(Diario Financiero) En pie de guerra está la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) frente al listado publicado por el Ministerio de Economía el 22 de junio, que dio cuenta de las 129 empresas que están postulando a ser declaradas sin derecho a huelga en lo que será la primera resolución sobre las llamadas «empresas estratégicas» bajo la reforma laboral.
La arremetida obligó a los trabajadores a iniciar una ronda de discusión con las organizaciones sindicales para delinear los pasos a seguir, teniendo en cuenta que hay un plazo de solo 15 días para formular observaciones.
Pero también en estos días de pleno trabajo interno, pusieron sobre la mesa la intervención de un tercer actor en la mesa: la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esto, porque el 18 de mayo, mediante un oficio dirigido a más de 40 gerentes de empresas del sector, el superintendente (s), Gabriel Zamorano, pidió instruir a las concesionarias que «realicen las gestiones que correspondan a fin de asegurar ininterrumpidamente la provisión de los servicios a su cargo en el área de su concesión», en medio del proceso de postulación a la citada lista de compañías estratégicas.
Tras una nueva reunión que sostuvo ayer la CUT junto a sindicatos de empresas de energía, gas y agua, el secretario general de la multisindical, Nolberto Díaz, dijo que están preparando observaciones para ser presentadas a más tardar el 6 de julio.
«Vamos a presentar observaciones en nombre de los sindicatos, aun cuando la ley no lo faculta», aseguró Díaz.
El dirigente sostuvo además que ocuparán «todos los mecanismos legales que la ley nos faculta», analizando inclusive presentar reclamaciones ante la Corte de Apelaciones y el Tribunal Constitucional (TC). «Nos parece que existen contravisiones evidentes en un gobierno que ha promovido la reforma laboral, que ha entrado en vigencia, que promueve el derecho a huelga, que prohíba el reemplazo y por otro lado se pretende aumentar este listado a los cuales se les niega el derecho a huelga», explicó.
Reunión con ministros
Por el momento, la CUT pidió reuniones con las tres carteras que participan en este proceso: Trabajo, Defensa y Economía: «Vamos a presentar las observaciones de aquí al jueves igual. Esperamos que las próximas dos o tres semanas podamos concurrir con estos tres ministros».
También se dio el tiempo de denunciar lo que calificaron como una «actitud incoherente» por parte de la superintendencia sugerir a las empresas incorporarse al listado.
«Si el gobierno promovió servicios mínimos, no puede haber una declaración de empresas estratégicas que te niegue el derecho a huelga. No puede quitarse por un lado y quitarse por otro».
En tanto, desde la vereda empresarial, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, comentó que en este tema hay que «siempre equilibrar» los derechos de los trabajadores, que tengan «salarios justos», con los derechos de los consumidores y los que tienen que hacer uso de dichos servicios. «Hay ciertos servicios de los cuales la gente no puede prescindir y también ese derecho hay que considerarlo y eso es lo que la normativa pretende equilibrar».