“El tema del agua es complejo y requiere la acción de múltiples organismos públicos con diversas competencias”, explica el abogado Pedro Lagos quien lidera el área Ambiental y Regulatoria de Arteaga Gorziglia acerca de la contingencia que modifica el actual Código de Aguas, donde prioriza el uso público de este recurso natural.
El especialista también señala que se trata de un tema complejo de abordar y “se debiesen simplificar los procedimientos establecidos actualmente en el Código de Aguas, y por otra, separar en forma clara las atribuciones que tienen distintos organismos públicos en torno al recurso hídrico”.
¿Qué análisis hace del actual proyecto que se ve en el Senado?
El actual proyecto introduce cambios importantes en el mercado del agua. Fortalece el carácter de bien nacional de uso público del agua, establece sanciones nuevas, prioriza el consumo humano, así como la función ambiental y social del recurso hídrico, entre otros. Sin embargo, debido al largo período de tiempo que lleva tramitándose (más de 10 años), es un proyecto que llega tarde y tendrá importantes barreras de implementación, tanto para los particulares en cuanto a la protección de sus derechos de aprovechamiento de agua como a nivel de la Dirección General de Aguas en cuanto a la fiscalización y carga de trabajo.
Tal como está el proyecto, ¿Qué impacto tendría para la hidroelectricidad y el desarrollo de proyectos?
La temporalidad de los derechos, la priorización del consumo humano, las sanciones de caducidad y extensión serán desafíos para el sector hidroeléctrico, que ha gozado de un régimen estable de derechos de agua bajo el orden jurídico actual. Lo anterior se suma a un problema objetivo: la disminución de las lluvias y las reservas de nieve, disminución de la cantidad de agua de los embalses, entre otras cosas. Esto significa menos caudal y disponibilidad del recurso. Es posible anticipar una salida paulatina, y cada vez más rápida, de la generación de energía eléctrica a través de centrales de pasada para dar paso a otras fuentes de generación. Esto es relevante, pues en el contexto del plan de descarbonización de la matriz, si la sequía se extiende y afecta la generación hidroeléctrica, menos centrales a carbón se cerrarán, puesto que tiene que asegurarse el suministro eléctrico de una u otra forma.
¿Qué efectos tendrían estos cambios en la actividad minera?
La industria minera se ha anticipado con inversión y estrategias de largo plazo para enfrentar los desafíos de la sequía. Sin embargo, ciertas modificaciones al régimen de los derechos de aprovechamiento de aguas como, por ejemplo, la categorización de usos, pueden postergar e impactar de manera negativa a la industria minera.
A su juicio, ¿falta incorporar otro elemento para esta regulación?
El tema del agua es complejo y requiere la acción de múltiples organismos públicos con diversas competencias. Por lo mismo, por una parte, se debiesen simplificar los procedimientos establecidos actualmente en el Código de Aguas, y por otra, separar en forma clara las atribuciones que tienen distintos organismos públicos en torno al recurso hídrico.
¿En qué pie quedaría esta reforma ante un escenario de nueva Constitución?
La reforma dará luces a la convención, pero nada garantiza que la convención no rearme el escenario de la regulación del mercado del agua. Esperemos que sea la reforma la que guíe las disposiciones que se incorporen en la constitución y no al revés, ya que, de lo contrario, la reforma quedará en cierto sentido en suspenso o incluso sin aplicación, si luego se ve afectada totalmente por la Constitución. Lo que no podemos hacer es seguir esperando para enfrentar los desafíos en materia hídrica, por lo imprescindible que es este recurso para el país.