(Pulso) La línea de transmisión Polpaico-Cardones, que supone una inversión superior a los US$1.000 millones y que se espera esté operativa en 2019, ha ido encontrando nuevos escollos en el camino, mientras los plazos se han ido acortando.
[Municipio de Zapallar sufre revés en TA por tendido de Interchile]
La semana pasada venció el plazo para que los servicios públicos hicieran observaciones a la Adenda complementaria presentada en junio por Interchile, la empresa a cargo de la iniciativa, etapa que derivará en una tercera Icsara o posiblemente en una convocatoria para la votación del proyecto.
Hasta ahora, sólo han manifestado su conformidad con la Adenda la Seremi de Vivienda de Valparaíso, la Dirección General de Aguas (DGA), Sernatur y la Seremi del MOP de Santiago, mientras que otras entidades, principalmente municipalidades, mantienen sus reparos.
Una de las más duras es la municipalidad de Limache cuyo alcalde, Daniel Morales, mantiene que el proyecto debe ser rechazado.
Según Morales, el material entregado hasta ahora por Interchile “carece de información relevante y esencial y la continuación en la tramitación implica vulneración de garantías y derechos de los habitantes de la comuna de Limache”.
“En general sostenemos iguales argumentos en relación a la génesis del proyecto que se relaciona con la justificación del mismo: la transmisión eléctrica para la gran minería privilegiando el trazado cercano a grandes pertenencias mineras sin advertir en las alternativas ambientales que justifiquen el proyecto”, añadió la autoridad comunal en el documento enviado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La alcaldesa (s) de Freirina, Andrea Callejas, pidió que se incorpore en la línea de base a la comunidad diaguita Chiapasse Ta Tatara, aunque no pidió formalmente que se realice una nueva consulta indígena por esta situación.
“Considero necesario efectuar un estudio donde se proponga una alternativa, que no afecte o altere a esa comunidad”, señala el documento firmado por la máxima autoridad comunal de Freirina.
Arista parlamentaria
En paralelo a la evaluación ambiental, la comisión de Medio Ambiente de Senado ha iniciado un análisis sobre los impactos de este proyecto, para lo cual citó a tres consultoras para que entreguen su visión al respecto.
El primero de ellos, el biólogo Salvador Donghi, manifestó que el trazado propuesto “sería contrario a los principios básico de la Unesco y a lo propuesto por Chile con respecto a la ampliación de la Reserva Mundial de la Biósfera -Parque La Campana-Peñuelas”. Agregó que el trazado no considera el “Principio Precautorio dados los daños a la salud de la población provocados por estos impactos”.
La consultora Maia Seeger, de SustentaRSE, ve “incompatibilidad territorial” en el desarrollo de la iniciativa, por cuanto el trazado divide el territorio jurisdiccional de la comuna de Zapallar en dos partes. El proyecto, a su juicio, “ocupa una superficie territorial de más de 100 hectáreas; afecta a áreas rurales normadas (AIS) y la Zona de Protección Ecológica denominada Bosques de Zapallar, y contraviene la Ordenanza General de Protección y Conservación del Medio Ambiente de la Comuna de Zapallar”.
“El proyecto reconoce afectar las dinámicas de desplazamiento dentro del territorio, causando alteración de los flujos de conectividad de los grupos humanos dentro y fuera del territorio, añadió la consultora.
El abogado Juan Carlos Urquidi, también de SustentaRSE, añadió que el proyecto tiene falencias como que su EIA es “técnica y jurídicamente erróneo, incompleto, insuficiente, contradictorio, discriminatorio y no ajustado al marco regulatorio y reglamentario vigente”, y que el proceso de participación ciudadana ha sido “insuficiente, parcial, confuso, desinformado, no vinculante y de tono amedrentador”.
Desde el Gobierno, en tanto, han planteado que se han reunido con la totalidad de los alcaldes de las comunas por las que pasa la línea para intentar llegar a acuerdos que permitan destrabar la oposición que se ha generado.
Pacheco explicó que de acuerdo con los plazos acordados con Interchile -filial de la estatal colombiana ISA- está comprometida la obtención del permiso ambiental y que la entrada en operaciones está fechada en enero de 2018. Si no cumple proceden multas millonarias.