(Pulso) Han sido semanas intensas para el mundo de la energía. Hace unas tres semanas, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, dio a conocer la Agenda Energética, un grupo de iniciativas y proyectos de ley que tienen por objetivo aumentar la competencia en el sector y bajar los costos de la energía. Un desafío que el presidente de Colbún -la generadora del grupo Matte-, Bernardo Larraín, califica de ambiciosa y que celebra “porque establece metas claras, lo que permite anclar la discusión en algo que es importante para todos, como son los costos de la energía”. Pero la Agenda Energética no es lo único que lo mantiene ocupado por estos días. El próximo martes 10 de junio, el Comité de Ministros zanjará el futuro del emblemático proyecto hidroeléctrico HidroAysén, donde Colbún es socio con Endesa.
Este martes se zanjará el futuro de HidroAysén en el Comité de Ministros, ¿qué espera?
Primero, no tiene sentido especular sobre una resolución que saldrá en 4 días más. Segundo, no hay que dramatizar esa resolución, porque esta es una etapa más de la institucionalidad ambiental y en función de la resolución que el Comité de Ministros adopte, los distintos actores que están participando podrán definir si recurren a la instancia siguiente que es el Tribunal Ambiental, que fue creado hacia fines del primer gobierno de Bachelet, y que precisamente tuvo como propósito completar la institucionalidad ambiental con una instancia especializada que integre en sus decisiones criterios legales, técnicos y científicos. Y tercero, lo más relevante para la discusión país sobre el desarrollo del potencial hidroeléctrico de Chile, incluido el de Aysén, son los procesos contenidos en la Agenda: la zonificación territorial de cuencas y el proceso de política energética participativo; ahí es donde Chile debiera enfrentar el tema.
Y después del Tribunal Ambiental viene la Corte Suprema, donde ustedes ya ganaron una vez, ¿les da confianza eso?
Es pertinente analizar la tramitación ambiental de HidroAysén a la hora de reflexionar sobre cómo el Estado ha actuado en relación a la institucionalidad ambiental. Se dice que la institucionalidad no ha dado el ancho y se debate sobre su perfeccionamiento: zonificación territorial, evaluación ambiental estratégica y participación ciudadana temprana. También se dice que las empresas no han dado el ancho, y que deben iniciar más temprano la socialización de los proyectos. Ambas discusiones legítimas. Se habla menos, sin embargo, sobre las acciones y omisiones del Estado, que en algunos casos han debilitado fuertemente la institucionalidad ambiental. Una institucionalidad puede ser adecuada, pero puede ser mal administrada. Y ha sido así en muchas situaciones. Nadie discute hoy que la resolución del Presidente Piñera en Barrancones infringió un daño a la institucionalidad ambiental. También en el caso de HidroAysén, un proyecto que se ingresa a evaluación ambiental en agosto de 2008, en un contexto donde la política energética del gobierno de la época indicaba que era un imperativo estratégico desarrollar el potencial hidroeléctrico del sur del Canal de Chacao. Fue sujeto de 4 mil observaciones de 35 servicios públicos durante dos administraciones. Se aprueba en mayo de 2011; se somete a una gran cantidad de recursos judiciales de los cuales el 100% son fallados a favor de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluida la Corte Suprema que la valida. A pesar de todo lo anterior, y teniendo un plazo legal perentorio de 60 días, el Comité de Ministros, después de casi 3 años, se reúne y resuelve sólo parcialmente. En definitiva, después de casi 6 años estamos a 4 días de que la parte de la institucionalidad que administra el poder ejecutivo, dicte una resolución definitiva. Más allá del sentido de la resolución que se adopte, estos procesos, así como muchos otros de proyectos de distintos tamaños y tecnologías, debiera preocuparnos por el daño que se le infringe a la institucionalidad ambiental. Es importante re-legitimar la institucionalidad ambiental, promoviendo los perfeccionamientos que en parte se plantean en la Agenda Energética, y tan importante como lo anterior, que todos los actores actuemos dentro de ella, con mejores estándares y de acuerdo al marco regulatorio.
Se filtró que lo más probable es que el Comité de Ministros deje sin efecto la RCA, ¿ese sería el peor escenario?
No hay que especular.
Sin especular, ¿ven su RCA como un activo que van a defender?
Nosotros como HidroAysén hicimos una comparecencia ante el Comité de Ministros donde dejamos establecidos nuestros argumentos en el sentido que usted dice. Cualquier actor diligente debe velar por el valor de sus activos que se basan en un trabajo de los últimos 8 años de muchos profesionales, instituciones y consultores de primer nivel.
Le pregunto por la defensa de la RCA: su validez es por 5 años, y desde que se les entregó ya han pasado tres.
Usted dice un hecho objetivo. Por razones exógenas al titular, han pasado tres años de los cinco de vigencia que tiene la RCA, sin mediar ninguna acción u omisión del titular del proyecto.
Se ha especulado que, si les fuera mal en el Comité de Ministros, una posibilidad sería demandar al Estado ante el Ciadi.
Como empresa chilena tenemos plena confianza en la institucionalidad en Chile, sin perjuicio que tanto el Estado como las empresas hemos pasado por un proceso de adaptación a un nuevo contexto, que no ha estado exento de dificultades.
Agenda Energética
A tres semanas de anunciada la agenda energética, ¿cómo cree que ha decantado el debate?
No hay duda que es una agenda ambiciosa. Lo que es bueno porque establece metas claras, lo que permite anclar la discusión en algo que es importante para todos cómo son los costos de la energía. Cuando se ancla la discusión en algo tan sensible para todos se consigue visibilizar la discusión y movilizar acciones. El desafío es ver cómo se van bajando los enunciados de la agenda.
La agenda propone hacer una planificación territorial de cuencas y priorizar seis de ellas, ¿qué espera de ese proceso?
En el proceso de planificación territorial de cuencas para desarrollo hidroeléctrico será interesante ver cómo se baja ese proceso, qué cuencas se van a priorizar.
¿Qué criterios debiera tener esa definición?
Sería virtuoso un proceso como este si se aplica a cuencas donde hay dilemas y hay complejidades socio ambientales relevantes. Me refiero a cuencas que no están intervenidas, que a la vez tienen potencial hidroeléctrico relevante, pero también valores ambientales, de conservación o turismo. En esas cuencas es donde es especialmente valioso el ejercicio de planificación territorial. Y cuencas cuyo potencial hidroeléctrico tenga ciertos atributos que lo diferencien de la generación hidroeléctrica actual. Hoy, el 75% de la generación hidroeléctrica está concentrada en la zona centro sur, que es la más expuesta a una reducción en las precipitaciones por el cambio climático.
¿Se requerirá de valentía política para priorizar cuencas que realmente tengan potencial, aún cuando estas tengan un valor ambiental y turístico?
Y por eso se establece un proceso que es un cambio de paradigma, en que antes de evaluar los proyectos individuales se hace un ejercicio, de una macro zona, que contiene distintas cuencas, que tienen varias cosas a la vez: potencial hidroeléctrico, valores ambientales, potencial turístico. Hay que equilibrar dos propósitos, la participación, que es muy valiosa como ejercicio previo, con enfrentar discusiones y tomar definiciones que son complejas, cómo es qué hacer con el gran potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile. Y no me refiero sólo a Aysén. Hay un gran potencial hidroeléctrico en una macro zona que parte desde la Región de la Araucanía hacia el sur, y que tiene el atributo de no estar tan expuesta, como los ríos de la zona centro sur, a la volatilidad climática. Pero que a la vez tienen una riqueza ambiental y potencial turístico.
¿Qué es lo que no le gustaría que resultara de este ejercicio?
Lo que encontraría una postergación de la discusión relevante, sería priorizar cuencas ya intervenidas de la zona centro sur, que tienen proyectos potenciales futuros, pero que ya están siendo desarrollados o tramitados ambientalmente, o cerca de iniciar su tramitación. ¿Dónde debiera aplicarse este nuevo proceso? Donde mayor complejidad hay, donde mayor potencial hidroeléctrico hay y donde mayor usos alternativos hay.
Muchos esperaban en la Agenda que se diera cuenta de una definición respecto de la matriz energética, ¿lo echó de menos?
Se anuncia el proceso de política energética que va a dar lineamientos de matriz energética. Pensar en un plan a 15 años con una matriz energética muy precisa es no conocer la dinámica del mundo, no tiene mucho sentido, las cosas cambian, lo que se dan son ciertos lineamientos, prioridades, con la información que tenemos hoy día, por eso es relevante que esa formulación sea antecedida de un proceso participativo.
El ministro Pacheco dijo el miércoles pasado que estaba buscando adelantar la tramitación de alguno de los proyectos de ley, ¿cuál para usted es prioritario?
El proyecto de ley de eficiencia energética es relevante. Y otro muy relevante es el de transmisión, que por lo que se insinúa es un cambio bastante estructural, no solamente en lo que se refiere a la forma de definir la franja territorial por donde pasan los sistemas de transmisión, que era lo que contenía el proyecto de ley de carretera eléctrica, sino que también a través de un estudio con la Universidad Católica, va a analizar la regulación de la transmisión, cómo se tarifica.
El ministro en la Agenda parte de la base de que hay poca competencia en Chile. ¿Lo comparte?
Hay una realidad objetiva, en las últimas licitaciones de suministro de empresas distribuidoras, no ha habido suficiente dinamismo competitivo. Eso no necesariamente está relacionado con los niveles de concentración, que en Chile ha bajado en los últimos 30 años. Empresas interesadas en entrar en Chile ha habido varias y grades: E.ON intentó entrar con Castilla, Suez intentó volver al SIG con Barrancones, SN Power intentó hacer el proyecto hidroeléctrico Maqueo en el sur. ¿Por qué nuevos actores no han podido ingresar a Chile?, todos los que he mencionado hubieran participado activamente en las licitaciones de suministro. ¿Cuál es la principal barrera de entrada? La dificultad para hacer nuevos proyectos de generación.
De los que menciona, uno no pudo por judicialización, otro por la gestión del ex Presidente y el tercero por la oposición que generó.
No hay ningún proyecto que no esté expuesto a un entorno complejo, que no es sino la otra cara del desarrollo. Es un cambio de contexto que amerita un cambio de las empresas, pero también implica un cambio del Estado. Hay responsabilidad del Estado, la judicialización es un síntoma, ¿por qué se llega a que la Suprema resuelva un proyecto?, porque las instancias previas no lograron resolverlo.
O por qué los proyectos estaban mal presentados…
Todos tenemos que asumir autocríticas. El Estado tiene dos alternativas: o perfecciona la institucionalidad, o actúa dentro de ella. Lo que no puede hacer es actuar fuera de la institucionalidad porque la debilita.
El ministro Pacheco habla de que el Estadio no es neutral al desarrollo de los proyectos, ¿no teme que eso genere una mirada más política y menos técnica?
El desarrollo energético no debe ser visto con un criterio solamente técnico, los procesos participativos donde confluyen varios actores, son procesos políticos.