En medio de la estrechez del abastecimiento eléctrico, que perdura a causa de los recortes en los envíos de gas natural argentino, que obligaron a utilizar diesel como sustituto y volcar la matriz de generación del país hacia fuentes termoeléctricas, las autoridades siguen tomando medidas que aseguren que se podrá actuar con la suficiente rapidez en caso de que las complicaciones sean mayores.
En esta oportunidad, la Presidenta la República, le solicitó a la Contraloría General de la República que autorizara a cumplir antes de la toma de razón lo dispuesto en los decretos de racionamiento, contemplados en el artículo 163 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
En el oficio que recibió el organismo, el 12 de octubre recién pasado, el Ejecutivo explica que la petición está enmarcada en “un escenario de estrechez energética con motivo de las restricciones de gas natural argentino”, situación que -agrega- es de público conocimiento.
En el texto se indica también que la autoridad ha señalado que es “de indispensable necesidad de contar al efecto con todos los instrumentos contenidos en dicha normativa”, en caso de “producirse o proyectarse fundadamente un déficit de generación en un sistema eléctrico, a consecuencia de fallas prolongadas de centrales eléctricas o situaciones de sequía”.
Con esta autorización, el gobierno busca estar en condiciones de actuar a tiempo, en caso de que las condiciones de abastecimiento de gas natural, diesel o la hidrología lleguen a tal nivel de fragilidad que obliguen a actuar como en 1998, cuando a raíz de la sequía se decretó racionamiento en el Sistema Interconectado Central (SIC). Lo mismo establece en caso de producirse un hecho fortuito a nivel de la generación.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Rodrigo Iglesias, señaló que la solicitud es “lógica”, pues persigue normalizar la situación, ya que antes la Ley facultaba la activación automática de las medidas asociadas al racionamiento, una vez que éste se dictaba. Sin embargo, esta condición se perdió a raíz de la modificación de la Ley de Contraloría, que exigía la toma de razón como requisito para la entrada en vigencia de las acciones.
Esta medida se suma a otras acciones que el gobierno ha llevado a cabo para asegurar el abastecimiento. Una de ellas fue la publicación del reglamento del decreto 90 bis, que permite a las generadoras entregar premios a los consumidores residenciales por ahorros de consumo.
Escenario estrecho
Aunque en el gobierno descartan que la resolución de la Contraloría esté anticipando una situación de racionamiento, los especialistas no piensan lo mismo.
Estiman que la fragilidad con que actualmente está operando el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), pudo haber sido el incentivo perfecto para que justamente ahora las autoridades realicen este “trámite administrativo”, que -según reconocieron- podía haberse hecho hace más de un año.
Lo que ellos tienen claro es que difícilmente habrá un incremento en los envíos de gas desde Argentina, lo que en el SING obligará a mantener la sustitución con diesel y seguir utilizando intensivamente las centrales carboneras, con el consiguiente riesgo de falla.
Las generadoras del norte han dicho que este ritmo les impide hacer mantenciones a esos equipos, lo que en esa zona es más riesgoso aún ya que, a diferencia del SIC, en el SING no hay capacidad hidroeléctrica de respaldo.
Fuente: Diario Financiero.