La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la iniciativa «Estatuto Constitucional de la Energía», donde se plantea los deberes del aparato estatales en materia de energía e institucionalidad, por lo que próximamente será votada en particular.
En el texto se señala que la actual Constitución «no tiene garantía de accesibilidad o equidad de acceso a la energía y sus respectivos servicios básicos. En términos de planificación en el sector eléctrico, la matriz de generación de nuestro país actualmente está a merced del portafolio de proyectos más rentables para los privados, sin visión de interés público, seguridad, ni liderazgo del Estado».
«La energía, al igual que el agua y los alimentos, proporciona servicios vitales para la salud y bienestar de las personas, por lo que el acceso universal a una energía “asequible, segura, sostenible y moderna“, y la protección ante posibles eventos perjudiciales (como por ejemplo, los cortes de suministro), deben ser garantizados por el Estado a todas y todos los habitantes del territorio nacional, tal como fue acordado por los países miembros de las Naciones Unidas por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».
Propuestas
En el texto se propone que es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades de subsistencia, así como desarrollar actividades domésticas que resguarden la salud, seguridad y su buen vivir.
También se plantea asegurar la sostenibilidad, provisión y asequibilidad de los servicios energéticos a toda la población, promoviendo el uso de tecnologías limpias y eficientes, en concordancia con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.
«El Estado cumplirá un rol de agente activo en el sector energético a través de sus instituciones públicas, como fiscalizador y regulador del mercado energético, desarrollando o concesionando obras de generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía, así como promotor y planificador de políticas y planes que resguarden la seguridad energética y el uso eficiente de la energía en todos los sectores de consumo energético, reconociendo el rol del sector energético en la crisis climática y ecológica», se indica.
La otra norma que fue aprobada en general es sobre institucionalidad, en que se sostiene: «El Estado, por medio de la Ley, debe establecer la institucionalidad necesaria para cumplir con los deberes del Estado en materia energética, disponiendo de información actualizada y transparente, así como velar por la participación abierta e inclusiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, entre otras que la Ley determine».