septiembre 14, 2012 | Industria
(El Mercurio) Japón va a eliminar gradualmente la energía nuclear, un enorme cambio de política que tendrá repercusiones en la industria energética en todo el mundo y que es el último resultado del desastre de Fukushima. El Premier Yoshihiko Noda aún no lo ha anunciado formalmente, pero según un borrador divulgado en los medios japoneses, la decisión desembocará en la abolición de la energía nuclear para 2030.
Los 50 reactores viables que quedan en el país no van a ser reemplazados cuando se acabe su vida útil y se van a desechar los planes para nuevas plantas.
El giro en la política energética será un cambio radical para Japón, que antes del desastre de Fukushima era el tercer usuario mundial de energía atómica. La medida reivindicará también al creciente movimiento antinuclear, que semanalmente ha protestado frente a la oficina de Noda.
Hasta el desastre de Fukushima, desencadenado por el terremoto y maremoto de marzo de 2011, el gobierno planeaba casi duplicar la electricidad generada por la energía nuclear hacia 2030, para llegar a 50% del total.
«La sociedad japonesa no podrá funcionar si se decide suspender permanentemente la generación de energía atómica», dijo Noda hace tres semanas.
El oficialista Partido Democrático de Japón (PDJ) emitió una propuesta la semana pasada que recomienda que la energía nuclear sea eliminada en forma gradual en 20 años. En un debate con los opositores a su liderazgo del PDJ esta semana, Noda dijo que su partido propuso «que nuestro objetivo debiera ser una sociedad sin energía nuclear. Tengo que tomar esto seriamente».
Si se pone en práctica, la política causaría estragos en la industria nuclear del país. «Además de las instalaciones de reprocesamiento, tenemos tres compañías -Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba e Hitachi- involucradas en la construcción de plantas nucleares aquí y en el extranjero», indicó Yuji Matsuo, economista del Institute of Energy Economics en Tokio. «Igualmente, vendemos tecnología nuclear a países asiáticos. Todo tendrá que parar de inmediato».
La relación de Japón con EE.UU., su mayor aliado, también se podría ver afectada. Ambos países tienen un acuerdo de cooperación nuclear civil, y Westinghouse, un importante operador de plantas nucleares estadounidense, es propiedad de Toshiba. Líderes empresariales nipones se oponen enérgicamente a la eliminación.
La decisión también aumentaría las emisiones de carbono del país y ejercería mayor presión sobre sus finanzas. El borrador de la nueva política promete un mayor uso a largo plazo de la energía renovable y un mejor ahorro de energía. Pero como es un país sin reservas energéticas propias a gran escala, tendría que aumentar las importaciones de petróleo y gas natural para las empresas termoeléctricas.
El horror se habrá desvanecido para el apagón
El plan de Yoshihiko Noda para apagar las centrales nucleares responde tanto a una ganancia política a corto plazo como a una cuestión de principios. En los próximos meses enfrentará una elección general, que probablemente le costará el puesto. Necesita hacer algo osado y popular, y 18 meses después del desastre de Fukushima, no hay ningún asunto más crucial en Japón que la energía nuclear.
Enormes multitudes de ciudadanos han hecho manifestaciones semanales frente a la oficina de Noda, para protestar contra su decisión de volver a poner en marcha los reactores nucleares que fueron suspendidos después de Fukushima.
Sus dos principales rivales para la elección general -Ichiro Ozawa, el desertor del oficialista Partido Democrático de Japón, y Toru Hashimoto, el gobernador derechista de Osaka- se han definido como escépticos nucleares, y Noda sin duda espera debilitarlos.
Pero es difícil tenerle demasiada fe a los planes que hoy se hacen para el Japón de 2030. Noda es el séptimo Premier de Japón en los últimos seis años. Para cuando el apagón nuclear se complete, Noda ya habrá pasado al olvido y el horror de Fukushima se habrá desvanecido de la conciencia pública.
Los lobistas pro nucleares son decididos, tienen muchos recursos, dinero y paciencia, y si se salen con la suya, el plan de Noda nunca ocurrirá.
Fuente / El Mercurio
septiembre 14, 2012 | Industria
(La Segunda) Fuertes críticas por parte de la Concertación despertó esta mañana el respaldo que el Presidente Sebastián Piñera dio a los dichos de la ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez , cuestionando el fallo de la Corte Suprema que anuló la construcción de la central termoeléctrica Castilla, en la II Región.
En entrevista a revista Qué Pasa, el Mandatario afirmó que «nosotros respetamos la autonomía e independencia de los tres poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial». Sin embargo, dijo, eso » no se contradice con que los ciudadanos, incluidos los ministros de Estado y, particularmente la ministra que tiene a su cargo el sistema de evaluación ambiental, pueda tener su propia opinión sobre los fallos, sobre todo cuando ya están ejecutoriados» . «Opinar respecto de un fallo no significa ninguna intención de interferir y mucho menos revisar los contenidos de la sentencia. Además, el Presidente de la República y su gobierno tienen que preocuparse también de garantizarle al país que va a contar con la energía necesaria y suficiente para funcionar y mantener su ritmo de crecimiento», añadió.
Los dichos de Piñera se conocen un día después de que la Concertación pidiera -a través de un oficio que se votará el 2 de octubre- explicaciones al Mandatario por el enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte Suprema, que acusó una «intromisión» por parte de Benítez. Adriana Muñoz , jefa de bancada PPD, criticó que «se está instalando una doctrina peligrosa desde un poder del Estado, que sí se puede intervenir, comentar, los fallos ejecutoriados. Estamos estudiando el recurso de inhabilidad de la ministra ante el Tribunal Constitucional».
Y en la DC, el subjefe de bancada Ricardo Rincón afirmó que la respuesta de Piñera «es total y absolutamente insatisfactoria. Los ministros son la expresión del Presidente, entonces tiene que haber una mínima orientación presidencial respecto de cuál es la relación con el Poder Judicial. Qué descaro y liviandad, porque además estamos hablando del Mandatario que bajó por secretaría el proyecto Barrancones y sin ninguna fundamentación».
Fuente / La Segunda
septiembre 13, 2012 | Industria
(Diario Financiero) La oposición habría decidido presentar una acusación constitucional contra la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, por haber cuestionado el fallo de la Corte Suprema que frenó la central Castilla, según informa a esta hora Radio Cooperativa.
Aunque se mostraban disímiles opiniones entre los diputados de la Concertación y las dudas de la bancada DC, el bloque opositor habría optado por acusar a la secretaria de Estado por su intromisión en las decisiones del Poder Judicial, lo que le significó también un duro reproche por parte del pleno de la Corte Suprema.
Además de la acusación constitucional, los jefes de bancada de la Concertación ya firmaron un oficio al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para que responda a la Corte Suprema por los dichos de la ministra del Medio Ambiente. El mandatario tiene un plazo de 30 días para contestar la misiva.
Cabe recordar que la polémica se generó a causa de una entrevista de Benítez con El Mercurio, en la cual calificó de un error el fallo del máximo tribunal contra la termoeléctrica y opinó que la resolución generaba incertidumbre en los inversores.
La Corte Suprema respondió duramente a tales dichos, los que calificó como una «afectación de la independencia y autonomía de los tribunales».
El tema creció con el apoyo del Gobierno a la ministra y las críticas de la posición que ya este miércoles se planteó la posibilidad de una acusación constitucional, acción que será concretada durante esta jornada.
Fuente / Diario Financiero
Foto / Diario Financiero
septiembre 13, 2012 | Industria
La reingeniería llevada a cabo sobre la economía chilena estatal de los años 1970 tuvo importante efecto sobre los sistemas tarifarios de servicios públicos, entre ellos el de la electricidad. La modificación y acierto esencial del año 1982, que reemplazo la anterior ley de 1954, hizo que para tarificar el suministro de electricidad se reemplazaran los antiguos criterios contables sobre activos invertidos y en operación por parte de distintas empresas eléctricas, por criterios de aplicación de precios económicamente eficientes, resultantes esta vez de una proyeccion de los costos de operación de cada sistema eléctrico óptimamente proyectado con una inversión teórica futura cuyos costos minimizan los del plan de obras y su operación económica, revisados cada 6 meses comparándolos con precios libres.
Adicionalmente se reconoció que los distintos segmentos de negocio eran separables y que la regulación debía actuar particularmente sobre los segmentos monopólicos, esto es distribución y transmisión, pero menormente sobre el de la generación, segmento de mercado cuyo desarrollo se dejó a libre decisión de los operadores, no obstante, su operación debía ser coordinada y optimizada globalmente.
El éxito inicial de la innovación fue casi total, lográndose hacia fines de los años 1990 la privatización de gran parte del sector, capitalismo popular de por medio, lo que liberó al Estado de un problema público mediante una solución privada de la que participaron voluntariamente también los anteriores empleados estatales, cuya compra de acciones a cambio de indeminzaciones por años de servicio resultó a breve andar en generosos retornos para los creyentes de la nueva economía.
Recordamos que el sector transmisión independiente, en realidad surge como resultado de una sanción por la integración vertical de Enersis, la que por lo demás fue la principal empresa exportadora de la experiencia chilena en la nueva normativa en generación y distribución hacia países como Argentina, Perú, Colombia, Brasil.
Con el transcurso del tiempo fue reconocido el error de haber privatizado las antiguas empresas estatales, sin antes separar de ellas los importantes activos que eran los derechos de agua de todos los recursos hidroeléctricos estudiados en los 40 años de propiedad del Estado, derechos cuya tenencia permitía desarrollar la hidroelectricidad cuyos costos de operación reducen precios de la electricidad.
Como compensación de una hidroelectricidad restringida por motivos diversos, el protocolo gasífero con Argentina de 1995 permitió la importación de gas natural barato que, generado en nueva tecnología de alta eficiencia y reducida inversión, disminuyeron precios de la electricidad en todo el país hasta que en 2004 Argentina impone a Chile un racionamiento que entonces evidencia errores en la celebración del convenio, situación que hizo recordar la temprana y desoída voz de alerta que originalmente planteaba los riesgos de exponernos a una dependencia energética del país vecino.
En cuanto a cambios normativos con negativas consecuencias de largo plazo plenamente vigentes, tenemos la modificación de la ley que eliminó la sequía extrema y la falla de grandes centrales termoeléctricas como causales de fuerza mayor eximentes de responsabilidad compensatoria a los consumidores. En efecto, el cambio hizo que, en lo inmediato, los contratos regulados con empresas distribuidoras se volviesen indeseables para las empresas generadoras, las que consecuentemente iniciaron “huelga de inversiones y de contratos” impuesta como resultado del desacierto e inoportuno cambio de ley en plena sequía de 1999. La desadaptación de la oferta derivada de ello, finalmente hizo reconocer que se requería reincentivar el interés de las empresas generadoras por el mercado distribuidor, provocando los cambios de la Ley Corta II en 2005 y fuertemente favorables para el sector generador.
El resultado de lo anterior ha sido el termino definitivo del sistema de precios regulados que fue pionero con la ley innovadora de 1982. En efecto, el actual sistema resultante del cambio de ley en 2005 establece más bien un procedimiento regulado de licitación de las demandas eléctricas de las empresas distribuidoras pues, en lo esencial, sólo establece un límite provisorio para el precio máximo de la energía, ya que la no concurrencia de oferentes a un proceso de licitación (como ya ha sucedido tres veces), se resuelve en la ley por la vía de subir el límite hasta que existan oferentes.
Así entonces, como situación actual, en Chile ya no existen precios regulados ligados a una operación eficiente de los sistemas eléctricos verificada semestralmente, sino sólo precios libres válidos por períodos que alcanzan hasta 15 años y que satisfacen a los oferentes cuyos incentivos ya no son los de la ley pionera de 1982, sino más bien los de superar las actuales dificultades de desarrollo eléctrico traspasando todos los riesgos a los consumidores finales de electricidad.
Probablemente haya que modificar normativas para volver a criterios de eficiencia similares a los que inspiraron la reingeniería de los años 1980, particularmente para que los consumidores no sobrelleven precios asociados a costos de producir electricidad con tecnologías ineficientes y que sobrerentan cualquier tecnología eficiente y cuyo desarrollo presenta actualmente sólo incertidumbres.
Destacado: El éxito inicial de la innovación fue casi total, lográndose hacia fines de los años 1990 la privatización de gran parte del sector, capitalismo popular de por medio, lo que liberó al Estado de un problema público.
septiembre 13, 2012 | Industria
(El Mercurio) «El fallo de la Corte Suprema contra Castilla marcó un antes y un después para el sector, que vino a desplazar el episodio Barrancones».
Frases como ésta se escuchan recurrentemente entre las distintas personalidades de la industria eléctrica nacional. Porque fue tal el revuelo que generó el dictamen del principal tribunal del país contra el proyecto termoeléctrico de 2.100 MW que son varios los ejecutivos de firmas energéticas que han mostrado su preocupación por la debilidad que está exhibiendo la institucionalidad ambiental dentro del país.
El primero en dar esta señal ayer fue el presidente de Colbún, Bernardo Larraín. «La institucionalidad se ha visto superada. Hemos visto como ciertos proyectos se han resuelto por elección presidencial, otros por la Corte Suprema y hay que preguntarse por qué se llegó a estas instancias y por qué la institucionalidad no resolvió el problema antes», afirmó el ejecutivo en el marco del seminario energético organizado por la Sofofa.
«Para que el resultado sea el legítimo, es necesario que la institucionalidad tenga legitimidad. Sin embargo, esto no está ocurriendo. No se están dando equilibrios entre las empresas y la ciudadanía», agregó el ejecutivo de la eléctrica.
Otro de los que mostraron preocupación por las dificultades que están enfrentando la tramitación de sus proyectos fue el gerente general de Endesa Chile, Joaquín Galindo. El ejecutivo expuso en el mismo seminario que las iniciativas HidroAysén, Punta Alcalde, Los Cóndores y Neltume han tenido trabas para ejecutarse.
«Hay barreras importantes para llevar a cabo nuestros proyectos. Entre los que se encuentran la fragilidad del sistema de transmisión, demora importante en la obtención de permisos ambientales, la judicialización de los procesos y una oposición importante a los mismos», afirmó Galindo.
El ejecutivo de Endesa añadió que el rechazo de las centrales también viene dado por el clima social y político que están provocando la oposición de las comunidades. También sostuvo que la judicialización de los proyectos está generando incertidumbre en el sector.
Por su parte, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, llamó a mejorar la institucionalidad ambiental para hacer más expeditos los trámites de aprobación de centrales.
«Claramente hay un trabajo que mejorar en la parte administrativa y no sólo en la judicial (…) Se está perfeccionando la institucionalidad ambiental y la idea es que nos pueda ayudar a todos», dijo el ejecutivo.
Asimismo, el gerente general de GDF Suez en Chile, Juan Clavería, afirmó que todas estas trabas están afectando el desarrollo del país y la eficiencia del país en diversas industrias.
Sin pronunciamiento
Los máximos ejecutivos de las principales firmas de generación eléctrica guardaron silencio sobre el conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial luego que la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, rechazara, en entrevista a «El Mercurio», los argumentos presentados por la Corte Suprema para poner fin a Castilla.
Si bien todos los ejecutivos coincidieron en que hay que fortalecer la institucionalidad ambiental y que el dictamen judicial provocó una enorme incertidumbre en el desarrollo de proyectos eléctricos, ninguno quiso entrar en la polémica suscitada por los dichos de la secretaria de Estado, que -entre otros temas- cuestionó que el máximo tribunal del país tenga la competencia técnica para entregar un veredicto sobre la forma de calificar un proyecto.
Desarrollo
Los ejecutivos coincidieron en que Chile pierde potencial de desarrollo con estas trabas en los proyectos eléctricos. Gremios empresariales ven preocupante incertidumbre tras fallo
La puesta en marcha de proyectos eléctricos en el país se encuentra en una gran incertidumbre. Así lo han expresado distintos ejecutivos de generación eléctrica y gremios empresariales tras la decisión adoptada por la Corte Suprema de rechazar la termoeléctrica Castilla.
«Los permisos medioambientales están siendo impugnados y llevados a tribunales y los proyectos se están cayendo. Estamos ante una situación compleja y difícil», afirmó el presidente de la Sofofa, Andrés Concha.
Agregó que estos tropiezos, que están creando dilaciones en la puesta en marcha de iniciativas eléctricas, están desarrollando un clima de alta incertidumbre y generando retrasos en la puesta en marcha de proyectos mineros que necesitan de seguridad energética para su funcionamiento.
Concha señaló que será necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo hagan una revisión profunda de las actuales leyes. «Hay que ver maneras para poder hacer consistentes las autorizaciones que están entregando las autoridades medioambientales, pero con la certeza de que serán respaldadas en los tribunales», sostuvo.
Además, sobre las críticas que realizó la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, sobre el fallo de la Suprema, dijo que «lo que entendemos que está preocupada la ministra es que los permisos que está entregando la institucionalidad ambiental se han debilitado porque los recursos que se están interponiendo en los tribunales están limitando su posibilidad de implementación».
En tanto, el presidente de la CPC, Lorenzo Constans, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema es negativo para el país, debido a que un proyecto eléctrico puede llegar a demorar hasta 10 años para que llegue a producir.
A su juicio, es importante tener presente que las palabras de la ministra reflejan de alguna manera la preocupación que tiene el Gobierno por este tema.
Fuente / El Mercurio
