(La Tercera) Chile es el único país del mundo donde al Estado no le cuesta un peso la gestión del agua de riego, dice Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y los problemas que hay, asegura, “son por falta de servicio público”.
Explica que hay 100 mil kilómetros de canales, 250 mil marcos partidores, “inversión realizada por privados, en silencio”, lo que ha permitido regar un millón de hectáreas. Y también son privados los que hacen la gestión de la infraestructura y control del uso del agua. “En este país nadie puede usar agua si no tiene derechos y los responsables de velar por que eso ocurra son las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia”, agrega.
El sistema de gestión de aguas de riego opera en función de los aportes de privados, que la legislación reconoce, explica, y que estima en unos US$ 100 por hectárea. Por eso, le preocupa que hoy se apunte a situaciones puntuales para justificar cambios de fondo al sistema.
¿Coincide en que hay cuencas y acuíferos sobreexplotados? “A la Dirección General de Aguas se le dan atribuciones en la ley, pero no el presupuesto para hacer los estudios que se necesitan”, señala. Acusa que en Copiapó, por ejemplo, hubo pequeños productores que vendieron sus derechos de agua a mineras y ahora exigen agua. En Petorca, dice, no se hicieron estudios para medir la recarga de los acuíferos y “al director de la DGA le faltaron pantalones para cortar agua a los de arriba, que tienen derechos provisionales, y entregársela a los de abajo, que tienen derechos permanentes”.
“Todos los problemas que hay, y lo digo responsablemente, son por falta de servicio público”, declara. “El Estado no ha estado a la altura, no ha tenido la capacidad ni la voluntad política para hacer respetar los derechos tal cual son concedidos”.
Recuerda que hoy el Estado puede priorizar mediante un decreto el uso del agua, destinando agua de riego para consumo humano. “Pero como es una facultad discrecional, cuando se usa genera ruido político”, señala.
“Hay que tener cuidado de usar situaciones puntuales para justificar cambios radicales cuando la solución está en las mismas cuencas” donde está el problema, opina.
Asegura que lo que se necesita es construir embalses de almacenamiento de agua. Pero, dice, son obras costosas y tardan de 10 a 15 años, entre planificación y construcción,” y como no rinden beneficios al gobierno de turno, no se hacen”.
En la discusión actual, le parece razonable que se fijen las precedencias en la ley y que se establezca que los derechos de agua sólo pueden usarse para los fines que fueron otorgados, lo que “obligaría a las mineras a desalar agua y asumir los costos”.