(Diario Financiero) Más de 340 observaciones llegaron al proceso de consulta por el plan de expansión para el sistema de transmisión eléctrico que está impulsando la Comisión Nacional de Energía (CNE), y que involucra inversiones por sobre los US$ 3.170 millones. El secretario ejecutivo de la entidad, Andrés Romero, dijo que sólo hay una que cuestiona la idoneidad de levantar una nueva línea de transmisión, principal obra incluida en el informe preliminar.
Respecto a la intensividad del capital requerido, el secretario ejecutivo de la CNE asegura que el costo a pagar por los consumidores, principalmente clientes libres, es significativamente inferior a lo que pasaría de no llevar adelante la iniciativa.
– ¿A qué se debe el gran número de observaciones del plan?
– Del total de las observaciones, más del 90% son de carácter técnico-especнfico. Estamos sosteniendo reuniones con las empresas, por lo que creo que la mayorнa de éstas van a ser adecuadamente resueltas. Si ambas partes no nos convencemos, las empresas pueden ir al panel de expertos. Puede ser una cifra grande, pero como tenemos incorporada la trasmisión zonal, hay mucha observación pequeña.
– ¿No existen comentarios de oposición a la nueva línea de transmisión?
– Hay una observación de Collahuasi respecto a la real necesidad de este sistema. Nos vamos a reunir con la empresa para demostrar que los problemas que puede tener el país de no contar con este sistema son mayores a los costos que esta línea genera.
– ¿Han habido quejas por el monto de la inversión?
– La primera noticia es un plan de expansión de US$ 3.000 millones, por lo que razonablemente el mundo minero y de los grandes clientes dice ‘oye, tengo que pagar esta cuenta, no me gusta’. Ahora, cuando mostramos los números los ánimos cambian.
El costo de nuestro plan, en promedio, es de US$ 1,1 MWh de costo adicional. Los beneficios superan ampliamente el costo adicional, porque con esto se garantiza una mayor resiliencia del sistema.
Les dijimos a los mineros: ‘Venimos de una trayectoria de US$ 100 el MWh, estamos llegando a los U$ 50 el MWh y asegurar un plan de transmisión nos permite seguir en la senda de reducir, y porque no, llegar a los US$ 30 el MWh como vimos en la última licitación’. Así la conversación es distinta, porque el costo va a ser US$1,1, pero los beneficios estarán entre US$ 10 y US$ 20.
– Respecto a la subestación entiendo que existen más reparos
– Hay una parte de la industria que está muy de acuerdo, como Enel y Gener, pero hay otras como Colbún y Engie que presentaron reparos de incluir una subestación dentro del plan. Nosotros estamos analizando qué pasa si posponemos un año la decisión, y si los beneficios económicos que estamos viendo no se afectan con esta suspensión. Creo que este elemento, que es novedoso, requiere de una discusión amplia con la industria.
– Pero hay comentarios de que la ley no permite la inclusión de estos sistemas
– Estamos convencidos no sólo de las capacidades legales, sino que de los enormes beneficios que tendrán a futuro estos sistemas como opciones distintas a la transmisión para generar alternativas más seguras y económicas para una red que es más compleja, por la irrupción de las renovables. Sin embargo, probablemente lo vamos a posponer para el próximo plan y darnos este aсo para generar una discusión amplia con toda la industria. En Inglaterra ya se incorporó un sistema de almacenamiento como solución de transmisión. Tenemos que considerar que por precio se va incorporar más energía solar y eólica. Una solución es que sigamos construyendo líneas, pero no caben 4 у 5 sistemas de transmisión en el país.
– También hay reparos respecto al poco tiempo que se incluyó en la ley para plantear observaciones
– Estoy muy de acuerdo con que probablemente se tenga que hacer un ajuste a la ley respecto a los plazos. Es un proyecto que se habló con muchos actores, pero todas las leyes son perfectibles. En las reuniones con el Consejo Minero y otros actores hemos dicho, démonos estos 30 días para tener reuniones técnicas en la que nos podamos convencer independiente de las comentarios planteados.
– ¿Hay premura en impulsar las obras, como parte del legado de la presidenta Bachelet en el tema energético?
Esa es una lectura de desconocimiento profundo de la ley. Yo creo que el legado de la presidenta Bachelet en esta materia no está asociado al plan de expansión: son conocidos y públicos la baja en los precios de la energía, la movilización del mercado del gas y la interconexión del sistema.
Gobierno insiste en que se debe avanzar en una nueva línea de transmisión
Los problemas y retrasos vistos en la construcción de la línea de transmisión Cardones-Polpaico fueron una de las razones principales que llevaron al gobierno a incluir una nueva línea, que entraría en operación recién en 2030, en el nuevo plan de expansión.
Según las proyecciones de la CNE, se estima que el informe final recién podría estar listo a medidados de 2018, cuando ya se encuentren las nuevas autoridades a cargo. Luego de la toma de razón del plan, hay tres años para la evaluación estratégica y los estudios de franja, lo que sumado a la preparación de las bases y posterior licitación y adjudicación del mismo, estarían recién para el 2023.
Por tanto, se está considerando que la construcciуn de esta mega obra serнa entre 2024 y 2030, lo que justificaría la holgura con la que se está planificando. «Estos son los plazos que hay que considerar. Pensar que las cosas se hacen con los plazos de antes ya no es correcto», asegura Andrés Romero de la CNE, y agrega: «No tenemos duda que si no disponemos de este proyecto en el plan estaremos atrasados. De hecho, el propio Coordinador Eléctrico lo plantea en las últimas propuestas».
Este fue uno de los puntos observados respecto al plan de expansión, ya que no se puede descartar que en los próximos años aparezcan tecnologías disruptivas que cambien el escenario. Ante esto, el secretario ejecutivo de la CNE dice que la ley es clara en establecer que la autoridad puede revocar en el futuro la decisión mientras no se hayan consolidado ciertos derechos. «Lo que no puede pasar es que demoremos la decisión, que en cuatro años ratifiquemos que es buena la línea, pero ahí no llegamos al 2030 y los perjuicios son absolutamente mayores», sostiene Romero.
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