Las presentaciones, elaboradas con el apoyo de MOMAG Abogados, equipo liderado por el ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza, sostienen que las normas propuestas exceden la potestad reglamentaria, al introducir cambios que inciden en materias reservadas a la ley, alterando en los hechos el régimen económico y operativo bajo el cual estos proyectos fueron desarrollados.

En particular, GIE advierte que el DS N°32 modifica el esquema de operación de los PMG y PMGD, limitando su autodespacho y sometiéndolos a un modelo centralizado, mientras que el DS N°1 introduce ajustes que afectan la estabilidad del régimen de precios estabilizados. En conjunto, ambas normas desnaturalizan el régimen especial reconocido por la legislación, configurando un cuestionamiento de legalidad y coherencia normativa.

Certeza jurídica

Asimismo, los escritos plantean que la forma en que se introducen estos cambios —sin una regulación integral ni mecanismos transitorios adecuados— compromete la certeza jurídica y el principio de confianza legítima, al afectar condiciones bajo las cuales se adoptaron decisiones de inversión ya materializadas o en etapas avanzadas de desarrollo.

En este contexto, los cuestionamientos jurídicos de fondo se mantienen plenamente vigentes, especialmente en lo relativo al exceso de la potestad reglamentaria, la alteración de un régimen definido por ley y la falta de coherencia normativa en el proceso regulatorio.

Desde el gremio advierten que estas señales ya están teniendo efectos en la inversión, con decisiones de postergación y reevaluación de proyectos por parte de empresas nacionales e internacionales, en un segmento que ha movilizado miles de millones de dólares en el país.

Revisión

Frente a este escenario, GIE propone avanzar en una revisión que permita ajustar la regulación dentro del marco legal vigente, focalizando las medidas en los problemas reales del sistema —como restricciones de transmisión— y estableciendo mecanismos transitorios que eviten impactos abruptos sobre proyectos en operación o financiamiento.

Asimismo, desde el gremio hacen un llamado al Ministerio de Energía a abrir este proceso con mayor amplitud y con el tiempo necesario, de modo de avanzar hacia una regulación que recoja adecuadamente los antecedentes técnicos, jurídicos y económicos disponibles.

En ese contexto, expresaron que resulta aconsejable revisar estos instrumentos con mayor detención, incluso evaluando su retiro para un análisis más profundo. Además, desde GIE mencionaron que los tiempos observados entre el retiro y el reingreso, de solo semanas, no parecen suficientes para ponderar adecuadamente impactos que son clave para la inversión de los próximos años y para la estabilidad del marco regulatorio.

“El desafío no es si se ajusta la regulación, sino hacerlo dentro del marco legal y con el tiempo necesario para evaluar sus impactos. Hoy existe espacio para mejorar, pero resguardando la certeza jurídica y las condiciones bajo las cuales se invirtió”, dijo Mauricio Utreras, director ejecutivo de GIE A.G.

La entrada GIE presenta requerimientos ante Contraloría por cambios regulatorios que afectan a PMG y PMGD se publicó primero en Revista Electricidad.

De acuerdo con el Informe N°331 de 2025, la CGR advirtió que en esa oportunidad el Sernac realizó acciones como la detención de los reclamos dirigidos a las distribuidoras de electricidad y a otras empresas o la creación de un proveedor ficticio denominado “Apagón”, para agrupar los casos relacionados con el hecho mientras se establecían las responsabilidades. Lo anterior, aun cuando esta medida no estaba contemplada en su regulación interna, lo que retrasó la gestión individual de los requerimientos de los consumidores.

La medida no fue fructífera, ya que de los 13.587 reclamos recibidos por el Sernac, apenas 103 fueron registrados por los consumidores en el proveedor denominado “Apagón”.

Otro de los hallazgos de la CGR revela que la decisión del servicio de suspender el envío de los reclamos a las empresas ocasionó el incumplimiento del plazo de dos hábiles establecido para ello en sus procedimientos. Asimismo, superó el plazo máximo de 18 días hábiles previsto en su reglamentación interna para el cierre de los casos, llegando en ambas situaciones a superar los 40 días de demora.

Por otro lado, el Sernac no informó oportunamente a los consumidores que sus reclamos no estaban siendo trasladados a los proveedores, por lo que estos desconocían el estado de sus presentaciones. De hecho, aquella comunicación sólo ocurrió una vez que se reinició el proceso de envío a las empresas. Esto es, a partir del 20 de marzo, una vez conocido el informe del Coordinador Eléctrico Nacional que determinó las responsabilidades de las empresas trasmisoras, en aquellos dirigidos a las de distribución eléctrica, y desde el 5 de ese mes, en los referidos a empresas de otros mercados.

Además, el servicio demoró hasta 39 días en derivar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) los casos asociados a personas electrodependientes, ello debido a la remisión previa de esas presentaciones a los proveedores denunciados.

La investigación también arrojó que hubo una disparidad de criterios en la derivación de reclamos a la SEC, porque algunos fueron enviados por el Sernac directamente a la Superintendencia, mientras que otros se comunicaron con posterioridad a su envío a la empresa involucrada.

Finalmente, de los antecedentes analizados no se evidenció que hubiese habido una instrucción presidencial para crear el proveedor ficticio “Apagón” y así eventualmente proteger a las empresas distribuidoras de electricidad, pues la iniciativa surgió de las jefaturas del propio servicio para adoptar una medida que permitiera categorizar de manera genérica los reclamos en el contexto del corte masivo de energía eléctrica.

Acciones derivadas 

La Contraloría ordenó al Sernac enviar el “Instructivo de gestión de casos de alta criticidad” con los ajustes informados y la versión actualizada del “Procedimiento de gestión de reclamos”, en un plazo de 60 días hábiles.

También deberá actualizar el convenio con la SEC para que incluya la derivación de reclamos masivos en situaciones excepcionales; establecer una medida de control para verificar que los reclamos sean derivados a los organismos pertinentes y su cierre se realice por la causal que corresponda.

Todo lo anterior, además de comunicar sobre el avance de las medidas de mejora propuestas para la identificación de personas electrodependientes y otros casos críticos, informando a la CGR en un plazo de 60 días hábiles.

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A su vez, desde la superintendencia reafirmaron su compromiso con la ciudadanía y con el cumplimiento riguroso de las obligaciones que la ley le otorga, añadiendo que se mantienen disponibles para seguir colaborando con todos los organismos del estado y con la sociedad civil, con el objetivo de construir un sistema energético más robusto y seguro. 

Redes de contacto oficiales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Facebook (Superintendencia SEC). 

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Enfoque de la investigación 

Por su parte, la Investigación Especial N° 64 de 2025 se enfocó en las acciones de fiscalización efectuadas por la SEC respecto de la labor efectuada por las empresas mencionadas ante los cortes de suministro que afectaron a numerosas comunas de la capital. Asimismo, se examinaron los planes de poda de árboles vigentes en cinco comunas de la Región Metropolitana (RM) afectadas por el sistema frontal ocurrido en esa época. 

Detalles del informe 

En primer lugar, el informe detalla que la SEC no fiscalizó la implementación de soluciones técnicas, de carácter temporal o permanente, adoptadas por las empresas distribuidoras de electricidad, para mitigar los efectos que las interrupciones del suministro pudieran tener en los hogares de la capital y, especialmente, en los equipos utilizados por personas electrodependientes. Por este hecho, se deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. 

En paralelo, superintendencia tendrá que elaborar -en un plazo de 30 días hábiles– un protocolo de fiscalización para verificar en terreno las medidas de mitigación adoptadas por las empresas de distribución eléctrica para pacientes de este tipo. 

Respecto del mismo tema, se constató que SEC fiscalizó deficientemente a las empresas respecto de las gestiones para asistir a las personas electrodependientes. Así, la Superintendencia solo dio cuenta de la revisión de 25 pacientes de esa calidad, de un universo de 3.865 registrados en la RM. Asimismo, se verificó que se actuó en otros 77 casos a requerimiento de los municipios, donde superintendencia remitió la información a ENEL Distribución, pero no verificó las acciones hechas por la compañía. 

Adicionalmente, el servicio tampoco dispuso controles para confirmar el cumplimiento de los requerimientos de pacientes electrodependientes y que son clientes de la Empresa Eléctrica de Puente Alto, Compañía General de Electricidad y Empresa Eléctrico Colina y Til Til. 

Si bien con posterioridad al evento climático sí se hicieron acciones para asistir a las personas en la calidad mencionada, estas fueron efectuadas recién dos meses después de lo ocurrido. Todo lo anterior deberá incorporarse al procedimiento sumarial. 

Planes de mantenimiento y contingencias sin control 

La contraloría determinó que la superintendencia no realizó fiscalizaciones indirectas y/o directas sobre la ejecución de los Planes de Mantenimiento y de los Planes de Invierno ingresados por ENEL durante el año pasado, por lo que no verificó la ejecución de las actividades comprometidas. Lo anterior, conlleva el riesgo de que las instalaciones eléctricas no se encuentren en buen estado, pudiendo afectar la calidad del suministro, impactando negativamente en la ciudadanía o el entorno. 

En esa línea, se comprobó que los antecedentes probatorios de la ejecución de los planes ingresados por ENEL Distribución a la plataforma “Planes de Acción 2.0”, presentan deficiencias como, datos no relacionados con la actividad ejecutada o asociados a otra acción e incluso a otro plan, además de inconsistencias en los registros. 

Poda de árboles 

El informe afirma que, si bien los municipios de Colina, Lampa y Macul enviaron a la CGR actividades de poda para la comuna, estos no cuentan con información suficiente que respalde la real ejecución de los trabajos correspondientes a 2024, lo cual impide verificar la condición de los árboles. 

Así, los municipios aludidos deberán establecer una medida de control para que los trabajos de poda que se ejecuten estén debidamente respaldados. 

En el mismo sentido, el 22 de septiembre de 2023 y durante 2024, ENEL envió cartas a las municipalidades de Colina, Lampa, Lo Barnechea, Macul y Maipú sugiriendo diagnosticar la condición de múltiples árboles catalogados como bien nacional de uso público que se encontraban con proyección de caída. Solo Maipú efectuó íntegramente dicha acción. 

El no realizar este procedimiento en las otras cuatro comunas dificultó la identificación oportuna de la arbolada que necesitaba ser intervenida, previniendo posibles interrupciones de suministro eléctrico o compromiso de la seguridad de las personas. Al respecto, las municipalidades que no han realizado el diagnóstico deberán elaborar dicho documento. 

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El requerimiento de información fue enviado a entidades como la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), el Ministerio de Energía, Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior, exigiendo detalles sobre las acciones implementadas entre 2023 y 2024 para frenar este delito.

Plazos y alcances de la investigación

El organismo fiscalizador estableció que las instituciones deberán presentar antecedentes concretos antes del 28 de marzo, incluyendo:

Número de fiscalizaciones realizadas sobre comercialización ilegal de cables.

Sanciones aplicadas a responsables de estos delitos.

Medidas preventivas adoptadas para reducir el robo de infraestructura crítica.

Un problema de seguridad y suministro eléctrico

El robo de cables eléctricos y de telecomunicaciones ha generado interrupciones en los servicios básicos, afectando a comunidades y empresas en diversas regiones del país.

Desde la Contraloría General de la República, indicaron que esta fiscalización busca determinar si las entidades públicas han cumplido con su labor de control y si se han implementado sanciones efectivas contra quienes participan en la comercialización de cables robados.

El proceso también evaluará las estrategias de coordinación entre organismos estatales para combatir este delito y establecerá recomendaciones para mejorar la supervisión en el sector.

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El informe sistematizado también contiene normas en materia de reforma y reemplazo de la Constitución, así como de acciones constitucionales.

• Justicia ambiental

En esta materia se aprobó, por ejemplo, la creación de la Defensoría de la Naturaleza. Como organismo autónomo técnico, tendrá como objetivo la difusión, prevención, promoción, defensa y protección de los derechos de la naturaleza. Además, de los animales y los derechos humanos ambientales garantizados en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales en materia ambiental.

En el mismo sentido, existirá un Consejo Autónomo del Medio Ambiente que evaluará, fiscalizará y sancionará proyectos y/o actividades en materia ambiental.

• Derecho a asistencia a víctimas

La comisión respaldó que es deber del Estado dar asistencia a las personas que hayan sido víctimas de conductas constitutivas de violencia o delito. El Estado debe satisfacer las necesidades de protección, información, representación judicial y reparación y derecho a proceso con todas las garantías.

Además, crear la Defensoría de los pueblos, ente que tendrá como objetivo garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan el territorio, como también la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Esto, con especial énfasis en los derechos de las infancias, pueblos indígenas, personas mayores, personas en situación de discapacidad y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y el estallido social.

• Banco Central

En relación al denominado ente emisor, se aprobaron cuatro iniciativas constituyentes y una iniciativa popular de norma (IPN). Todas consagran su calidad de órgano autónomo, con patrimonio propio y de carácter técnico.

La iniciativa popular añade que, el Banco Central podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, públicas o privadas, pero no otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Asimismo, ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

• Contraloría general

Sobre la Contraloría General de la República (CGR) se aprobaron cuatro iniciativas que coinciden en el carácter autónomo y que su función es ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración. Además, fiscalizar el ingreso e inversión eficiente de los fondos del fisco; de las municipalidades y de todo tipo de corporación municipal.

Pero, se añade que deberá medir el avance en la implementación de los derechos sociales establecidos por la Constitución, publicando al menos una vez al año un informe con los indicadores de cumplimiento.

Asimismo, los integrantes de la comisión acordaron que existirán contralorías regionales, como órganos desconcentrados, encargados del control de constitucionalidad y legalidad, en primera instancia, de todos los actos administrativos emitidos por el Gobierno Regional.

• Ministerio Público

La instancia aprobó tres propuestas que establecen su autonomía y que dirigirá de forma exclusiva la investigación de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito.

Su composición será previo concurso público, por el Consejo Supremo de Justicia, ajustándose a las normas que la Constitución y la ley determinen. Existirán fiscales regionales, quienes además deberán promover los principios de interculturalidad, pluralismo jurídico Indígena y plurinacionalidad.

• Consumidores

En relación al Servicio Nacional del Consumidor, la comisión plantea que este órgano deberá informar y educar sobre derechos y deberes del consumidor. Además, dar cumplimiento a las normas asegurando en todo momento la igualdad de trato a los distintos actores del procedimiento.

La entrada Avanzan normas sobre justicia ambiental y órganos autónomos en comisión de la Convención se publicó primero en Revista Electricidad.

El ministro señaló en su ponencia que el proceso de licitación, nacional e internacional, ha sido abierto y transparente, cumpliendo con todas las formalidades. Detalló que las bases fueron aprobadas por la Contraloría General de la República y todas las comunicaciones han sido públicas.

Además, afirmó que no impide la creación de una empresa nacional del litio, pues las cinco cuotas que se están licitando son solo el 4,4 % de las reservas conocidas de este recurso en Chile.

También, sostuvo que el litio se mantendrá como un mineral estratégico no concesible. Agregó que solo se invitará a participar a empresas como socios del Estado, para invertir recursos y explotarlo.

Jobet dijo que se permitirá el acceso de nuevos actores, pues hace más de 20 años son los mismos y la licitación busca romper esa inercia. Junto con ello, enfatizó que, al precio actual del litio, el Estado recaudaría US$1.000 millones por año en etapa de producción.

Mercado del litio

El biministro Jobet indicó que el litio es un mineral no metálico que es clave para la transición energética, principalmente, por su uso para la producción de baterías. “El mercado del litio representa 2 a 3% del mercado del cobre y se espera que, en 2030, represente el 14% del mismo mercado”, precisó.

Según explicó, Chile se está perdiendo la oportunidad mientras Australia, Argentina y otros países avanzan. “En 2016 éramos el mayor productor del mundo, con 37 %. Hoy, caímos al 31 % y, sin nuevos proyectos, al 2030 estaremos al 17 %”, remarcó.

Planteó que este mineral es clave para frenar el cambio climático, para lo cual Chile cuenta con las mayores reservas del mundo. “Por años, hemos sido incapaces de lograr una visión común para desarrollar la industria y satisfacer las demandas que se cuadruplicarán al 2030 por la electromovilidad”, acotó.

Jobet detalló que, mientras en Chile se sigue discutiendo, otros países están haciendo su contribución a frenar el calentamiento global, al mismo tiempo que generan bienestar para sus ciudadanos.

La entrada Proceso de licitación pública del litio fue analizado en Comisión de Economía de la Cámara se publicó primero en Revista Electricidad.

El documento establece el procedimiento «para informar los consumos de energía; la definición de lo que ha de entenderse por consumidores con capacidad de gestión de energía (CCGE); los mecanismos para la implementación de los sistemas de gestión de energía (SGE); los reportes que deben emitir el Ministerio de Energía sobre los avances y proyecciones de consumo de energía y eficiencia energética».

El reglamento también regula la obligación de reporte de los consumos de energía por parte de organismos públicos, como municipalidades y gobiernos regionales, entre otras instituciones, las cuales deberán contar con Gestores Energéticos Públicos.

Además, el reglamento abarca la implementación y operación de los Sistemas de Gestión de Energía, así como su certificación.

Lea acá el reglamento ingresado a Contraloría

La entrada Eficiencia energética: ingresó a Contraloría reglamento que regula gestión de grandes consumidores se publicó primero en Revista Electricidad.

Una normativa clave es reglamento que modifica el Decreto 62, de 2006, sobre transferencias de potencia entre empresas generadoras establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos, en que se incorpora el estado de reserva estratégica (ERE) de centrales térmicas, siendo uno de los cambios más relevantes. Este documento fue reingresado por el Ministerio de Energíe recientemente.

También se encuentra en trámite el reglamento sobre la planificación de la transmisión, donde abordan materias como acceso abierto en las instalaciones de este segmento, además de la consideración de escenario energéticos para conformar la generación eléctrica y así planificar la transmisión, la cual incorpora una metodología.

Otro reglamento es el que aprueba reglamento del proceso de chequeo de rentabilidad y del proceso de fijación de tarifas de gas y servicios afines a que se refiere la Ley de Servicios de Gas (Chequeo de Rentabilidad), el que fue ingresado la semana pasada a Contraloría.

Finalmente, se encuentra el reglamento que establece especificaciones de calidad para gasolina de aviación, el cual también fue ingresado la semana pasada al organismo contralor.

La entrada Ministerio de Energía registra cuatro reglamento en trámite dentro de la Contraloría se publicó primero en Revista Electricidad.

Los hechos indagados por Contraloría ocurrieron entre los años 2017 y 2018, durante la administración de Marcelo Tokman, y correspondieron al proceso de adjudicación y contratación del proyecto Estandarización de la Imagen Corporativa, realizado por la petrolera estatal.

“Se advirtió que la totalidad de los procesos de contratación del Proyecto de Estandarización de la Imagen Corporativa de Enap, se efectuaron bajo la modalidad de licitación privada o adjudicación directa, seleccionándose 4 empresas para ejecutar los servicios encomendados”, indicó el informe de Contraloría. Los pagos totales ascendieron a $2.416.866.176 y US$910.175, dependiendo de los contratos adjudicados.

“Al respecto, cabe señalar que dichas modalidades de contratación, a nivel global del proyecto, no se condicen con lo dispuesto en el punto 5.3.1, de la Norma Corporativa de Aprovisionamiento del Grupo de Empresas Enap, que dispone que en la contratación de servicios se propenderá a la realización de licitaciones públicas”, informó el organismo fiscalizador.

Adicionalmente, Contraloría instruyó al directorio de Enap, atendidas sus facultades de administración, a “instruir el inicio de una investigación, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades comprometidas en los hechos descritos anteriormente, relativos al incumplimiento de su normativa interna de contratación y a la falta de control del proyecto examinado, debiendo informar su resultado a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.

Además, el organismo de control indicó que remitirá copia del informe de auditoría y de todos los antecedentes respectivos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público para los fines correspondientes.

Visión de Enap

La actual administración de Enap, encabezada por su gerente general, Andrés Roccatagliata, acusó recibo del informe y aseguró que, bajo los parámetros de Enap, el proceso de cambio de imagen no debió realizarse del modo en que se hizo.

“La actual administración ha sido enfática en señalar que no comparte la decisión tomada respecto al cambio de imagen corporativa de Enap, tanto por los dineros que involucraron, como además por considerarlo innecesario. Esta es la opinión de la actual administración, pero cada administración y cada directorio es libre de tomar las decisiones que a su juicio le parezcan adecuadas”, señaló Roccatagliata.

Esta visión ya había sido dada a conocer por parte de la estatal tanto en la comisión investigadora que se conformó en la Cámara de Diputados como en las indagatorias efectuadas por la propia Contraloría.

“El actual directorio y administración de Enap han colaborado activamente con la CGR en su investigación y, en la medida que se han ido conociendo los resultados de esta, se han ido tomando las acciones y medidas tendientes a subsanar las observaciones realizadas por el organismo de control”, complementó la compañía.

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