(El Mercurio) Región de Los Ríos, comuna de Panguipulli, 1994. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) hace su estreno como poder comprador y adquiere el fundo Tayos Bajos, en $52 millones. Se trata de un predio de 342 hectáreas, que se transfiere a la comunidad Ampaniguén. Esa vez, el fisco pagó $152 mil por hectárea, en una operación que se inscribe como el primer episodio de una política que acaba de cumplir 20 años.
Desde entonces, el Estado ha desembolsado $204 mil millones en compra de predios -equivalentes a 210 mil hectáreas productivas- para transferirlos a familias y comunidades que se identifican como pertenecientes a algún pueblo originario.
Pese a esta inversión, el conflicto mapuche del Biobío al sur no decae y prueba de ello es que el gobierno de Michelle Bachelet está embarcado en el diseño de una nueva institucionalidad para abordar la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Al cumplirse veinte años desde que comenzó la política de entrega de tierras, la Fundación Aitue -organización creada al alero de CorpAraucanía- presentó los resultados del estudio «Población Mapuche Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos», realizado entre el 1 de agosto y el 13 de septiembre de 2013 y que abarcó 1.211 encuestas en terreno aplicadas a mayores de 18 años que se autodefinen como mapuches.
Según el director ejecutivo de la Fundación Aitue, Nicolás Figari, la Ley Nacional de Desarrollo Indígena cumplió un rol importante, pero claramente no se ajusta a la realidad de hoy.
Un juicio similar existe en el Gobierno: La creación del Ministerio de Pueblos Indígenas cerrará el ciclo de la institucionalidad creada hace veinte años, señala la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, quien adelanta que esa nueva secretaría de Estado tendrá el rol de diseñar y coordinar políticas públicas, podrá disponer de capacidad de interlocutory tendrá iniciativa legislativa. Esto marcará una fuerte diferencia con la actual Conadi, que es un servicio dependiente y con competencias que se reducen, principalmente, a la ejecución de programas como la adquisición de tierras.
Mirtha Casas: Un campo con un dueño bien definido es claramente más productivo
El Estado utiliza dos mecanismos para asignar tierras a la población mapuche: subsidios familiares para la compra de tierra -asimilables a un subsidio habitacional- y la adquisición directa por parte del fisco de predios en conflicto, los que son asignados a las comunidades que los demandan, tengan o no títulos de merced. En este caso, se trata de títulos de propiedad colectiva.
Esta es una de las políticas que, según el estudio de la Fundación Aitue, está más alejada de los requerimientos de la población mapuche.
El 88,2% de los encuestados entre el Biobío y Los Lagos señaló que las tierras deberían asignarse a cada familia, y solo 10,7%, a la comunidad.
Esto tiene una explicación práctica: un campo con un dueño bien definido es claramente más productivo que uno comunitario, que le pertenece a todos, pero a la vez no le pertenece a nadie, señala Mirtha Casas, asistente social y asesora en materias indígenas de la Multigremial de La Araucanía.
A su juicio, los resultados de la encuesta dan cuenta de algo que nadie dice públicamente: la comunidad es un invento jurídico para acceder a predios más grandes, pero su raíz histórica es discutible. De hecho, la comunidad Ignacio Queipul, por ejemplo, se dividió en dos para efectos de adquisición de tierras, dando lugar a Temucuicui Autónoma y Temucuicui Tradicional; la comunidad Luis Marileo se dividió en I y II y la comunidad Los Lolocos, en Ercilla, históricamente no existía y, de todos modos, se le entregó tierras, según un estudio de la multigremial.
El concepto de comunidad que incorporó la Ley de Desarrollo Indígena exige que sus integrantes reconozcan una jefatura tradicional o provengan de un mismo poblado antiguo.
Una idea similar defiende Figari: «En uno de los casos que encuestamos, la persona tenía su título de propiedad familiar plastificado en señal de que el concepto de propiedad individual está muy asimilado en la población indígena», indica.
En 2011, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) calculaba que unas 70 mil hectáreas entregadas a comunidades indígenas habían salido del circuito productivo, pues se encontraban abandonadas o subutilizadas.
67% se declara partidario de poder arrendar las tierras
La Ley de Desarrollo Indígena impide a los pueblos originarios vender o arrendar sus tierras, salvo entre comunidades o personas de la misma etnia.
Consultados sobre este tema, el 53,2% de los encuestados señaló que los mapuches deberían tener derecho a vender libremente sus tierras y el 44,8% que no: «Hay una divergencia en este tema, no se puede inferir que haya una posición mayoritaria en uno u otro sentido», dice Figari, lo que se puede atribuir a que un número importante de mapuches establece un vínculo espiritual con la tierra.
Prueba de ello es que el 63% de los encuestados señaló que para mantener la cultura mapuche es necesario vivir del trabajo de la tierra.
Distinto es el caso cuando se les pregunta sobre la posibilidad de entregar los predios en arriendo: el 67,5% de los encuestados se declara partidario de incorporar esta posibilidad.
De hecho, algunas comunidades arriendan sus predios al margen de la ley, generando un mercado informal.
«Las tierras declaradas como indígenas no pueden ser arrendadas ni entregadas en hipotecas para garantizar operaciones de crédito. Cualquier modelo de negocio que permita a los propietarios de tierras ingresar en el mercado formal, lo entendemos como un camino hacia la inserción en el modelo económico actual», señala Andreas Köbrich, secretario general de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco.
53% cree que la entrega de tierras podría reemplazarse por otros beneficios
Si bien el Estado tiene varias líneas de financiamiento para el mundo indígena, el grueso de los dineros se destina a la compra de predios. El Presupuesto 2014 de la Conadi dispone de $45 mil millones para adquirir tierras y derechos de agua, y solo $7 mil millones para programas como el Fondo de Cultura y Educación Bilingüe y el Fondo de Desarrollo Indígena.
Consultados sobre la posibilidad de reemplazar la entrega de tierras por otros beneficios, el 53,7% se declaró partidario y el 44,2% contrario a una propuesta de esta naturaleza.
Según Juan Carlos Curinao, lonco de la comunidad Guañaco Millao y presidente del Área de Desarrollo Indígena (ADI) de Ercilla, en un sector del mundo mapuche existe conciencia de que la política de entrega de tierras tiene límites y que en algún momento deberá reemplazarse o complementarse con otro tipo de beneficios: «Es posible reemplazar la restitución de tierras, porque es poco el terreno que va quedando para reivindicar en algunas zonas», indica.
A esto se suma -agrega el dirigente- que la legislación es demasiado laxa para dividir o constituir nuevas comunidades, lo que permite que la demanda de predios no termine nunca: «Se hace una comunidad con doce personas, se lo hemos dicho muchas veces al director nacional de la Conadi», dice.
Un informe de la Multigremial de La Araucanía realizado sobre la base de las conclusiones de la comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presentadas en 2008 por el primer gobierno de Bachelet, da cuenta de que de los 2.325 títulos de merced existentes en La Araucanía, solo en 413 casos se acreditó que las comunidades habían sufrido un detrimento parcial o total de la extensión de sus terrenos originales.
En total, se trataba de 26.459 hectáreas que las comunidades de esa región podían reivindicar como propias a partir de los títulos de merced. En la práctica, no obstante, el Estado había transferido en ese momento 80.625 hectáreas en esa región.
Ese informe da cuenta de cómo la entrega de tierras ha sobrepasado lo que indica la propia Ley de Desarrollo Indígena: «Se han comprado tierras en regiones donde nunca han existido títulos de merced, como la I, II, III y XII; no existen estudios serios que cuantifiquen el desmedro de hectáreas de títulos de merced en la regiones VIII, X y XIV, y se han comprado más tierras que la cantidad de títulos de merced en la regiones VIII, IX y X», dice el estudio.
Consultados sobre cuáles son las medidas que más contribuirían a mejorar la vida del pueblo mapuche, el 40,8% se inclinó por un mejor acceso a la educación; 19,8% por una mayor oferta de empleo; 17% por cupos especiales para indígenas en el Congreso; 6,4% por mejor acceso a la salud; 7% por capacitación y 6,7% por mejores caminos y agua.