(El Mercurio) Cinco meses lleva Pedro Atria en la gerencia general de AFP Cuprum, período en el cual ha debido enfrentar complejos desafíos. Los cuestionamientos a la fusión Cuprum-Argentum, el análisis de la reestructuración societaria de Enersis y la evaluación de las propuestas de la Comisión Bravo para el sistema de pensiones son temas que aborda en su primera entrevista tras llegar a la AFP.
Frente al debate que genera Enersis, Atria es enfático al señalar que «las AFP tienen una responsabilidad fiduciaria y como Cuprum buscamos ser sumamente diligentes en velar por los intereses de nuestros afiliados».
-¿Qué les parece la reestructuración societaria de Enersis?
«Hemos tomado las acciones que estimamos correspondientes. Hemos evaluado la transacción propuesta con la información disponible. Pensábamos, y es la opinión de nuestros abogados, que era una transacción entre partes relacionada (OPR). Se lo planteamos así a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La SVS, que es el llamado por la legislación a interpretar, decidió otra cosa».
«Nosotros seguiremos evaluando las distintas acciones que nos corresponden. No necesariamente eso significa ir transmitiendo esas acciones por los diarios, ni tampoco que todo tenga que ir por la vía judicial. Se evalúa en cada caso y en cada momento qué es lo más conveniente para resguardar a nuestros afiliados».
-¿Consideran que tratar la operación como una fusión también resguarda el interés de los minoritarios, como dice la SVS?
«Si bien consideramos que el tratamiento que la SVS le dio a la operación es factible desde un punto de vista legal, lo óptimo habría sido que le fuera aplicable, además, el título XVI sobre OPR».
-La SVS recriminó que en la demanda de AFP Habitat no se acreditó el perjuicio que genera su definición en esta operación a los minoritarios.
«Dado que es una afirmación que se ha hecho en un juicio del cual no somos partes, prefiero no pronunciarme. En todo caso, el tratamiento de OPR busca precisamente evitar que se generen perjuicios antes que ocurran, utilizando los mecanismos de resguardo que establece la ley, que es lo que hubiera sido lo ideal en este caso».
-Y a su juicio, ¿aporta valor esta operación?
«No está toda la información para dar una visión definitiva».
-¿Y la evaluación preliminar?
«Hay una generación de potenciales conflictos de interés en el futuro, porque hay una serie de reestructuraciones en que va a haber relaciones de canje y otras transacciones en que hay asimetrías entre los distintos accionistas. Ahí se pueden producir conflictos de interés. Si esos conflictos quedan bien resguardados y se resuelven de buena manera, en principio, no debiera haber problema. Y por eso es importante que esos conflictos de interés estén bien resguardados y la OPR permitía eso».
«Ahora, no es que necesariamente sea la única forma. Si por otras vías se pueden resguardar los intereses de los minoritarios de forma equivalente (a una OPR), bienvenido sea».
«Nosotros confiamos en que la empresa irá entregando todos estos antecedentes y todos estos resguardos a medida que vayan avanzando las medidas y las distintas etapas con esta inversión».
-¿La valorización es uno de los conflictos?
«No sólo la valorización, también hay una serie de transacciones que involucran a la reorganización que lo van a hacer más difícil. Lo ideal sería poder evitar esas negociaciones posteriores si queda bien resuelto el tema hoy día. Eso se resolvía con el acuerdo que hubo el año 2012 con un vehículo único de inversión. Ahora se pueden generar ciertos conflictos que sería bueno resolver inmediatamente».
-¿Se ha resuelto alguno de estos conflictos en este tiempo?
«Hasta ahora no hay ninguna acción concreta para mitigar los conflictos de interés, pero entendemos que el controlador está abierto a revisar la transacción propuesta. Nosotros estamos disponibles para buscar fórmulas que mitiguen estos problemas por lo que esperamos poder dialogar y trabajar en el tema».
-Enersis propuso un plan en 2012, las AFP pusieron capital, y ahora esto cambia completamente ¿Sienta un precedente?
«Los negocios en Chile y en todas partes del mundo son dinámicos. Uno no tiene por qué a priori inmolarse con algo que en un período pudo haber sido la mejor alternativa. Si hay una propuesta mejor hoy, por supuesto que la evaluaremos. Si concluimos que es mejor, estaremos dispuestos a aceptarla. En eso estamos».
-¿Si la evaluación que hacen no es positiva?
«¿Si perjudica? No vamos a estar de acuerdo».
-Pero están los votos. Esto podría sentar precedente.
«¿Qué precedente? Es normal en todas las industrias hacer reorganizaciones, es normal que un controlador que tiene una estructura compleja quiera cambiarla a una más simple, que, a juicio de él, aumente el valor de la organización. Si ese mayor valor es cierto y se reparte equitativamente entre todos los accionistas, incluido los minoritarios, bienvenido sea».
-¿Es tan dramática la situación? Hay diferentes énfasis en la industria.
«Yo no le pondría adjetivos. Hay una propuesta hoy día sobre la mesa en que no está la información suficiente, que cambia un acuerdo que hubo poco tiempo atrás, y de los cuales, nosotros como minoritarios tenemos que asegurarnos que no perjudique a los afiliados».
SQM y cambio constitucional
«En el caso general del tema Cascada, nosotros estamos siguiendo atentamente cómo avanza en las vías judiciales conocidas», advierte Atria al declinar emitir una opinión sobre la multa a los directores de SQM.
En tanto, sobre el anuncio hecho por la Presidenta Michelle Bachelet respecto del proceso constitucional, el ejecutivo comenta que «siempre los cambios provocan incertidumbre (…) Sin duda, el accionista de Cuprum cuando decidió invertir en Chile analizó la situación del país y confió en el Estado de Derecho que existe en Chile. Hay confianza en las instituciones, en que las cosas funcionan como corresponde y esa confianza sigue estando».
La fusión, un proceso legítimo
Atria destaca que lo importante es que el tema se ha ido aclarando y que «las instituciones técnicas del Estado han ratificado una y otra vez, en el fondo, que este proceso se ajustó totalmente a la legalidad, y fue absolutamente legítimo».
«Aquí no hubo ningún atisbo de evasión ni de elusión. Fue un proceso transparente, abierto, siguiendo explícitamente toda la legislación vigente; no hubo ningún abuso de lo que la ley establecía», enfatiza.
Destaca que tanto el regulador del sector como el SII han ratificado la legalidad de la operación, opción que existe hace más de dos décadas: «Nuestro accionista la aplicó igual como se ha aplicado siempre».
La solución para mejores pensiones es ahorrar más
El ejecutivo reconoce que esta es una oportunidad para ayudar a los chilenos a mejorar sus pensiones, buscando cambios y reformas y traer las mejores prácticas del mundo: «La única solución al tema de las pensiones es mayor ahorro, por eso buscamos que nuestros afiliados ahorren lo más posible».
Su visión de la Comisión Bravo es clara: «Validó el sistema, hizo un análisis relevante sobre la situación y generó una serie de propuestas, algunas bastante interesantes y otras que son más bien reflexiones o declaración de intenciones, porque en el informe no aparece el análisis detallado de cuáles son esas propuestas, de las posibles consecuencias y externalidades». Por esto plantea que se deberán discutir las propuestas en profundidad.
Son cuatro las recomendaciones que valora: fortalecer el pilar solidario, cuidando que los cambios no afecten o desincentiven el ahorro de las personas; aumentar la tasa de contribución, aunque advierte que «es más discutible y hay que ver cuáles son los posibles impactos de que parte de ese aporte vaya a un fondo solidario; aumentar la edad de jubilación, y perfeccionar el APV colectivo.
Considera que existen otras que no aportan nada a elevar las pensiones, como la creación de la AFP Estatal y la reducción de la brecha de género. «No se le puede pedir el sistema de pensiones que corrija una serie de elementos que hay en la sociedad y que hay que mejorar».