(Diario Financiero) A inicios de septiembre del año pasado y en vista de la fuerte desaceleración de la economía -con un desplome de más del 6% en la inversión-, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, encargó al comité de ministros del área económica implementar 27 medidas para destrabar proyectos por unos US$ 6.000 millones, iniciativas identificadas a partir de catastros levantados entre el gobierno y gremios del sector privado, como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
El 31 de marzo de este año, la instancia entregó a la jefa de Estado un informe con el cumplimiento de las 27 medidas, texto que deberá ser aterrizado por el denominado comité pro inversión creado a inicios de diciembre de 2014.
Dicho grupo -que funciona de manera paralela al comité de ministros- era por entonces liderado por el asesor de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Patricio Tapia, al estar la instancia radicada en dicha repartición.
El comité está encargado del seguimiento y control de la gestión para agilizar la materialización de iniciativas de inversión y es integrado por representantes de los ministerios de Interior, Defensa, Hacienda, Segpres, Economía, Educación, Trabajo y Previsión Social; Obras Públicas, Agricultura, Minería, Transportes y Telecomunicaciones; Bienes Nacionales, Energía y Medio Ambiente.
El 19 de junio, eso sí, se marcó un hito clave: la gestión del comité pasó desde Hacienda a Economía, justo en momentos en que se levantaba un segundo catastro de obras a agilizar, con una mirada y criterios más amplios en relación al primer diagnóstico de fines del año pasado.
¿El resultado? Una cartera considerablemente mayor. Según la lista en los que trabaja el comité -a la cual tuvo acceso Diario Financiero-, las 96 iniciativas hoy en análisis bordean los US$ 65.000 millones, cifra diez veces superior al diagnóstico de fines de 2014.
En un oficio con fecha 15 de septiembre, la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Economía, Ana Vargas, dio acceso a los proyectos en cuestión -previa orden de la subsecretaria Katia Trusich-, afirmando que el comité «reitera su preocupación por estimular la inversión privada y pública como base del progreso del país», destacando la «necesidad» de tener una institucionalidad «más eficiente» para autorizar los proyectos de inversión y que sean «compatibles» con las nuevas regulaciones.
Las iniciativas
En concreto, en la cartera de inversiones destacan proyectos en energía, como la expansión de la línea de transmisión Cardones-Polpaico de Interchile y el Grupo ISA, y la central termoeléctrica Santa María de Colbún, ambos por US$ 1.000 millones.
En la cartera se incluye también el polémico proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de AES Gener, por US$ 700 millones.
En minería, en tanto, se contemplan varias iniciativas millonarias de Codelco, como la expansión a la explotación de sulfuros en la División Radomiro Tomic por US$ 5.400 millones, y el nuevo nivel de la mina El Teniente, por US$ 4.831 millones, entre otros.
El oficio reconoce que el comité no ha afinado aún un cronograma con los plazos a seguir para destrabar los proyectos en cuestión.
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