Con 39 votos a favor y sin votos en contra, la Sala del Senado aprobó de manera unánime y despachó a ley el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), cuyo objetivo es rebajar el cobro por recargo de la tarifa eléctrica en horario punta y límite de invierno a los Servicios Sanitarios Rurales (SSR).
En la jornada estuvieron presentes el ministro de Energía, Diego Pardow y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, secretarios de Estado que apoyaron y patrocinaron el proyecto que beneficiará a más de 2 millones de personas que viven en zonas rurales.
Durante la sesión, el ministro Pardow valoró el respaldo transversal que recibió la propuesta surgida como una moción parlamentaria y que contó con el respaldo unánime en ambas cámaras. “Los servicios sanitarios rurales cumplen un fin social fundamental a la hora de llevar este bien, que es un derecho humano, a los ciudadanos y ciudadanas de sectores rurales”, dijo.
Por su parte, la ministra López recordó que este año se cumplen 60 años desde que se creó el Programa Nacional de Agua Potable Rural en Chile y que entre los desafíos está la sostenibilidad del sistema. “Uno de los elementos esenciales es buscar la sostenibilidad financiera de estas organizaciones comunitarias y, en ese sentido, quiero recordar que más del 80% de ellas son organizaciones de menor tamaño que tienen 300 o menos arranques o conexiones. Por lo tanto, asegurar la sostenibilidad técnica para tener continuidad, calidad y cobertura en el servicio y además la sostenibilidad financiera es crucial”, afirmó.
La secretaria de Estado añadió que este proyecto de ley “va directo a la vena en términos de hacerse cargo de un elemento que es muy determinante en los resultados y en los gastos que tienen los servicios sanitarios rurales y que es el gasto en energía, en particular cuando corresponde en la tarifa de punta”.
Detalles
De acuerdo a lo planteado durante el proceso de tramitación de esta nueva norma, los SSR podrían experimentar una rebaja en las cuentas de electricidad de hasta un 19%, lo que representa una disminución significativa de sus gastos operacionales. Esto además implica un alivio a la carga financiera de socios, usuarios y familias de sectores rurales, mejorando su calidad de vida y proporcionando una mayor estabilidad económica.
Además, la ley ya despachada reforzará el rol social de los SSR, debido a que, al no perseguir fines de lucro, los saldos a favor de estos servicios podrán destinarse también a mejoras en instalaciones, equipos, insumos y remuneraciones del personal.