(El Mercurio) «Considero que hay argumentos para declarar ilegal la manera en que resolvió los recursos de reclamación el anterior Comité de Ministros».
Así se refirió el abogado experto en derecho medioambiental, Luis Cordero, a la decisión del Gobierno de anunciar el inicio de un procedimiento invalidatorio de la resolución anterior del comité respecto de HidroAysén. «Lo que técnicamente procedía es que el comité resolviera todas las reclamaciones de una vez, porque unas están vinculadas con otras». Añadió que, al separar las reclamaciones, se genera la posibilidad de impugnaciones cruzadas que desordenarían el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Plazos
Sobre los plazos en que se vieron las reclamaciones (el comité tomó más de dos años y medio versus los 60 días que establece la ley), el también profesor de derecho administrativo en la Universidad de Chile señaló: «La regla general es que el incumplimiento de plazos no afecta la legalidad de un procedimiento administrativo, pero cuando estos son incumplimientos excesivos, la jurisprudencia de la Contraloría ha sido categórica en señalar que los funcionarios que incurrieron en esos retrasos tienen responsabilidad administrativa, porque implica incumplimiento de deberes manifiesto».