todavía no ha resuelto: “¿Qué nivel de riesgo estamos dispuestos a tolerar como sistema?”.
Desde la perspectiva de los grandes consumidores de energía, Verónica Cortez, gerente de Energía de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, abordó la necesidad de separar dos discusiones que tienden a mezclarse: el nivel de seguridad que el sistema debe entregar y la eficiencia con que ese nivel se provee. “La norma define un nivel de seguridad y deberíamos buscar la manera más eficiente de proveer esa seguridad. Lo que no vemos hoy es que haya eficiencia en la solución”, afirmó.
Cortez planteó que, una vez identificada la brecha en cada componente, hay soluciones de corto plazo asociadas a mejoras operacionales para las que ya existen herramientas, y otras de largo plazo vinculadas a planificación que requieren cambios legales. Sostuvo además que las decisiones de inversión de los privados operan hoy sobre un mercado condicionado por definiciones de política pública que es necesario revisar.
En tanto, Juan Eduardo Vásquez, gerente de Energía de Colbún, se refirió a la brecha entre la velocidad del cambio tecnológico y la capacidad del marco normativo para adaptarse. Graficó que el sistema pasó de incorporar del orden de 300 MW cada cuatro o cinco años a inversiones cercanas a 3.000 MW anuales en baterías durante los últimos tres años. “La tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que avanza nuestra capacidad de mejorar la normativa y la regulación”, planteó.
El ejecutivo planteó que los plazos actuales para habilitar nueva infraestructura superan los seis años, un horizonte que resulta difícil de conciliar con un sistema que se transforma cada dos años, y advirtió que ello puede llevar a construir soluciones que dejan de ser las adecuadas al momento de entrar en operación.
En materia de respaldo, Vásquez mencionó que junto al diésel es necesario revisar las condiciones para el uso del gas natural. Explicó que las restricciones vigentes inhiben decisiones comerciales de abastecimiento, dado que un generador debe comprometer un cargamento con meses de anticipación sin certeza de poder utilizarlo. “Hemos puesto restricciones que impiden ejercer libremente las opciones de abastecimiento”, afirmó.
