(Pulso) El investigador asociado del CEP, Ricardo Katz, analizó las implicancias que tendría en la política ambiental los impuestos verdes propuestos por el Ejecutivo. Y fue categórico: “Los tributos verdes que se proponen presentan aspectos discriminatorios, pues en el caso de las fuentes fijas, sólo afectan a calderas y turbinas, y en el caso de las fuentes móviles, únicamente a los vehículos livianos diésel”.
El impuesto a las emisiones de fuentes fijas propuesto aplica un impuesto de US$5 por tonelada de emisión de CO2 proveniente de fuentes termoeléctricas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MW.
“Los impuestos sobre las fuentes fijas introducen variables difíciles de estimar, sobre las cuales no hay consensos metodológicos, y con grados de discrecionalidad importante. De hecho, la determinación final de la tasa es atribución de los ministerios de Medio Ambiente, Transportes y Energía, además de la Superintendencia del Medio Ambiente. No se establece si estas intervenciones serán objeto de participación ciudadana, como es el caso de las regulaciones ambientales”, afirma el informe de Ricardo Katz.
Añade que los costos de implementación de estos impuestos deberían ser relevantes y generarían la necesidad de crear equipos de monitoreo continuo en las fuentes afectadas. Además, afirma que de las estimaciones realizadas, el impuesto que alcanzaría una mayor magnitud es el relacionado con las emisiones de CO2.
“Dada que la determinación del impuesto por emisiones contaminantes es directamente proporcional a la cantidad de personas afectadas, esto debería ser un incentivo a la localización de fuentes emisoras en áreas despobladas”, dice el experto del CEP.
Para Katz, en el caso de las fuentes móviles, no deberían tener incidencia en la emisión, sino que en el costo de los vehículos y por lo tanto sólo es un instrumento de recaudación. “En rigor, el impuesto debería orientarse a llegar al mismo nivel del impuesto específico de las gasolinas (puede ser gradualmente), con una corrección por emisión, especialmente en relación con las emisiones de MP en zonas urbanas”, precisa el experto.
En efecto, la reforma tributaria introduce un impuesto adicional a la importación de vehículos livianos más contaminantes, que utilicen diésel como combustible, con el objetivo de incentivar el uso de vehículos menos contaminantes.
“No se entiende por qué discrimina entre tipo de vehículos aplicándolo sólo a los vehículos livianos, básicamente automóviles y camionetas. Desde una perspectiva ambiental, salvo la decisión en el margen de no comprar un vehículo diésel por el aumento de precio, el impuesto no es un incentivo para contaminar menos”, remata Katz.