La Contraloría General de la República inició un proceso de fiscalización a organismos estatales para determinar qué medidas han adoptado frente al robo y comercialización ilegal de cables en el país.
El requerimiento de información fue enviado a entidades como la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), el Ministerio de Energía, Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior, exigiendo detalles sobre las acciones implementadas entre 2023 y 2024 para frenar este delito.
Plazos y alcances de la investigación
El organismo fiscalizador estableció que las instituciones deberán presentar antecedentes concretos antes del 28 de marzo, incluyendo:
Número de fiscalizaciones realizadas sobre comercialización ilegal de cables.
Sanciones aplicadas a responsables de estos delitos.
Medidas preventivas adoptadas para reducir el robo de infraestructura crítica.
Un problema de seguridad y suministro eléctrico
El robo de cables eléctricos y de telecomunicaciones ha generado interrupciones en los servicios básicos, afectando a comunidades y empresas en diversas regiones del país.
Desde la Contraloría General de la República, indicaron que esta fiscalización busca determinar si las entidades públicas han cumplido con su labor de control y si se han implementado sanciones efectivas contra quienes participan en la comercialización de cables robados.
El proceso también evaluará las estrategias de coordinación entre organismos estatales para combatir este delito y establecerá recomendaciones para mejorar la supervisión en el sector.