(Pulso) El consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por la empresa constructora española Sacyr detuvo ayer las obras de la ampliación del Canal de Panamá. ¿El motivo? No lograron llegar a un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) acerca del financiamiento de los sobrecostos del proyecto, que según GUPC son de US$1.600 millones.
«El Canal de Panamá no se va a someter a chantajes», declaró el administrador de ACP, Jorge Luis Quijano, quien aseguró que el consorcio se mantuvo inflexible en una negociación, que pretendían, se diera fuera del contrato por «cifras exorbitantes no sustentadas».
Quijano alegó que el interés de GUPC era que ACP ayudara a financiar los sobrecostos del proyecto mientras ellos interponen las acciones legales correspondientes.
Por su parte, GUPC envió un comunicado en donde responsabiliza a la Autoridad de haber roto las negociaciones informando que son cerca de 10.000 los puestos de trabajo que corren peligro. El consorcio sostuvo que han hecho propuestas de manera «casi diaria» a la ACP -para poder terminar el 30% restante del proyecto para 2015- y que ayer fue enviada la última propuesta.
Si bien el informe habla de una ruptura en las negociaciones, el presidente de Sacyr, Manuel Manríquez, aseguró que no descartan reabrir la discusión y que la detención de las obras depende de la respuesta de la autoridad a la última propuesta. El grupo recibió el apoyo de la ministra de Fomento de España, Ana Pastor. «Nos hemos sentido muy respaldados en todo momento», dijo Manríquez.
A su vez, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli pidió «cerrar filas» con la ACP y «apoyar las decisiones que tengan que tomar».
Mientras tanto, las acciones de Sacyr e Impregilo -empresa italiana dentro del consorcio- cayeron en bolsa. La primera se desplomó 6,86%, mientras la segunda, cayó 1,06%.
De todos modos, Quijano dejó claro que la construcción del tercer juego de esclusas terminaría en 2015 «con o sin GUPC».